Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y Compromís han presentado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley con la que instan al Gobierno a modificar el marco normativo vigente para que las redes de distribución eléctrica pasen a ser de titularidad pública.
Las formaciones situadas a la izquierda del PSOE sostienen que la actividad de distribución eléctrica en España se realiza bajo un régimen de autorización administrativa y no de concesión. Según argumentan, esto implica que el operador privado que controla la red no está sometido a un título habilitante con un plazo concreto, ni a condiciones de reversión, ni a obligaciones de inversión territorial, ni a mecanismos de gobernanza y supervisión efectivos por parte de la administración.
En consecuencia, denuncian que el operador privado actúa sobre infraestructuras levantadas en gran medida sobre dominio público y costeadas mediante tarifas reguladas que pagan todos los consumidores, pero sin las obligaciones que el derecho administrativo asigna a quien explota un bien o servicio de carácter colectivo.
Brecha entre la red de distribución y la de transporte
La iniciativa subraya igualmente que la red de distribución eléctrica no dispone de un plan director con prioridades territoriales o sectoriales de obligado cumplimiento. A diferencia de la red de transporte, cuya planificación es aprobada con carácter vinculante por el Gobierno, en el caso de la distribución son las propias compañías distribuidoras las que diseñan la planificación y la CNMC se limita a validar sus planes de inversión desde el punto de vista de la retribución regulada, pero no en lo relativo a prioridades.
En este contexto, los grupos alertan de que los efectos de esta brecha "son cuantificables" y señalan como ejemplo que el 83% de los nudos de la red de distribución no dispone de capacidad libre para nuevas conexiones ligadas a la generación distribuida o a la electrificación, y que únicamente se aprueba el 10% de las solicitudes presentadas.
De acuerdo con la proposición, esta situación hace que proyectos de generación renovable, industrialización, fabricación de baterías, hidrógeno, electromovilidad e industria avanzada vean comprometida su implantación por la falta de capacidad en la red, con un impacto estimado superior a 60.000 millones de euros en inversiones que valoran otros mercados europeos "con mayor certidumbre de acceso".
Ante este escenario, los grupos firmantes han registrado una iniciativa para su debate en el Pleno del Congreso que asegure la titularidad pública de la red de distribución, de forma que se incluya tanto la infraestructura ya existente como los nuevos desarrollos de red y las ampliaciones de capacidad que se acometan a cargo de terceros.
Más protagonismo para comunidades autónomas y ayuntamientos
La propuesta reclama además al Ejecutivo que habilite un marco jurídico que permita a las comunidades autónomas que así lo deseen asumir la titularidad de las redes de distribución en su territorio. También plantea que las entidades locales puedan hacerse con esa titularidad y que las comunidades energéticas estén facultadas para gestionar redes de distribución en su ámbito de actuación.
Entre los puntos de la iniciativa se incluye la creación de un marco de transición ordenada basado en un régimen concesional que garantice a los operadores actuales la continuidad de su actividad, la seguridad jurídica de las inversiones realizadas, el mantenimiento de la retribución regulada y el reconocimiento íntegro de sus derechos patrimoniales.
Asimismo, se propone la aprobación de planes directores de inversión en la red de distribución con carácter vinculante, diseñados por el conjunto de las administraciones públicas y ajustados a las prioridades territoriales y sectoriales de cada una de ellas en su ámbito competencial.
La intención es que dichos planes puedan revisarse anualmente y aseguren a todas las administraciones el acceso a la información técnica, económica y operativa necesaria para elaborar y supervisar los planes, así como para controlar la correcta prestación del servicio.