El Partido Popular ha lanzado este jueves un mensaje de máxima contundencia frente al avance del narcotráfico y el crimen organizado en España. En una reunión celebrada en la sede nacional de Génova con los principales sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, la dirección de Alberto Núñez Feijóo ha avanzado las líneas maestras de un futuro Plan de Acción contra el Crimen Organizado que pretende convertir la lucha contra las mafias en una prioridad de Estado.
La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, y la portavoz de Interior, Ana Vázquez, trasladaron a representantes de SUP, JUPOL, CEP, AUGC, JUCIL y otras organizaciones el compromiso de reforzar “de manera integral” los medios humanos, jurídicos y materiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El encuentro llega en un momento especialmente sensible, marcado por el repunte de la violencia ligada al narcotráfico en distintos puntos del país y por la creciente preocupación en el entorno del Estrecho. En el PP consideran que España atraviesa una “situación límite” ante el fortalecimiento de redes criminales cada vez más violentas y mejor organizadas.
Las mafias sobre el litoral español
Fuentes populares alertan de que las mafias han dejado de operar únicamente en el Campo de Gibraltar para extenderse hacia Huelva, Almería y otros puntos del litoral español, donde las narcolanchas se han convertido en una amenaza constante para agentes y ciudadanos. Según recordó el partido durante la reunión, el último Informe Anual de Seguridad Nacional cifra en más de 600 las embarcaciones vinculadas al narcotráfico que operan en el entorno del Estrecho.
El plan que prepara Feijóo contempla medidas de fuerte impacto político y penal. Entre ellas, la dotación de medios no letales para neutralizar narcolanchas, el endurecimiento del Código Penal frente al crimen organizado y la atribución a la Audiencia Nacional de competencias específicas sobre delitos relacionados con el narcotráfico.
Además, el PP quiere impulsar jurisdicciones especializadas, reforzar la protección legal de policías, guardias civiles, funcionarios de prisiones y agentes de aduanas, y declarar el Campo de Gibraltar y el litoral andaluz como Zona de Especial Singularidad, una reivindicación histórica de los cuerpos policiales.
El reconocimiento de profesión de riesgo
La formación también insiste en reconocer a policías nacionales y guardias civiles como profesión de riesgo, una medida aprobada en la Comisión de Interior del Congreso pero que, según denuncian los populares, ha vuelto a ser bloqueada por el Gobierno esta misma semana.
Durante la reunión, los representantes de las asociaciones trasladaron su preocupación por la falta de medios y por el aumento de la presión criminal sobre los agentes desplegados en las zonas más sensibles. En el PP sostienen que muchos efectivos trabajan “en condiciones inadmisibles” frente a organizaciones que ya utilizan armamento de guerra y actúan con creciente agresividad.
El debate político se ha recrudecido tras los últimos episodios violentos registrados en Cataluña y Andalucía. Los recientes tiroteos en Barcelona y su área metropolitana, junto con los graves incidentes vinculados al narcotráfico en Huelva y Almería, han vuelto a situar la seguridad ciudadana en el centro de la confrontación política.
En ese contexto, los populares recuerdan la polémica generada por las palabras de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, quien calificó como un “accidente laboral” el asesinato de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha durante una persecución, unas declaraciones que provocaron una fuerte indignación entre asociaciones y sindicatos policiales.
“Feijóo estará con la Policía Nacional y con la Guardia Civil. Frente a un Gobierno que les abandona, el Partido Popular estará siempre del lado de quienes garantizan nuestra seguridad”, aseguró Gamarra al término del encuentro.
Con el foco puesto en el deterioro de la seguridad pública y el avance de las mafias, el PP busca convertir la política de Interior en uno de sus ejes de Gobierno, y presentarse como el partido de la “respuesta contundente del Estado” frente al crimen organizado.