El grupo parlamentario de Junts ha planteado que quienes formaron parte de bandas o grupos armados puedan acceder a las compensaciones económicas previstas en la Ley de Memoria Democrática para las personas que fallecieron o sufrieron daños permanentes por su implicación en la defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 29 de diciembre de 1978, día en que entró en vigor la Constitución.
Esta petición figura en la enmienda de totalidad con texto alternativo registrada por el diputado Josep María Cervera Pinart al proyecto de ley que desarrolla el decreto-ley convalidado por el Congreso el pasado mes de marzo, mediante el cual se modifica la Ley de Memoria para actualizar las cuantías de las indemnizaciones destinadas a quienes murieron o resultaron gravemente heridos como consecuencia de la represión.
Durante la sesión en la que se convalidó el decreto ley, Cervera reprochó al Ejecutivo haber dado un "salto hacia atrás" al mantener fuera de la norma a los "guerrilleros de muchas y variadas ideologías antifranquistas". A su juicio, es "legítimo" cuestionarse "si una democracia puede negar el reconocimiento a quienes contribuyeron, aunque fuera por medios armados, a combatir una dictadura".
En esa misma intervención, el diputado subrayó que "reconocer a los guerrilleros no significa glorificar la violencia, significa entender el contexto en el que se produjo y reconocer que en ausencia de libertades la resistencia puede adoptar formas que hoy en una democracia ni nosotros ni los que la utilizaron la consideraríamos de ninguna manera".
Con el fin de revertir esta situación y permitir que los integrantes de bandas armadas puedan beneficiarse de estas compensaciones, Junts ha registrado un texto alternativo, al que ha tenido acceso Europa Press, que será sometido a debate en una próxima sesión plenaria del Congreso.
En concreto, la propuesta de Junts pasa por suprimir del articulado vigente el párrafo que excluye a quienes hubieran pertenecido a bandas o grupos armados, e incorporar de forma explícita que "no podrá excluirse a ninguna víctima incluida" en la Ley de Memoria Democrática.
Víctimas y resistentes
Junts argumenta que la actual regulación "perpetúa una concepción restrictiva de víctima" y que incurre en una "visión incompleta y sesgada de la memoria democrática" al dejar fuera a personas que "en muchos casos combinaron la condición de víctimas con la de resistentes" y que participaron en la defensa de las libertades padeciendo "graves vulneraciones de derechos".
En paralelo, el PP ha utilizado este trámite parlamentario para insistir en su pretensión de derogar la Ley de Memoria Democrática. En su propio texto alternativo, además de reclamar el fin de la normativa vigente, introduce una disposición transitoria única referida a los procedimientos de exhumación.
De este modo, los populares proponen que, hasta que se apruebe una ley específica sobre la localización y exhumación de víctimas de la Guerra Civil, las tareas de búsqueda e identificación de personas desaparecidas sigan realizándose conforme a lo que establece la legislación actual.
Compromisos del Gobierno hasta 1983
Una vez que el Pleno del Congreso, previsiblemente, tumbe los textos alternativos defendidos por Junts y PP, se abrirá un nuevo periodo para que los distintos grupos puedan registrar enmiendas parciales al proyecto de ley. El Gobierno ha adquirido el compromiso con sus socios parlamentarios de introducir modificaciones en esa fase.
En particular, el Ejecutivo se ha comprometido a ampliar el periodo para el reconocimiento de indemnizaciones por hechos ocurridos hasta el 31 de diciembre de 1983 e incorporar en la ley el reconocimiento explícito como víctimas de las jóvenes que fueron internadas en el Patronato de Protección a la Mujer. Tal y como avanzó el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, el Gobierno pretende además aprovechar este trámite para poner en marcha un organismo autónomo encargado de la gestión del Valle de Cuelgamuros.