El portavoz del Gobierno del Principado, el socialista Guillermo Peláez, se ha pronunciado este martes sobre el borrador del dictamen elaborado por la presidenta de la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores, Covadonga Tomé.
En ese documento se identifican siete cargos políticos como responsables de lo sucedido, entre ellos los actuales presidentes de la empresa pública Grupo Hunosa y de la Autoridad Portuaria de Gijón, Enrique Fernández y Nieves Roqueñí.
No obstante, Peláez ha cuestionado que exista base para esos “señalamientos personales”. Desde la sede de Presidencia del Principado, ha subrayado que el borrador no acredita una relación de causa-efecto entre los trámites administrativos y la explosión de grisú que acabó con la vida de los trabajadores.
“La responsabilidad directa, como digo, es de la empresa Blue Solving, que estaba llevando a cabo una actividad ilegal, no amparada por la Administración del Principado de Asturias”, ha insistido Peláez, que ha precisado que hablaba en nombre de la “parte mayoritaria” del Gobierno del Principado, la socialista. En Asturias gobiernan en coalición PSOE y Convocatoria-IU.
Según el portavoz, la empresa es la responsable directa del siniestro porque desarrollaba una actividad extractiva de carbón “ilegal” y “clandestina”, con unas condiciones laborales “deplorables”.
En este contexto, considera injustificado que se atribuyan responsabilidades a exconsejeros del Principado y a los funcionarios señalados en el borrador del dictamen. “No entendemos que se produzcan esos señalamientos personales ni técnicos en los términos en los que se expresa ese borrador”, ha afirmado.
Interpelado por la prensa sobre una de las recomendaciones del texto, la que plantea adelantar indemnizaciones a las víctimas y a sus familias, Peláez ha introducido matices.
“Para el reconocimiento de indemnizaciones tiene que haber un procedimiento administrativo donde se reconozca esa causalidad directa e inmediata entre la actividad administrativa y el supuesto lesivo y, por tanto, eso requiere de un procedimiento administrativo”, ha puntualizado.