El Gobierno mantiene su respaldo cerrado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que siguen considerando una persona “honorable”, y sostiene que no teme un desgaste en la relación con sus socios parlamentarios, pese a que estos han empezado a mostrar inquietud por las acusaciones que pesan sobre el exlíder socialista.
Fuentes de Moncloa recalcan la “falta de pruebas documentales” contra Zapatero en el auto dictado el martes por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, en el que le imputa presuntos delitos de tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal.
El magistrado centra sus pesquisas en el rescate público otorgado por el Gobierno a la aerolínea española con capital venezolano Plus Ultra y sospecha que Zapatero habría intervenido de forma irregular a cambio de una contraprestación económica.
Desde la Moncloa, sin embargo, sostienen con firmeza que la ayuda estatal aprobada en plena pandemia de Covid se ajustó a la legalidad y descartan que pueda salpicar al Ejecutivo. “No hay nada que afecte al Gobierno”, subrayan.
Desafío a una posible moción de censura
En los últimos días, aliados como Sumar, Compromís y ERC han reclamado explicaciones al PSOE y se han desmarcado de la tesis del ‘lawfare’, es decir, que el procedimiento responda a una ofensiva judicial dirigida contra el Gobierno.
Pese a este giro, en el Ejecutivo aseguran mantener la calma y no contemplan que la estabilidad del gabinete esté en cuestión. Insisten en que el mandato se prolongará hasta 2027, tal y como remarcó el presidente Pedro Sánchez en el Congreso para despejar cualquier especulación sobre un posible adelanto electoral.
“El que quiera presentar una moción de censura que lo haga”, afirman fuentes gubernamentales, desafiando a PP y Vox a activar el mecanismo parlamentario para intentar desalojar a Sánchez, convencidos de que no disponen de los apoyos suficientes para sacarla adelante.
Esperando el informe de la UDEF
Desde el Gobierno reprochan al PP que trate de vincular directamente la Presidencia con esta causa, cuando en el auto de Calama, recalcan, “no hay ninguna prueba contra el Gobierno”. Además, recuerdan que el rescate a Plus Ultra ya fue objeto de una investigación previa en un juzgado de Plaza de Castilla y que el procedimiento terminó archivado.
Tras el levantamiento del secreto de sumario, el Ejecutivo aguarda ahora la difusión del informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en el que el juez Calama sustenta su resolución. “Si hay pruebas deberían estar ahí”, señalan.
Mientras tanto, insisten en que mantienen la “máxima confianza en su inocencia”, reiteran que se trata de una persona honorable y aseguran que, hasta la fecha, no han encontrado indicios que les hagan poner en duda esa valoración.