El PP y Vox han cerrado un acuerdo para cogobernar Aragón durante los próximos cuatro años, recogido en un documento de 38 páginas que detalla, entre otros compromisos, el rechazo a la inmigración ilegal, la aplicación del principio de prioridad nacional en el reparto de ayudas, una rebaja de impuestos y la promoción de la construcción de 4.000 nuevas viviendas públicas.
El texto articula las medidas en varios bloques: Fiscalidad; inmigración; seguridad; vivienda; sector primario; impulso al medio rural y lucha contra la despoblación; medio ambiente; economía, energía e industria; educación y universidad; familia, sanidad, vida y hábitos saludables; eficiencia frente al derroche de gasto público; libertad frente a adoctrinamiento e imposición; y posiciones de Vox en el Gobierno de Aragón.
Inmigración y prioridad nacional
En el ámbito migratorio, PP y Vox pactan no aceptar más menores migrantes no acompañados, oponerse de forma tajante a la política migratoria del Gobierno central y frenar la llegada de nuevos inmigrantes ilegales a la Comunidad, tanto adultos como menores.
El Ejecutivo aragonés se compromete a trabajar por el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen y a eliminar las subvenciones a ONG que, a su juicio, favorezcan la inmigración ilegal. Igualmente, se establece la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos.
El acuerdo incorpora además el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas, de modo que se otorguen a quien tenga un “arraigo real, duradero y verificable con el territorio”, siguiendo la línea del pacto suscrito en Extremadura.
La referencia a la “prioridad nacional” en la concesión de ayudas ha desatado la controversia en los últimos días. Desde la formación de Santiago Abascal se interpreta este principio como “los españoles, primero”, mientras que el PP insiste en que el redactado respeta la legalidad y que “no van a discriminar a nadie por la nacionalidad”.
Fiscalidad y vivienda
En materia fiscal, se prevé una reducción gradual del IRPF del 0,25%, a partir de 2027, en las rentas inferiores a 52.500 euros, es decir, en los cuatro primeros tramos de la tarifa autonómica vigente, con el objetivo de alcanzar una rebaja total de un punto porcentual al término de la legislatura. También se pondrá en marcha una fiscalidad diferenciada frente a la despoblación, adaptada al nivel de afectación demográfica y priorizando a los municipios más amenazados, con incentivos ligados a natalidad, vivienda y emprendimiento.
Entre las medidas concretas figura la eliminación del impuesto medioambiental sobre la emisión de gases contaminantes a la atmósfera y una reducción del 80% en la tasa por la expedición de licencias de caza y pesca. Además, se bonificará al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones y se aplicará una rebaja escalonada del impuesto de actos jurídicos documentados, del 1,5 al 1,3%.
En el capítulo de vivienda, el acuerdo contempla impulsar la construcción de 4.000 viviendas públicas adicionales en el próximo cuatrienio e implantar un sistema de acceso a la vivienda protegida con mayor transparencia y control. Paralelamente, se abordará una reforma del impuesto sobre transmisiones patrimoniales para aliviar la carga fiscal asociada a la compra de inmuebles.
Seguridad y lucha contra la ocupación
En cuanto a seguridad, se prevé la creación de un servicio específico para verificar el fraude prestacional, el padrón y la residencia efectiva. Se promoverá una reforma del padrón municipal con el fin de combatir el fraude y la ocupación ilegal, se aplicará el desahucio exprés y se reforzará la protección a las víctimas de ocupaciones ilegales.
Sector primario y medio rural
PP y Vox se comprometen a blindar el sector primario frente a la Agenda 2030. El Gobierno aragonés expresará en todas las instancias su rechazo a la propuesta de recorte del presupuesto de la PAC. Asimismo, reclamará al Ejecutivo central el impulso de las balsas laterales del Matarraña (Teruel) y se iniciarán los estudios técnicos necesarios para justificar el interés público superior de la construcción del embalse de Biscarrués (Huesca).
En la estrategia de apoyo al medio rural y contra la despoblación, el documento prevé aumentar la dotación del Fondo de Cohesión Territorial para favorecer la igualdad de oportunidades en todo Aragón. Además, se exigirá al Gobierno central la aplicación de las ayudas al funcionamiento empresarial en la provincia de Teruel hasta el máximo permitido, del 20%.
Ante el déficit de efectivos de la Guardia Civil en las zonas rurales, se incrementará la partida de subvenciones destinada a la instalación de cámaras de videovigilancia. El Ejecutivo autonómico también se compromete a mejorar la red de carreteras autonómicas, con la entrada en vigor en 2027 del Plan Extraordinario de Carreteras, dotado con 135 millones de euros anuales.
Medio ambiente, economía e industria
En el ámbito medioambiental, se pondrá en marcha un plan plurianual de limpieza de riberas y de actuaciones en el cauce del Ebro, con el objetivo de reducir el impacto de las inundaciones y proteger las explotaciones situadas en las zonas ribereñas. El Instituto Aragonés del Agua continuará con la ejecución del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, con el propósito de alcanzar a todos los municipios de más de mil habitantes antes de que finalice la legislatura.
En economía, energía e industria, el acuerdo prevé un plan integral para atraer y dinamizar la actividad industrial, reforzando el papel de Aragón como polo estratégico en España y Europa para la instalación de centros de datos y otras industrias tecnológicas. El Gobierno autonómico reitera su compromiso con el emprendimiento y el trabajo autónomo.
Educación, universidad y familia
En el terreno educativo, PP y Vox pactan implantar de forma progresiva el bachillerato concertado, con inicio previsto en el curso 2026/2027, garantizando la libertad de elección de centro. Se reclamará al Gobierno de España la puesta en marcha de una prueba única de acceso a la universidad y se prevé crear nuevas titulaciones universitarias y de FP ajustadas a las necesidades del mercado laboral. Además, se eliminará la aplicación del programa para la enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí en los centros de primaria y secundaria.
En el bloque de familia, sanidad, vida y hábitos saludables, el acuerdo fija el compromiso de aumentar el presupuesto sanitario, al menos en un porcentaje equivalente al incremento global de las cuentas autonómicas. También se plantea reducir las listas de espera quirúrgicas y diagnósticas, impulsar nuevos centros de salud, ampliar las plazas en residencias y centros de día e imponer sanciones muy graves por fraude en los etiquetados.
Gasto público, lengua y poder institucional
Para combatir el derroche de gasto público, se prevén auditorías exhaustivas y periódicas de los recursos públicos, con el objetivo de suprimir cualquier gasto improductivo, innecesario o sin justificación. Además, se reducirá en un 50% la cuantía de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública.
En el apartado de libertad frente a adoctrinamiento e imposición, el acuerdo plantea “librar a Aragón de la imposición del catalán” mediante la supresión del Instituto Aragonés del Catalán y la reforma o derogación de las normas que, a juicio del nuevo Ejecutivo, limiten la libertad o respondan a planteamientos ideológicos.
Finalmente, el documento detalla la presencia de Vox en el Gobierno autonómico. La formación asumirá la Vicepresidencia Primera de Desregulación del Gobierno de Aragón, que concentrará también las competencias de una de estas Consejerías: Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; o Medio Ambiente y Turismo. Vox ocupará igualmente la Vicepresidencia Primera de las Cortes de Aragón, actualmente en manos de Fernando Ledesma (PP), y el puesto de senador por designación autonómica, cargo que ahora ostenta Eloy Suárez (PP).