La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha evitado este miércoles reprobar al alcalde de Lleida, el socialista Félix Larrosa, por haber lanzado una nueva iniciativa para impedir el uso del velo integral en las dependencias del Ayuntamiento.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Saiz ha subrayado que el Ejecutivo respeta “en todo momento” la libertad religiosa, aunque ha remarcado que se trata de un asunto que exige un análisis “sosegado”. “Tiene que haber mucha pedadogía, y por supuesto, hay que hacer esos análisis precisamente con los colectivos, con las personas que más en contacto están con la diversidad en nuestro país, y no hay que caer en demagogia”.
Al ser interpelada sobre si el regidor de Lleida se ha equivocado con su planteamiento, la portavoz del Ejecutivo ha rehusado contestar con un ‘sí’ o un ‘no’ y ha insistido en que estos debates deben “alejarse de la demagogia y del ruido”. “Yo quiero poner el foco en el aporte, en la riqueza y en la diversidad que tiene nuestro país y el importante aporte que supone la población extranjera para España”, ha remarcado para cerrar el asunto.
Integración y diversidad en el PSOE
El ministro de Industria, Jordi Hereu, también ha sido cuestionado por la propuesta del alcalde de Lleida y se ha limitado a expresar su “respeto” por las decisiones que se adopten en cada ayuntamiento, recordando que el PSOE “desde siempre” apuesta por “integrar a partir de la diversidad”.
Ambos ministros han sido preguntados además por la controversia generada en torno a la prioridad nacional incluida por PP y Vox en su acuerdo de gobierno en Extremadura. Saiz ha alertado de “la preocupante deriva” de las formaciones de derecha y ha calificado esa medida de “avergonzante” y “bochornosa” tanto en el plano nacional como internacional.
Según ha detallado, con ese pacto “es limitar el acceso a la sanidad a las personas migrantes cuando en este país hay sanidad universal, discriminar aún más a las personas migrantes en el acceso a la vivienda y segregar nuestros barrios, nuestros colegios y nuestros hospitales”.
Críticas al pacto en Extremadura y defensa de la regularización
Saiz ha acusado al PP de haberse transformado en un partido “anticonstitucional” por ir contra los artículos 13 y 14 de la Constitución, y ha garantizado que el Gobierno se mantendrá “vigilantes” ante ese “pacto de la vergüenza” en Extremadura.
En la misma línea, Jordi Hereu ha señalado que en el Gobierno defienden los derechos de la ciudadanía y que existen razones “morales, políticas y también pragmáticas y económicas” para respaldar el proceso de regularización, que a su juicio “va acorde con los valores de la ciudadanía” porque su objetivo es “dar derechos a personas que viven ya en nuestro país”.
Hereu ha recalcado que “no podemos obviar el importante aporte que hacen más de 7 millones de personas extranjeras, que son fuerza de crecimiento de nuestro mercado laboral” y, por tanto, ha pedido reconocer su papel en el progreso de España, “que es la realidad que tanto le duele y parece que le molesta al PP”.