La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, acude este martes al Congreso para exponer el último informe sobre las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, donde se desgrana el reparto de los 12,87 millones de euros gestionados por estas entidades durante los ejercicios 2021 y 2022.
Según el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fundación Concordia y Libertad, ligada al PP, figura como la que más subvenciones públicas recibió, mientras que la Fundación Disenso de Vox, presidida por Santiago Abascal, encabeza el listado de aportaciones privadas, casi todas procedentes del propio partido. Por su parte, la Fundación Pablo Iglesias del PSOE vuelve a aparecer en “números rojos”.
En total, las fundaciones políticas percibieron 4,93 millones de euros en subvenciones públicas, 2,39 millones en 2021 y 2,53 millones en 2022. Destaca la Fundación Concordia y Libertad, que en ese bienio acumuló casi dos millones por esta vía (1.976.009,64 euros). La FAES de José María Aznar deja de figurar en este apartado tras desvincularse del PP y optar por operar de forma independiente.
Reparto de subvenciones y papel de los ministerios
Las principales ayudas proceden de los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores. El Tribunal aprovecha para reiterar al Gobierno la necesidad de exigir que todas las entidades que aspiren a estas subvenciones estén inscritas correctamente en el registro del Ministerio del Interior.
Además de los fondos públicos, las fundaciones recibieron 7,93 millones de euros en donaciones privadas y transferencias de sus formaciones políticas. En este capítulo sobresale la Fundación Disenso de Santiago Abascal, que concentra más de cinco millones: 2,5 millones en 2021 y 2,59 millones en 2022, en su mayoría traspasos de Vox.
Ese volumen de recursos aportados por el partido, junto a testimonios de antiguos cargos de Vox que denunciaban un supuesto desvío de fondos, como en Baleares, llevó al PSOE a solicitar una fiscalización específica de la fundación de Abascal y a presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, que finalmente fue archivada.
El informe del órgano fiscalizador también resalta las cifras de la Fundación Sabino Arana, ligada al PNV, que en esos dos años sumó 1,42 millones entre subvenciones públicas y aportaciones de su entorno político.
Siete fundaciones con patrimonio negativo
En el lado opuesto, el Tribunal detecta siete fundaciones con patrimonio neto negativo al cierre de 2022. La más relevante por volumen es la Fundación Pablo Iglesias del PSOE, con un “agujero” de 2,25 millones de euros, pese a haber ingresado 1,38 millones en aportaciones y subvenciones durante el periodo analizado.
También figura la Fundación Eduardo Obregón, del PRC de Miguel Ángel Revilla, que presenta “números rojos” por 26.899 euros, así como la Sociedad Fundación Elkartu, de Eusko Alkartasuna, en proceso de liquidación y con un saldo negativo de 709.162 euros.
En términos generales, las fundaciones y entidades asociadas a partidos superan el examen del Tribunal de Cuentas, aunque se han detectado incumplimientos relacionados con donaciones ingresadas en cuentas bancarias ordinarias, al no existir cuentas específicas para ese fin, y entregas en efectivo derivadas de convenios de colaboración que no fueron comunicadas al fiscalizador.
Ante estas incidencias, el Tribunal propone fijar una cuantía mínima a partir de la cual las fundaciones y entidades vinculadas a partidos deban notificar obligatoriamente las donaciones procedentes de personas jurídicas.
Fundaciones próximas a IU sin rendición de cuentas
El informe subraya que menos de una veintena de entidades presentaron sus cuentas dentro del plazo legal. Además, se señala a tres fundaciones que no remitieron sus estados financieros anuales pese a estar obligadas, lo que constituye un incumplimiento normativo: Por la Europa de los Ciudadanos, ahora denominada Fundación de estudios Críticos (FEC) y vinculada a Izquierda Unida; el Instituto de Estudios Políticos, también próximo a IU en la Comunidad Valenciana; y la fundación Horacio Fernández Inguanzo, del Partido Comunista de Asturias.
El Tribunal constata igualmente que doce y once fundaciones y asociaciones, respectivamente, permanecieron inactivas en 2021 y 2022, algunas en proceso de disolución o extinción. Por ello, insta a los patronatos a avanzar en su liquidación y advierte de que no pueden mantenerse como simples tenedoras de inmuebles o como vehículos para captar recursos de los partidos de los que dependen.
Otro aspecto que afea el fiscalizador es que únicamente alrededor de una quincena de fundaciones están correctamente inscritas en el registro del Ministerio del Interior, pese a la obligación legal existente, por lo que emplaza al Gobierno a actualizar y depurar dicho registro.
De acuerdo con la normativa, las fundaciones políticas deben someter sus cuentas anuales a auditoría externa, pero más de una decena incumplen esta exigencia. El Tribunal de Cuentas plantea establecer un umbral mínimo de ingresos para activar esa obligación legal. Todas las auditorías presentadas obtuvieron una opinión favorable.