El Gobierno abre la puerta a multas de 60 millones para los centros de datos que incumplan los requisitos energéticos

Un segundo real decreto-ley publicado en el BOE incorpora sanciones de hasta 60 millones de euros y suspensiones de acceso a la red de hasta tres años. También establece compensaciones económicas para que las desviaciones de estas instalaciones contribuyan a sufragar los costes del sistema eléctrico

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La regulación de los centros de datos aprobada por el Gobierno incorpora una consecuencia que va más allá de los requisitos de sostenibilidad: las instalaciones que incumplan las obligaciones energéticas, medioambientales e hídricas podrán enfrentarse a multas de hasta 60 millones de euros y, en los casos más graves, a la suspensión de sus permisos de acceso a la red eléctrica durante un máximo de tres años.

La novedad se encuentra en una segunda norma publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Junto al Real Decreto 1032/2026, que desarrolla las condiciones que deberán cumplir estas infraestructuras, sobre el que se ubicaban todos los focos, el Ejecutivo ha aprobado otro, el Real Decreto-ley 41/2026, que modifica la legislación vigente para incorporar un régimen específico de infracciones y sanciones para los centros de procesamiento de datos.

Este segundo texto también establece un mecanismo de compensaciones económicas. Su objetivo es que las instalaciones que se desvíen de las obligaciones de generación renovable y cobertura horaria contribuyan a sufragar los costes adicionales que puedan trasladar al sistema eléctrico y al conjunto de los consumidores.

Multas de hasta 60 millones y desconexión de la red durante tres años

El Real Decreto-ley 41/2026 modifica la Ley del Sector Eléctrico y la Ley 18/2014 para incorporar las obligaciones de los centros de datos a sus respectivos regímenes sancionadores.

En materia de consumo eléctrico, la norma considera infracción grave que estas instalaciones incumplan en más de un 25% los requisitos de adicionalidad y correlación horaria. La sanción económica podrá oscilar entre los 600.001 y los seis millones de euros.

El incumplimiento reiterado se considera una infracción muy grave, castigada con multas de entre 6.000.001 y 60 millones de euros. Además de la sanción económica, la Administración podrá suspender los permisos de acceso y conexión a la red durante un máximo de un año en los casos graves y de tres años en los muy graves.

El incumplimiento reiterado se considera una infracción muy grave, castigada con multas de entre 6.000.001 y 60 millones de euros

El régimen sancionador también contempla las infracciones relacionadas con la eficiencia energética y el uso del agua. El incumplimiento de estos requisitos podrá considerarse grave o muy grave en función de su reiteración, con multas de hasta 60 millones de euros.

La competencia para iniciar e instruir los procedimientos corresponderá a la dirección general competente de la Secretaría de Estado de Energía. En el caso de las infracciones muy graves, la imposición de las sanciones corresponderá al Consejo de Ministros.

Compensaciones para que los centros de datos contribuyan a abaratar la electricidad

La otra gran novedad del real decreto-ley es la creación de un mecanismo de compensación económica para los centros de datos que no alcancen los objetivos de generación renovable adicional o de cobertura horaria.

El sistema busca que estas instalaciones asuman parte de los costes que su consumo puede generar cuando el sistema eléctrico necesita recurrir a centrales de respaldo, como las de gas, para garantizar el suministro. Los ingresos obtenidos se destinarán a financiar los mecanismos de capacidad y, en su caso, otros costes adicionales para los consumidores.

El mecanismo se articula mediante dos conceptos. El primero es la adicionalidad, que mide cuánto consumo eléctrico está respaldado por nueva generación renovable. Si el centro de datos no alcanza el 80% exigido, deberá abonar una compensación que dependerá de su grado de cumplimiento. La cuantía será de 6, 12, 19 o 25 euros por megavatio hora (MWh), en función de la proporción de generación renovable adicional que aporte.

El segundo concepto es la correlación horaria: no basta con disponer de contratos de electricidad renovable o acreditar generación limpia a lo largo del año. La instalación debe garantizar que, en cada hora, al menos el 80% de la energía que consume está respaldada por electricidad renovable generada en ese mismo periodo.

Cuando no se alcance ese porcentaje, se aplicarán compensaciones adicionales de entre 2 y 16 euros por MWh, también graduadas según el nivel de desviación.

La suma de ambos conceptos puede alcanzar los 41 euros por MWh. El objetivo declarado por el Ejecutivo es que las instalaciones contribuyan a cubrir los costes que su patrón de consumo puede trasladar al sistema, y no que esas cargas recaigan sobre el resto de los usuarios. El real decreto-ley precisa que estas compensaciones no tienen carácter punitivo, sino que buscan restablecer o compensar los costes inducidos por los incumplimientos.

El 80% de electricidad renovable y los requisitos de eficiencia

El Real Decreto 1032/2026, publicado también este sábado, desarrolla las condiciones que deberán cumplir los centros de datos para conectarse a las redes de transporte y distribución eléctrica.

En el ámbito energético, establece dos obligaciones principales. Por un lado, el requisito de adicionalidad exige que al menos el 80% del consumo esté cubierto por generación renovable adicional, mediante autoconsumo, contratos de compra de electricidad a plazo o instalaciones de almacenamiento, conforme a las condiciones fijadas en la norma. Esa generación deberá ser nueva y, con carácter general, haberse incorporado al sistema en los 36 meses anteriores a la entrada en funcionamiento del centro de datos.

Por otro, la correlación horaria obliga a respaldar al menos el 80% de la electricidad consumida en cada hora con generación renovable producida en ese mismo periodo.

La regulación incluye, además, exigencias de eficiencia energética e hídrica. Los centros deberán acreditar que sus infraestructuras alcanzan la clase A en ambas categorías, aunque los plazos de exigibilidad son distintos: dos años desde la puesta en funcionamiento para la eficiencia energética y uno para la hídrica.

Más de 15 gigavatios de permisos para centros de datos

El Gobierno justifica la nueva regulación por el crecimiento de las solicitudes y los permisos de acceso a la red de estas instalaciones. Según los datos recogidos en el real decreto, los centros de datos acumulan más de 15 gigavatios (GW) de capacidad de acceso concedida entre las redes de transporte y distribución.

La cifra supera las previsiones de despliegue recogidas en la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que calcula entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica para estas infraestructuras en 2030. El Ejecutivo advierte de que un crecimiento desordenado podría competir con la capacidad disponible para otros usos industriales y residenciales y elevar las necesidades de generación de respaldo.

La preocupación reside, especialmente, en que los centros de datos mantienen un consumo eléctrico elevado y relativamente constante, con menor capacidad para adaptarse a las horas en las que la generación renovable es más abundante. Si esa demanda adicional no va acompañada de nueva capacidad limpia, puede aumentar el recurso a tecnologías de generación convencionales y repercutir en los precios de la electricidad.

Con el nuevo marco, el Gobierno pretende condicionar el acceso a la red a criterios de sostenibilidad, eficiencia y soberanía digital, además de establecer consecuencias económicas y administrativas para los incumplimientos.

¿Cuándo entran en vigor las nuevas sanciones?

El Real Decreto-ley 41/2026 entra en vigor el domingo 22 de noviembre, un día después de su publicación en el BOE. Como toda norma de este rango, deberá ser sometido a debate y votación de convalidación en el Congreso de los Diputados dentro del plazo constitucional de 30 días.

Por su parte, el Real Decreto 1032/2026 establece los requisitos técnicos y los plazos de adaptación para las instalaciones afectadas. Entre otras medidas transitorias, los proyectos que ya tengan permisos de acceso y conexión, pero todavía no estén conectados a la red, dispondrán de seis meses para acreditar el cumplimiento de las nuevas condiciones o se arriesgarán a perder esos permisos.

De este modo, las dos normas publicadas en el BOE completan el nuevo marco regulatorio de los centros de datos: una concreta las obligaciones para su despliegue y la otra establece las consecuencias legales y económicas de incumplirlas.