La Comisión de Defensa del Congreso ha dado este miércoles su respaldo a una iniciativa que reclama extender el embargo de armas y productos de defensa ya vigente contra Israel al material policial y de vigilancia que el Estado hebreo pueda utilizar en el contexto de su ofensiva sobre la Franja de Gaza y Cisjordania.
La Cámara Baja aprobó el embargo a la compraventa de material militar con Israel a comienzos de octubre de 2025, después de que el Gobierno lo acordara como medida de presión sobre Tel Aviv en plena ofensiva contra los territorios palestinos ocupados, una actuación que el Ejecutivo calificó de "genocidio".
El presidente Pedro Sánchez explicó entonces que con esa decisión se formalizaba el veto al comercio de armamento con Israel que "de facto" estaba en vigor desde el 7 de octubre de 2023, fecha en la que el Estado hebreo lanzó su ofensiva contra Palestina en respuesta a la matanza perpetrada por Hamás.
En 2024, España exportó a Israel material por un total de 1,45 millones de euros, aunque, según la Secretaría de Estado de Comercio, ese volumen se destinó "exclusivamente" a componentes que iban a ser integrados en equipos para terceros países, entre ellos Filipinas y Estados Unidos. Durante el primer semestre de 2025 no se registraron ventas de material a Israel.
Asimismo, España ha rechazado 219 licencias de exportación e importación de material de defensa y tecnologías de doble uso con destino a Israel desde el 7 de octubre de 2023, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Estado de Comercio.
El órgano competente, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), vetó 64 licencias de exportación y cuatro de importación de material de defensa a Israel entre octubre de 2023 y el 31 de enero de 2026. Desde la adopción formal del embargo en octubre, se han bloqueado 151 licencias de exportación e importación.
En este contexto, Sumar, ERC y Bildu reclamaban ampliar la prohibición de transferencias a Israel a todo tipo de armamento, equipos, tecnología o componentes que pudieran contribuir a la comisión de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, incluyendo el material policial y de vigilancia utilizado en Palestina, a través de sus propuestas de resolución al "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024, que elabora cada año la Secretaría de Estado de Comercio.
Control de las exportaciones de armas a Estados Unidos
Por otra parte, la Comisión de Defensa del Congreso ha instado al Gobierno a seguir reforzando la evaluación de riesgos y la trazabilidad de las exportaciones de armamento, dotándolas de los recursos y medidas adicionales necesarios para impedir que las armas enviadas a Estados Unidos puedan llegar a facilitar o cometer violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario o de los Derechos Humanos, tanto en territorio estadounidense como en operaciones militares en el exterior.
En la misma línea, se ha pedido a la Secretaría de Estado de Comercio que proporcione información más detallada sobre los usuarios finales en Estados Unidos, identificando las unidades militares y las agencias federales receptoras, entre ellas el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
El ICE es la agencia estadounidense encargada de las detenciones masivas de inmigrantes y de las redadas violentas que terminaron con la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en Mineápolis.
Endurecer las restricciones a Irán
Además, la Comisión de Defensa del Congreso ha pedido a la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JIMDDU) que no otorgue autorizaciones administrativas de exportación de productos y tecnologías de doble uso a Irán, con el objetivo de impedir operaciones como las aprobadas en 2024 a ese país de detonadores y explosivos tipo A, B y E, entre otros materiales, así como reforzar los controles de su competencia para garantizar el cumplimiento de los embargos vigentes sobre Irán en materia de comercio de material de defensa o equipos de represión interna.
España vendió a Irán detonadores, explosivos tipo A, B y E, reactivos de laboratorio y 'software' de control por un importe de 1.331.289 euros en 2024, según figura en el "Informe de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso" de 2024. Además, se denegaron tres licencias relativas a juegos de juntas, empaquetadoras para válvulas, válvulas de bola y grabadores térmicos.
El Gobierno sostuvo que ese material no se empleó en la represión de las protestas de finales de diciembre de 2025 motivadas por la crisis económica que desembocó en la exigencia del fin del régimen de Alí Jamenei. La represión causó más de 3.000 manifestantes muertos, según las cifras reconocidas por las propias autoridades iraníes.