España reclama mayor protección para el personal sanitario en el 10.º aniversario de la resolución 2286 de la ONU

España y MSF denuncian el incumplimiento de la resolución 2286 de la ONU y exigen proteger a personal sanitario e instalaciones médicas en conflictos armados.

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Unmédico atiende a un afgano en un centro de salud  Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi

Unmédico atiende a un afgano en un centro de salud Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi

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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha recordado este domingo el 10.º aniversario de la resolución 2286 del Consejo de Seguridad de la ONU, que exige salvaguardar a los trabajadores de la salud y a los centros médicos en escenarios de conflicto internacional, acompañando la efeméride con un llamamiento a que se cumpla de forma estricta y sin excepciones.

Albares ha subrayado en sus redes sociales que “España llama a la protección de la misión médica y traslada un mensaje de apoyo a médicos y sanitarios que desempeñan su labor en conflicto”, en un contexto especialmente delicado para el personal sanitario, convertido en objetivo en guerras como las de Gaza, Sudán o Ucrania.

La organización Médicos Sin Fronteras (MSF) ha aprovechado igualmente este aniversario para lanzar una contundente denuncia sobre el reiterado incumplimiento de la resolución. “Hospitales, ambulancias y personal médico son atacados casi a diario en conflictos armados”, lamenta MSF, que recuerda a los 21 cooperantes de la entidad humanitaria internacional fallecidos desde la adopción del texto, el 3 de mayo de 2016.

Durante esta década, los ataques contra la atención médica han abarcado bombardeos aéreos contra hospitales en Siria y Yemen, impactos de artillería sobre centros sanitarios en Ucrania y Palestina, ataques con drones contra un hospital en Birmania y agresiones a ambulancias claramente señalizadas en Camerún, Haití y Líbano.

Solo en 2025, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró 1.348 ataques contra instalaciones médicas, que provocaron la muerte de 1.981 personas, evidenciando la magnitud de la violencia dirigida contra la infraestructura sanitaria y quienes trabajan en ella.