El Congreso ha reactivado el proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. La ponencia de la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación cerró el jueves 20 de abril sus trabajos y envió la norma a Comisión.
Este miércoles está previsto que la iniciativa sea revisada y elevada al Pleno de la Cámara, que tiene la última palabra al haberse aprobado su avocación.
Pese a las tiranteces que pudo tener en un primer momento la norma con su socio, que reprochaba escasa ambición en las exigencias a la industria (y las sanciones por incumplir obligaciones de la ley), el PSOE no espera mayores problemas para enviar el proyecto al Senado.
No después de plantear catorce transaccionales en la ponencia a partir de enmiendas de socios habituales, pero también del PP y Ciudadanos (y lograr su aprobación) y avanzar el apoyo a otras 25, fundamentalmente de Ciudadanos, ERC y el PP.
Pequeños supermercados estaban exentos
Entre los cambios aprobados, uno que evita que los supermercados más pequeños de las cadenas de alimentación escapen al alcance de la norma que obliga a los grandes establecimientos a firmar convenios para prever la donación de excedentes.
En un inicio, el anteproyecto que impulsó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación obligaba a llegar a acuerdos o convenios para la donación de excedentes a los establecimientos de más de 400 metros cuadrados.
El proyecto que llegó a las Cortes lo fijó en 1.300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público, umbral que se mantiene tras su paso por la ponencia, pero con un matiz importante: estarán obligados aquellos establecimientos que operen bajo un mismo código de identificación fiscal y superen el citado límite en su conjunto.
Esto atañe a todos los establecimientos de las cadenas de alimentación que antes podían estar exentos de esta obligación de no alcanzar el límite propuesto por el Ministerio. La propuesta procede de una enmienda transaccional planteada a partir de enmiendas de Unidas Podemos y el BNG.
Responsabilidad civil, contratos públicos y empleo social
Otra propuesta en la ponencia e incorporado ya al dictamen es eximir a las micorempresas de las obligaciones de contar con un plan de aplicación para la prevención de pérdidas y llegar a acuerdos o convenios para la donación de excedentes.
También hay una propuesta para incorporar medidas para la prevención del desperdicio en la contratación pública, como condición especial de ejecución en los pliegos de contratos de servicios de alimentación de instituciones públicas.
Respecto a la donación, la futura ley eximirá de responsabilidad civil y administrativa a oenegés y entidades sociales por posibles defectos de naturaleza, aspecto, duración o envasado cuando los productos ya estuvieran así y no exista dolo, culpa o negligencia.
Finalmente, se incluirá como obligación a estas entidades encargadas de la distribución de alimentos que vinculen estas donaciones a «la promoción de proyectos que posibiliten empleo e inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad”.