La aparición de un informe policial que apunta a una posible intervención de agentes marroquíes en la entrada masiva de migrantes del 30 y 31 de julio ha colocado a Fernando Grande-Marlaska contra las cuerdas. El ministro del Interior asegura que desconocía el documento, remitido a la Audiencia Nacional, y ha exigido explicaciones al director general de la Policía, Francisco Pardo.
La crisis ya ha abierto una fractura dentro del bloque que sostiene al Gobierno. Sumar reclama depurar responsabilidades y convocar a la embajadora de Marruecos si se acredita el contenido del informe, Podemos exige directamente la dimisión de Marlaska e Izquierda Unida advierte de que deberá dimitir el ministro o el máximo responsable de la Policía, en función de quién conociera la información.
El documento también golpea la versión defendida hasta ahora por el Ejecutivo, que había descartado la participación de Marruecos, elogiado la colaboración de Rabat y atribuido lo ocurrido a las mafias, la desinformación y la actuación de organizaciones vinculadas a Rusia, Israel y la extrema derecha internacional.
Qué dice el informe policial sobre Marruecos y Ceuta
El documento fue elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, la unidad de inteligencia de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y remitido esta semana a la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
Según el contenido del mismo, adelantado por El Español, el informe sostiene que “la invasión de Ceuta fue guiada por gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano con un fin distinto del migratorio”.
La Policía habría analizado las imágenes y vídeos obtenidos durante la entrada de alrededor de 72.000 personas en Ceuta. Su conclusión apunta a que los migrantes fueron dirigidos para desbordar los controles y colapsar el sistema fronterizo español.
El documento no constituye una resolución judicial ni demuestra todavía que el Gobierno marroquí ordenara la operación. Se trata de un informe policial incorporado a unas diligencias que se encuentran en una fase inicial y cuyo contenido deberá ser comprobado.
Tampoco debe confundirse este documento con las alertas anteriores a la entrada masiva. El informe conocido ahora analiza cómo se produjeron los hechos, mientras que otra cuestión pendiente es determinar qué información tenían la Policía, la Guardia Civil y los servicios de inteligencia antes del 30 de julio.
Marlaska asegura que desconocía el documento
Marlaska ha enviado durante la madrugada una carta al director general de la Policía para preguntarle si el documento existe y desde cuándo disponía el cuerpo de esa información.
El ministro reclama conocer, “de ser cierto”, cuándo llegaron esos datos a la Policía y exige una respuesta “a la mayor brevedad”. Interior considera que una información con posibles consecuencias para la defensa del Estado y la seguridad nacional debería haberse comunicado inmediatamente al ministro y al Consejo de Seguridad Nacional.
La reacción confirmaría que Marlaska no conocía, según su propia versión, el contenido del documento que una unidad dependiente de su Ministerio había remitido a la Audiencia Nacional.
Francisco Pardo se ha reunido este miércoles de urgencia con el comisario general de Extranjería y Fronteras, Juan Ávila, superior de los agentes que elaboraron el informe. En la reunión también ha participado el comisario general de Información, Juan Antonio Susín.
El director de la Policía estaría tratando de determinar si la información llegó a la cúpula policial y no fue trasladada al ministro. En ese supuesto la responsabilidad se concentrará sobre la Dirección General de la Policía. Si Interior conocía el documento, o sus conclusiones, quedará cuestionada la versión ofrecida por Marlaska durante las últimas semanas.
Podemos exige la dimisión de Marlaska
Podemos ha endurecido su posición después de conocerse el informe. Su secretario de Organización y portavoz, Pablo Fernández, sostiene que la implicación marroquí no supone ninguna sorpresa y ha reclamado la salida inmediata del ministro. “Es incuestionable que Marlaska no puede seguir ni un minuto más al frente del Ministerio del Interior”, ha declarado Fernández.
El dirigente de Podemos califica lo ocurrido en Ceuta como un acto de “guerra híbrida” y acusa al PSOE y a Pedro Sánchez de negarse a señalar a Marruecos pese a las sospechas existentes.
Podemos ya había reclamado la dimisión de Marlaska al comienzo de la crisis, pero el informe policial aporta ahora un nuevo argumento: el ministro desconocía información elaborada por una unidad integrada en la estructura de su propio departamento y potencialmente relevante para la seguridad nacional.
Sumar pide llamar a la embajadora de Marruecos
La presión al Ejecutivo también llega desde el socio minoritario del Gobierno. La coordinadora general de Movimiento Sumar y portavoz parlamentaria, Verónica Martínez Barbero, ha reclamado “claridad y transparencia” y el acceso al contenido completo del informe.
Sumar considera grave que Marlaska no tuviera conocimiento de la información y pide determinar por qué el documento llegó a la Audiencia Nacional sin que fuera trasladado previamente al responsable político de Interior.
“Si esas informaciones no fueron transmitidas al Ministerio de Interior, hay que depurar responsabilidades, porque es algo muy grave”, ha advertido Martínez Barbero.
La formación reclama además que el Ministerio de Asuntos Exteriores convoque de urgencia a la embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, para pedir explicaciones si se confirma que fuerzas de seguridad marroquíes intervinieron en la movilización.
El portavoz adjunto de Sumar y diputado de Compromís Alberto Ibáñez ha solicitado al Congreso tanto el informe policial como la carta enviada por Marlaska al director de la Policía.
Izquierda Unida plantea dos posibles dimisiones
Por su parte, Izquierda Unida, formación integrada en Sumar y socia del Gobierno, ha establecido dos escenarios. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, considera que Francisco Pardo deberá dimitir si se comprueba que la Policía ocultó la información al Ministerio.
Si, por el contrario, Interior conocía el informe y no actuó ni lo comunicó, Maíllo sostiene que Marlaska tendrá que asumir la responsabilidad política.
IU considera difícil que decenas de miles de personas pudieran desplazarse hacia la frontera sin conocimiento de las autoridades marroquíes. La formación habla de una posible deslealtad dentro de las estructuras del Estado, aunque supedita cualquier conclusión definitiva a la comprobación de los hechos.
Moncloa admite su sorpresa y Bolaños pide cautela
Fuentes de La Moncloa reconocen su sorpresa ante la posibilidad de que la Policía dispusiera de evidencias que no fueron compartidas con el Gobierno. El Ejecutivo considera que una información de esta gravedad habría podido condicionar las decisiones adoptadas en materia de seguridad nacional y relaciones exteriores.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha pedido cautela mientras se analiza el documento y se espera la contestación del director de la Policía. El Gobierno asegura que no ha ocultado información y sostiene que conoció la existencia del informe a través de los medios de comunicación.
El vicepresidente Carlos Cuerpo también ha evitado pronunciarse sobre sus conclusiones hasta disponer del texto completo del informe.
El informe choca con la versión del Gobierno sobre Marruecos
La relevancia política del documento aumenta porque contradice, al menos aparentemente, la posición defendida por el Gobierno durante el último mes. Marlaska había asegurado que Marruecos no constituía una amenaza para España y había elogiado la colaboración de las autoridades marroquíes para contener la entrada y facilitar las devoluciones.
Pedro Sánchez mantuvo esta misma posición durante su entrevista del lunes en la Cadena SER. El presidente afirmó que no existían evidencias de una implicación marroquí y describió la reacción de Rabat como una “cooperación instantánea, inmediata”.
Sánchez señaló en cambio a las mafias y a campañas de desinformación relacionadas con Rusia, Israel y organizaciones de la extrema derecha internacional.
El Gobierno tendrá ahora que determinar si el informe policial desmiente su relato, si contiene información parcial que necesita ser contextualizada o si se produjo un fallo grave en la cadena de comunicación entre la Policía, Interior y La Moncloa.
El PP, Jupol y García-Page elevan la presión
El PP también ha reclamado la dimisión de Marlaska. Su secretario general, Miguel Tellado, acusa al ministro de haber negado durante semanas la existencia de información que apuntaba a Marruecos y sostiene que no puede continuar al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Jupol, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, reclama las dimisiones de Marlaska, Francisco Pardo y el delegado del Gobierno en Ceuta. La organización asegura que existieron alertas y comunicaciones anteriores a la entrada masiva, una afirmación que deberá contrastarse con los documentos y las fechas concretas.
La contestación ha llegado incluso desde el PSOE. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido de que, si el contenido del informe se confirma, deberá tener “evidentes consecuencias en todos los órdenes”.
La Audiencia Nacional debe decidir si abre una investigación
La magistrada María Tardón solicitó informes a la Policía y a la Guardia Civil después de recibir una denuncia de Iustitia Europa. La jueza pretende determinar si la entrada masiva fue espontánea o respondió a una acción coordinada por una organización criminal, un Estado u otro actor.
El documento del CENIF ha sido trasladado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia de la Audiencia Nacional. Después, la magistrada decidirá si existen indicios suficientes para abrir formalmente una investigación y si el procedimiento debe mantenerse en la Audiencia Nacional o enviarse a un juzgado de Ceuta.
La presión sobre Marlaska depende ahora de tres respuestas: desde cuándo conocía la Policía la posible intervención de agentes marroquíes, por qué el ministro no fue informado y qué grado de respaldo tienen las conclusiones del CENIF.
El caso estalla además en el Día de Ceuta, coincidiendo con las concentraciones convocadas en toda España por la FEMP y en vísperas de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso.
El informe ha convertido una crisis migratoria y territorial en una crisis interna dentro del Gobierno y de la propia estructura del Ministerio del Interior.