El Gobierno admite que el auto judicial que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por encabezar presuntamente una red de tráfico de influencias es un escrito "serio" en el que se recogen indicios, aunque insisten en que afrontan la situación con mayor calma al considerar que no existen pruebas incriminatorias concluyentes contra el exlíder socialista.
Fuentes del Ejecutivo destacan que la resolución del magistrado José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, que atribuye a Zapatero supuestos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, no incorpora mensajes, conversaciones ni grabaciones de audio que acrediten ese tráfico de influencias, y que los indicios se basan sobre todo en declaraciones de terceros acerca de las actuaciones de la presunta trama.
Subrayan igualmente que Zapatero no figura como titular de ninguna sociedad mercantil y que todos los cobros vinculados a su actividad han ido destinados directamente a su cuenta personal.
ZAPATERO, “FARO MORAL” DEL PSOE
En Moncloa no descartan que puedan aparecer nuevas pruebas en el futuro, pero, a falta de evidencias sólidas en este momento, se aferran a este escenario para sostener el respaldo a un Zapatero al que continúan viendo como un "faro moral" para el PSOE.
Reconocen, sin embargo, que este auto judicial no es comparable con otros procedimientos que el propio Gobierno ha cuestionado públicamente, como la causa abierta por el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo. Tampoco consideran que existan elementos tan sólidos como los que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportó contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, y que desembocaron en su salida fulminante.
El martes por la mañana, en cuanto se conoció la imputación de Zapatero, el PSOE se apresuró a cerrar filas en torno a él, insinuando un uso partidista de la Justicia y vinculándolo con la consigna del PP de "quien pueda hacer que haga". Ahora, en cambio, en el Gobierno se desmarcan de esa interpretación y reconocen que pudo ser precipitada, ya que entonces aún no disponían del contenido razonado del auto.
Algunos socios parlamentarios del Ejecutivo, como Sumar, Compromís y Podemos, también han rectificado tras haber denunciado inicialmente una supuesta campaña de guerra sucia judicial contra Zapatero. "Ya no está tan claro" que haya habido 'lawfare', señaló este miércoles la diputada de Compromís Agueda Micó a su llegada al Congreso.
MANTIENEN APOYO HASTA QUE APAREZCAN PRUEBAS
El Gobierno mantiene así una "defensa cerrada" del expresidente Zapatero, aunque matiza que será así mientras no se presenten indicios firmes. En esa misma línea se expresó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en los pasillos de la Cámara Baja a primera hora de este miércoles. "Yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario", afirmó, reclamando a los tribunales que "ponga pruebas encima de la mesa".
Desde la tribuna del Congreso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también salió en defensa del exmandatario, centrándose en su trayectoria al frente del Ejecutivo, destacando su decisión de retirar las tropas de la guerra "ilegal" de Irak, "acabar con ETA" y ampliar los derechos sociales de la ciudadanía. "Todo mi apoyo al presidente Zapatero", proclamó.