La comisión del Congreso encargada de analizar la gestión de la mortífera dana de 2024 en Valencia ha fijado para el 18 de mayo la comparecencia de Maribel Vilaplana, la periodista que aquel día compartió comida y sobremesa con el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Ese mismo día está previsto que declare también el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
La decisión fue adoptada este jueves por la mesa de la comisión parlamentaria, presidida por la diputada socialista Carmen Martínez, según indicaron a Europa Press fuentes del Congreso.
En noviembre, Villaplana declaró como testigo ante el juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la riada y relató a la jueza Nuria Ruiz Tobarra que durante aquella comida de trabajo en un reservado del restaurante 'El Ventorro' Mazón permaneció en todo momento conectado, hablando y escribiendo con su teléfono móvil, aunque sin mostrar “prisa”.
Según su versión, la sobremesa se alargó hasta las 18.45 horas —cuando ya se habían producido fallecimientos a causa de las inundaciones— y la despedida transcurrió hablando de fútbol. En la misma línea, el propietario de El Ventorro situó la salida de ambos del local entre las 18.30 y las 19.00 horas, cuando el establecimiento ya estaba vacío de clientes.
Vilaplana no entregó inicialmente al juzgado el tique del aparcamiento donde dejó su vehículo, pero posteriormente remitió a la instructora un justificante de pago en ese parking a las 19:47, aproximadamente una hora después del momento en que habrían abandonado el restaurante. En su testifical, la comunicadora calculó que habría invertido entre cinco y diez minutos en desplazarse desde el local hasta el aparcamiento.
El papel de la CHJ y las decisiones en el Cecopi
Por el juzgado ha pasado igualmente el máximo responsable de la CHJ, organismo al que varios comparecientes han señalado por no advertir aquel día del posible desbordamiento del Barranco del Poyo, origen de la tragedia, mientras centraba su atención en el riesgo detectado en la presa de Forata.
En su declaración, Miguel Polo afirmó que planteó en el Cecopi el envío de un mensaje de alerta a la población y detalló que en esa reunión se trasladó incertidumbre sobre la situación de la presa de Forata, pero no que fuera a “colapsar”.
Polo reconoció que en la CHJ existía la percepción de que en el Cecopi no “se tomaban decisiones”, lo que generó una reunión “tensa”, circunstancia que él mismo comunicó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Según expuso, escuchó al subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, insistir “varias veces” en que la ley permitía adoptar cualquier medida ante las “dudas” expresadas por la entonces consellera de Interior y Emergencias, Salomé Pradas, imputada en la causa.
Desde la CHJ, cuyos representantes participaban en el Cecopi por vía telemática, reiteraron al menos en dos ocasiones la conveniencia de avisar a la ciudadanía. Al analizar los datos de los calados, apuntaron que habría que recomendar a la población que se refugiara en plantas altas. Cuando, tras varias desconexiones, alrededor de las 19.00 horas se reanudó la reunión y comprobaron que no se había enviado el Es-Alert, reaccionaron preguntando: “¿Pero no habéis mandado el mensaje?”.
Además, en sede judicial, Polo explicó que sobre las siete menos cuarto alguien —sin precisar quién— subió con el aviso relativo al Barranco del Poyo, donde ya se registraba un caudal elevado, aunque acorde con las condiciones del momento.