El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha planteado que la Generalitat asuma la ejecución de obras de mantenimiento y ampliación de la AP-7, una de las infraestructuras más tensionadas de Cataluña por su volumen de tráfico y por los problemas recurrentes de congestión.
La propuesta pasa por acordar con el Gobierno central una nueva encomienda de gestión. Con esa fórmula, el Estado mantendría la titularidad de la infraestructura y financiaría las actuaciones, mientras que la Generalitat se encargaría de gestionarlas, adjudicarlas y ejecutarlas.
Junqueras defiende que la medida podría concretarse “inmediatamente” en una reunión bilateral entre la Generalitat y el Ejecutivo español después de las vacaciones de verano.
Una sociedad mercantil para ejecutar inversiones
El líder republicano reclama formalizar en septiembre una nueva Sociedad Mercantil de Inversiones de Cataluña, ya prevista en el acuerdo entre ERC y el Govern de Salvador Illa en el marco de los últimos presupuestos catalanes.
El objetivo de este nuevo instrumento sería realizar estudios, redactar proyectos y garantizar la ejecución de inversiones del Estado en Cataluña.
Para ERC, la sociedad debe servir para evitar que las inversiones presupuestadas queden atrapadas en retrasos administrativos o en niveles bajos de ejecución. La idea de fondo es clara: si el Estado no ejecuta lo comprometido, Cataluña debe contar con herramientas propias para hacerlo.
La inversión del Estado vuelve al centro del debate
La propuesta llega después de que los últimos datos de la Intervención General del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, situaran en el 8,6% la inversión regionalizable ejecutada por el Estado en Cataluña en 2025.
Junqueras ha utilizado esa cifra para reforzar su diagnóstico político: “El Estado debe responder ante su ineficacia con más soberanía para Cataluña, con más herramientas, con más competencias y con más recursos”.
ERC vuelve así a colocar la ejecución presupuestaria en el centro de su agenda. No se trata solo de reclamar más dinero, sino de exigir capacidad de gestión sobre las obras que afectan directamente al territorio catalán.
La AP-7, una autopista bajo presión
La AP-7 se ha convertido en una infraestructura especialmente sensible desde el fin de los peajes.
La liberalización de la autopista multiplicó su uso y trasladó más tráfico pesado y privado a un corredor que ya era fundamental para la movilidad del litoral mediterráneo. Desde entonces, las retenciones, los accidentes y la saturación en determinados tramos han alimentado la presión política sobre el Estado.
Junqueras plantea que la nueva encomienda tenga un doble objetivo: asegurar el buen mantenimiento de la vía y ampliar su capacidad donde sea necesario.
Para ERC, la AP-7 no puede seguir dependiendo únicamente de los ritmos del Ministerio de Transportes si Cataluña tiene capacidad técnica y administrativa para acelerar las actuaciones.
Eje Pirenaico y N-II: las otras prioridades
La AP-7 no es la única infraestructura que ERC quiere incorporar a esta estrategia. Junqueras también ha pedido reforzar las encomiendas de gestión ya existentes en el Eje Pirenaico, la N-260, y en la N-II en la comarca del Maresme.
En el caso del Eje Pirenaico, ya se formalizó una encomienda financiada con 260 millones de euros. El líder de ERC propone añadir otros 300 millones para ampliar el alcance de las actuaciones.
En la N-II, los republicanos también quieren aumentar el importe actual, situado en 384 millones de euros, aunque Junqueras no ha concretado una cifra adicional.
Qué es una encomienda de gestión
La encomienda de gestión permite que una administración ejecute una actuación cuya titularidad corresponde a otra.
En este caso, el Estado seguiría siendo titular de las carreteras y asumiría la financiación. La Generalitat, en cambio, gestionaría los proyectos y la adjudicación de las obras.
La fórmula ofrece a ERC una vía intermedia entre dos objetivos: no esperar a que el Estado ejecute directamente las inversiones y, al mismo tiempo, no renunciar a que sea el Gobierno central quien aporte los recursos económicos.
Para Junqueras, esa vía permitiría ganar eficacia sin abrir una batalla competencial más larga.
ERC no renuncia al Consorcio de Inversiones
La Sociedad Mercantil de Inversiones no sustituye por completo la vieja aspiración de ERC de crear un Consorcio de Inversiones.
Los republicanos sostienen que ese consorcio sería la mejor herramienta para garantizar la ejecución de las inversiones estatales en Cataluña. Pero su creación requeriría el aval del Congreso, y Junqueras recuerda que Junts lo bloqueó al votar en contra.
Ahora ERC quiere volver a llevar la propuesta a la Cámara Baja. Junqueras espera que Junts sea esta vez “un poco más responsable” y permita avanzar en un instrumento que, según los republicanos, serviría para defender los intereses materiales de Cataluña.
Presión también a Junts y al PSC
La propuesta tiene una doble dirección política. Por un lado, ERC presiona al PSOE y al Govern de Salvador Illa para que cumplan los compromisos adquiridos y acepten transferir más capacidad de gestión a Cataluña.
Por otro, Junqueras intenta situar a Junts ante una contradicción: bloquear herramientas de inversión catalanas mientras reclama más soberanía frente al Estado.
El mensaje de ERC es que la disputa soberanista debe traducirse en competencias útiles, recursos concretos y obras ejecutadas, no solo en declaraciones políticas.
Un consejo asesor con agentes económicos y sociales
Junqueras también ha pedido constituir una especie de consejo asesor con agentes sociales y económicos de Cataluña. La idea, incluida en el pacto presupuestario, es escuchar e implicar a sindicatos, patronales, cámaras de comercio, universidades y otros actores del país en la mejora de la ejecución de las inversiones.
ERC cree que si esos sectores empujan en la misma dirección, al PSC le resultará más difícil “arrastrar los pies” y a Junts le será más complicado “votar contra Cataluña”. La estrategia busca ampliar la presión más allá de los partidos y convertir la ejecución de infraestructuras en una demanda transversal.
La financiación y el IRPF, el otro frente
La entrevista de Junqueras también ha abordado el nuevo modelo de financiación para Cataluña.
ERC quiere introducir en la tramitación en el Congreso la posibilidad de que el Ejecutivo central delegue en la Generalitat las competencias de gestión y recaudación del IRPF.
La cuestión forma parte del pacto de investidura de Salvador Illa y ha sido uno de los grandes puntos de fricción entre ERC y el PSC. La falta de avances en esta carpeta llevó a los republicanos a rechazar la negociación del primer proyecto presupuestario del Govern.
Junqueras admite que será “difícil” que el PSOE acepte esa delegación porque, según ha dicho, los socialistas siempre “arrastran los pies” cuando Cataluña reclama nuevas herramientas, competencias o recursos.
ERC reivindica los acuerdos arrancados al PSOE
Pese a la dificultad, Junqueras defiende que la presión acaba dando resultados.
Ha recordado que al PSOE también le “costó mucho” pactar la condonación parcial de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica y la nueva financiación, pero que finalmente hubo acuerdo.
“Les cuesta mucho, sí, pero de vez en cuando llegamos a acuerdos muy importantes para nuestro país”, ha resumido.
Ese es el marco en el que ERC quiere mover ahora la carpeta de infraestructuras: presión política, negociación bilateral y creación de instrumentos propios para ejecutar lo que el Estado no ejecuta.
Infraestructuras como soberanía práctica
La propuesta de Junqueras encaja en una línea política que ERC intenta reforzar: presentar la soberanía no solo como una cuestión institucional, sino como capacidad de resolver problemas concretos.
Carreteras colapsadas, obras pendientes, baja ejecución presupuestaria, inversiones demoradas y financiación insuficiente forman parte del mismo diagnóstico.
Para Junqueras, la respuesta debe ser más capacidad de decisión para Cataluña. En la AP-7, eso significa que la Generalitat pueda ejecutar obras de mantenimiento y ampliación. En la N-II y la N-260, que las encomiendas crezcan. En financiación, que Cataluña gestione más impuestos.
ERC quiere que septiembre marque el inicio de esa nueva fase. La primera prueba será comprobar si el Gobierno central acepta que la Generalitat no solo reclame inversiones, sino que también las ejecute.