El termómetro aprieta, la actividad parlamentaria se paraliza y la gubernamental se relaja. El parón estival supone un punto y seguido de la agenda legislativa, que se retomará en septiembre. ¿Qué deberes pendientes tiene cada ministerio de cara a los próximos meses y cuáles son las prioridades? ¿Qué asuntos han de despachar antes de concluir 2024?
Transición Ecológica y Reto Demográfico
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha hecho casi pleno de lo comprometido para este curso. En el súperpleno del martes 23 de julio, dos dictámenes de proyectos de ley recibieron el visto bueno para ser remitidos ya al Senado: Agentes forestales y medioambientales y Bomberos forestales.
En los próximos meses, ambos deberán concluir su tramitación parlamentaria en la Cámara Alta.
Se deberán seguir dando pasos para concretar la creación de la Comisión Nacional de la Energía. El Consejo de Ministros aprobó en febrero un Anteproyecto de Ley para el restablecimiento de este organismo.
De igual forma, el Ministerio anunció una normativa de productos libres de deforestación y ya ha sacado a Audiencia Pública el Anteproyecto de Ley de Aplicación del Reglamento de Deforestación (EUDR) y del Reglamento FLEGT.
En el Congreso, Ribera ya tiene pendiente un proyecto de ley que modifica el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
El Plan de acción por la democracia que desgranó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, amenaza con ser uno de los temas del verano ya que, según fuentes parlamentarias de sus socios, el Ejecutivo les habría trasladado que tiene intención de avanzar, sin descartar encuentros en el mes de agosto
Pocos son los detalles que, de momento, se conocen. La iniciativa descansaría sobre los pilares del Reglamento de Libertad y Medios de Comunicación por el que se establece un marco común para los servicios de medios y se modifica la Directiva 2010/13. Con ella se pretende que los medios de comunicación informen sobre la propiedad de los mismos y reformar la publicidad institucional para limitar la financiación de administraciones a lo que califica como “pseudomedios”.
También se prevén medidas de transparencia y participación ciudadana, una nueva Ley de Administración Pública que mejore cuantitativa y cualitativamente la información gubernamental; se dispondrán 100 millones de euros para digitalizar medios y se plantearán reformas de los reglamentos de Congreso y Senado.
El Gobierno pretendía que la Ley Orgánica del Derecho de Defensa estuviera publicada en el BOE antes de concluir julio. Sin embargo, continúa en el Senado y no se espera que reciba luz verde definitiva hasta septiembre. El PP recurrirá a su mayoría absoluta para retirar del articulado, entre otras cosas, el blindaje al uso de lenguas cooficiales ante la Justicia.
De la mano de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, Félix Bolaños pretende aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. El diputado del PSOE y ponente de la Ley de Derecho de Defensa, Joaquín Martínez, confirmó en una entrevista en Demócrata que el texto podría llegar al Congreso en los próximos meses y su propósito será actualizar la vigente, que data de 1996.
En el Congreso, tiene pendiente el Proyecto de Ley Orgánica sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la UE, para su adecuación a la normativa sobre el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales; así como el Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de Acciones colectivas para la Protección y Defensa de los Derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Interior
Fernando Grande-Marlaska tiene ante sí uno de los asuntos calientes de lo que resta de 2024: la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como Mordaza.
Fue un compromiso de la pasada legislatura y decayó por falta de acuerdo con dos de sus socios principales, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu; y el Ejecutivo ha vuelto a rescatarlo. O al menos, parte de él.
Sumar fue el grupo parlamentario que registró como proposición de ley la última versión del dictamen de la ponencia sin los dos puntos que provocaron el rechazo de los republicanos y la izquierda abertzale: el uso de pelotas de goma y las devoluciones en caliente.
Yolanda Díaz asegura que cerró con Pedro Sánchez un acuerdo para acometer la reforma en el marco del Plan de Acción por la Democracia; aunque los socialistas únicamente han confirmado que revisarían el delito de injurias.
El grupo parlamentario liderado por Díaz tiene intención de elevar al Pleno la proposición de ley tan pronto como dispongan de cupo. Será entonces cuando volverán a moverse las piezas del tablero.
Además, el Pleno del Congreso tomó en consideración la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica General Penitenciaria para reconocer, a efectos legales, el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.
Educación, Formación Profesional y Deportes
La ministra Pilar Alegría se comprometió a impulsar una Ley del Deporte para Mujeres y Personas Trans, articulado del que aún se desconocen los detalles.
Además, el Pleno del Congreso tomó en consideración la Proposición de Ley para garantizar el derecho a la autonomía de la voluntad de los y las deportistas, impulsada por Esquerra Republicana y que permanece en fase de ampliación de enmiendas.
Cultura
El Ministerio comandado por Ernest Urtasun prevé avanzar en una de las leyes clave del sector: la del Cine. El articulado decayó la pasada legislatura por el adelanto electoral.
Se espera que, primero, se apruebe el Proyecto de Ley de Creación de la Oficina de Derechos de Autor y Conexos (que ya superó el debate de totalidad); y ya después, el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual siga sus pasos.
Sanidad
La cartera comandada por Mónica García es la que más agenda regulatoria tiene por delante. La ministra de Sanidad troceó en tres partes el Proyecto de Ley de Equidad que en su momento impulsó Carolina Darias (Ley Darias), dos fragmentos se encuentran ya en el Congreso: el Proyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud y el Proyecto de Ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud aguardan su turno para ser elevados al Pleno.
La tercera pata, sería el Proyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS (Ley anti-privatizaciones), está en fase de Consulta Pública Previa.
Por otro lado, el Proyecto de ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública y se modifica la Ley General de Salud Pública, se encuentra en fase de enmiendas al articulado.
Asimismo, Sanidad ya ha sacado a Consulta Pública Previa un Anteproyecto de ley para la modificación de la ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco; prevé impulsar un RD sobre el acceso excepcional al título de médico especialista de Medicina Familiar; un Proyecto de RD para regular el Sistema de Vigilancia de Sanidad Ambiental; y otro Real Decreto para regular la financiación de los productos sanitarios con receta.
Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
El ministro Pablo Bustinduy tiene en lo alto de la cúspide de su agenda de prioridades el Proyecto de Ley de Familias, que se encuentra paralizado en el Congreso de los Diputados al calor de sucesivas ampliaciones de enmiendas.
También pretende dar pasos para la comprometida Ley de Cuidados y Dependencia, así como implementar la recientemente aprobada Estrategia Nacional de Cuidados, aprobar el RD relativo a la Seguridad de los Productos y el Proyecto de Ley de Consumo Sostenible.
Asimismo, Bustinduy se comprometió a regular en 2024 la publicidad dirigida al público infantil de manera que se prohíban las comunicaciones comerciales de alimentos y bebidas con alto contenido en sodio, azúcares, edulcorantes, grasas y ácidos grasos saturados con el propósito de proteger los derechos a la salud y al desarrollo integral de niños y niñas.
Mención especial merece la Ley ELA. Hasta tres proposiciones de ley obran en manos de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo del Congreso, una del PP, otra de Junts y la que aspira a absorber a ambas, la del PSOE, que incluye a todas las enfermedades neurodegenerativas. ¿Será en el siguiente periodo de sesiones cuando se encarrile el asunto?
Ciencia, Innovación y Universidades
Una de las legislaciones más esperadas, por su carácter innovador, es la Ley del Espacio, anunciada por la ministra Diana Morant. Sin embargo, todavía no hay fechas previstas para su alunizaje en el Consejo de Ministros.
Igualdad
La cartera dirigida por Ana Redondo afronta la segunda mitad del año con un sabor un tanto agridulce. Por un lado, ya ha concluido su camino hacia el BOE el Proyecto de Ley de Paridad; pero por otro, el Congreso rechazó tomar en consideración la Proposición de ley por la que se modifica el Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.
Entre las iniciativas que podría impulsar, se encuentran la Ley para tipificar como delito la tercería locativa y una Ley integral de trata y explotación.
Transformación Digital y de la Función Pública
El Ministerio de José Luis Escrivá es, junto con Sanidad, uno de los que más plancha tiene por delante para los próximos meses. Con el Proyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado en el Congreso, una de sus prioridades es el impulso de un Acuerdo de país por la Inteligencia Artificial, un hito que allanaría el camino a transponer toda la legislación europea al respecto. Cabe recordar que el Parlamento Europeo ya aprobó una Ley de IA.
Escrivá garantizó que antes de concluir 2024 comenzaría los trámites para llevar al Congreso una Ley de Ciberseguridad; y en paralelo, deberá seguir tramitando el Anteproyecto aprobado en Consejo de Ministros sobre la protección de menores en entornos digitales.
Y en los últimos compases de 2024, de cara a 2025, tiene como objetivo implementar un nuevo modelo para eliminar la tasa de reposición de funcionarios.
También podría impulsarse la reforma de la Ley del Procedimiento Administrativo Común para eliminar la obligatoriedad de las citas previas y la creación de una Agencia para evaluar las políticas públicas.
Juventud e Infancia
Sira Rego tiene pendiente de llevar al Consejo de Ministros dos leyes que adelantó: la de Derechos de la Juventud y una de Protección integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia.










