El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha solicitado al director general de la Policía, Francisco Pardo, que le confirme “a la mayor brevedad” el contenido de un informe en el que se achacaría a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes registrada en Ceuta los días 30 y 31 de julio.
Según ha detallado el Ministerio del Interior, Marlaska ha enviado una misiva a Pardo en la que “reclama ser informado sobre la veracidad” del documento que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) habría remitido a la Audiencia Nacional en esos términos, tal y como adelantó El Español.
En caso de confirmarse el contenido del informe, el titular de Interior insta a Pardo a precisar “desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa investigación” al entender que resulta “esencial para que el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta en ejercicio de sus funciones constitucionales de dirección de la política interior y exterior y defensa del Estado”, han señalado desde su departamento.
Además, Marlaska ha subrayado ante el director general de la Policía que, tras haberse declarado el pasado 25 de agosto la situación de interés para la seguridad del nacional por parte del Gobierno, “una información como esa debería haberse puesto de inmediato a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional”, del ‘mando único’ encabezado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y del resto de órganos con responsabilidades en este ámbito.
El documento habría sido elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras, dependiente de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, y remitido a la Audiencia Nacional. Según las informaciones publicadas, sostendría que agentes marroquíes habrían guiado a grupos de migrantes hacia la frontera, incluso bajo la dirección de efectivos de paisano, con una finalidad que podría ir más allá de una crisis migratoria espontánea.
Estas conclusiones proceden de informaciones periodísticas sobre el contenido del documento. El informe completo no se ha hecho público y la supuesta responsabilidad de las autoridades marroquíes no está acreditada judicialmente.
La apertura de diligencias judiciales, sostiene Interior, no impediría que esos datos fueran comunicados al Gobierno para permitirle adoptar las decisiones oportunas.
Una versión que contradice el relato del Gobierno
La posible implicación de fuerzas marroquíes chocaría con la versión defendida hasta ahora por el Ejecutivo. Pedro Sánchez ha desvinculado a las autoridades de Rabat de la entrada masiva y ha destacado la posterior colaboración de Marruecos para controlar la frontera y facilitar los retornos.
El Gobierno ha atribuido principalmente lo sucedido a las redes de tráfico de personas y a la difusión de mensajes en redes sociales que animaban a cruzar hacia Ceuta.
Por eso, la polémica ya no afecta únicamente a la actuación de Marruecos. También abre una crisis interna sobre la circulación de información dentro del Ministerio del Interior: si la Policía disponía de indicios relevantes, queda por esclarecer cuándo los obtuvo, a quién se los comunicó y por qué el ministro asegura no haberlos conocido.
La Audiencia Nacional analiza lo ocurrido
El informe está relacionado con las diligencias abiertas por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón. La investigación trata de determinar si la entrada masiva fue una acción concertada o dirigida por alguna organización y quiénes pudieron participar en ella.
La jueza también ha solicitado información sobre las posibles alertas recibidas antes de los acontecimientos y sobre el dispositivo desplegado en la frontera.
Por ahora, existen tres cuestiones diferentes que deben mantenerse separadas: lo publicado sobre el contenido del informe policial, la petición de explicaciones cursada por Marlaska y las conclusiones que pueda alcanzar finalmente la investigación judicial.