La Ley de Lobbies es ya una realidad… pero sólo en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ya hace una semana que fue publicada y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aún no ha puesto en marcha el registro, base de la nueva regulación.
Y es que toda persona, física o jurídica, o plataforma sin personalidad jurídica que aspire a ejercer actividad de influencia sobre personal o cargo público tiene la obligación de darse de alta en el registro. Y el retraso
Según han informado a DEMÓCRATA fuentes en el sector de los asuntos públicos, varios ministerios han denegado reuniones a organizaciones empresariales por no estar registrados en el que no es posible registrarse.
Ya está en vigor
La obligación entró en vigor el 27 de agosto, al establecer el Gobierno su entrada en vigor a partir del día siguiente de su publicación. No hubo período transitorio ni supeditó la obligación a un posterior desarrollo reglamentario, si bien sí se prevé “normativa de desarrollo” posterior en su artículo 5.2.
“El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que se adscribe el Registro de grupos de interés, será el responsable de la gobernanza y gestión del mismo, teniendo, asimismo, atribuidas las potestades de seguimiento y control previstas en este real decreto-ley y en su normativa de desarrollo”, reza el artículo.
Jurídicamente ya está creado
Jurídicamente, el Registro de grupos de interés de la Administración General del Estado ya está creado, ya que su creación se contempla como tal en el artículo 5 de la norma. Sin embargo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, al que se adscribe este registro y autoridad responsable de su gobernanza y gestión, aún no lo ha puesto en marcha.
La página web del Consejo sí contempla un apartado específico para grupos de interés que anuncia, junto a un apartado de preguntas frecuentes, su futura puesta en marcha.
“Próximamente estará disponible el formulario electrónico que permitirá iniciar el procedimiento de inscripción, lo que se comunicará a través de los canales oficiales de este Consejo”, reza este apartado, con un correo para realizar consultas.
¿Cuál es el problema? Que, aunque el registro no esté operativo, la obligación de estar dado de alta ya existe. Y no sólo eso. También el resto de obligaciones que derivan de ella.
Por ejemplo, la de los altos cargos de la Administración, que deben comprobar que todo grupo de interés que trata de mantener un encuentro estén debidamente inscritos o, por lo menos, cuenten con una declaración responsable comprometiéndose a ello en un plazo de tres días hábiles.
Reuniones denegadas
La falta de registro está afectando a su actividad. Según ha podido saber DEMÓCRATA, varios ministerios han denegado reuniones a organizaciones empresariales por no estar dados de alta en el registro.
Una de las entidades afectadas acudió la semana pasada al Consejo de Transparencia, para preguntar por el estado de los trabajos, y la respuesta no invitaba a una puesta en marcha inminente.
¿Qué llegará antes? ¿El registro o la votación?
Para más inri, la normativa aún puede ser derogada por el Congreso en las próximas semanas, ya que aún no ha sido convalidada.
La Cámara tendrá que celebrar el debate y votación del decreto-ley en el plazo de un mes y está por ver si el Gobierno cuenta con los apoyos suficientes para sacarlo adelante.
Desde el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, que es el que ha pilotado los trabajos de la nueva ley, aseguraban hace unos días que las medidas aprobadas eran ampliamente compartidas por una mayoría de la Cámara.
Sin embargo, se resistían a dar por sentado los votos necesarios para poder convalidar el decreto-ley.
Si no los tiene, la Ley de Lobbies será derogada por el Congreso, y es posible que su registro ni siquiera haya echado a andar.