El Pleno del Congreso ha decidido este martes no admitir a trámite la proposición de ley de ERC que planteaba la creación de un Consorcio bilateral entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para planificar las inversiones estatales en la comunidad y agilizar su ejecución. La iniciativa, respaldada también por el PSOE y otras fuerzas de izquierdas, ha sido finalmente tumbada con los votos de PP, Vox, Junts y PNV.
La propuesta, debatida en la sesión de este martes, ha sido rechazada por 181 diputados de PP, Vox, Junts, PNV y UPN, mientras que 168 parlamentarios del resto de grupos de la Cámara Baja se han posicionado a favor. Con este resultado, el proyecto queda bloqueado en su primera fase de tramitación.
La proposición de ley para constituir el consorcio de inversión figuraba en el acuerdo de investidura del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, suscrito entre el PSC y ERC. El texto preveía que este órgano se encargara de la gestión y ejecución de las inversiones del Gobierno en Cataluña, incluida la elaboración del Plan Plurianual de Inversiones y de los programas derivados, así como el seguimiento, evaluación y coordinación de las actuaciones inversoras del sector público estatal en el territorio catalán.
Tras la votación, la diputada de ERC Inés Granollers ha cargado contra la postura de Junts y le ha afeado que se haya situado junto a PP y Vox para bloquear el consorcio. “Votar contra Cataluña nunca debería ser una opción”, ha comentado, un comunicado de la formación.
Desde Esquerra sostienen que Junts ha antepuesto sus intereses partidistas a las necesidades de inversión de Cataluña: “Son el partido del no a todo, ninguna propuesta, ninguna concesión, siempre enfadados, siempre no”, ha subrayado Granollers, que ha asegurado que su grupo parlamentario mantendrá la presión para que el consorcio salga adelante más adelante pese al revés sufrido.
El PSOE defiende el modelo y la izquierda pide más inversiones
En el debate en el hemiciclo, el PSOE ha defendido la utilidad del consorcio, argumentando que con un esquema bilateral similar las comunidades autónomas podrían decidir “dónde se invierte” porque son quienes “mejor conocen el territorio”, según ha señalado el diputado socialista catalán José Zaragoza.
Desde Sumar, la representante de los Comunes Candela López ha denunciado que Cataluña padece un “déficit histórico” tanto en volumen de inversión como en su ejecución y ha reclamado priorizar actuaciones como Cercanías, “no la ampliación del aeropuerto”. A su juicio, la creación del consorcio contribuiría a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y a mejorar el cumplimiento de los compromisos en materia de infraestructuras.
Por parte de Podemos, la diputada Martina Velarde ha considerado que la iniciativa “va en buena dirección”, aunque ha advertido de que debe “afinarse y concretarse bastante más”. Ha mostrado su preocupación por que el nuevo organismo pueda generar más complejidad institucional o solapamientos competenciales y ha reclamado transparencia, seguridad jurídica y que se descarte la introducción de nuevos peajes en las carreteras.
Críticas de Junts, PP y Vox al consorcio
En el bloque contrario, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha alertado de que con este Consorcio se estaría aceptando que las infraestructuras estratégicas de Cataluña “sigan controladas desde Madrid”. Ha reconocido que la ley parte de un diagnóstico “correcto”, el de que “Madrid no paga”, pero ha insistido en que Cataluña “no necesita chiringuitos, sino cobrar lo que Madrid debe”.
En la misma línea crítica, la diputada del PP Cristina Agüera ha rechazado la proposición al considerar que lo que realmente “beneficia y necesita” Cataluña es que “lleguen las inversiones”, y no la creación de “más estructuras” ni el reparto de más “sillas”. Para los populares, el nuevo ente supondría añadir burocracia sin garantizar una mejora efectiva en la ejecución de los proyectos.
Finalmente, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha votado en contra al entender que la propuesta no nace para resolver problemas reales, sino para satisfacer “peajes” políticos, sostener “mayorías inestables” y revestir de interés general lo que, en su opinión, responde únicamente a necesidades de “supervivencia parlamentaria”. Con estas posiciones, la Cámara ha cerrado la puerta, por ahora, al consorcio de inversiones en Cataluña impulsado por ERC y apoyado por el PSOE.