La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Covadonga Tomé, ha avanzado que presentará 39 alegaciones al proyecto de ley de Vivienda que se debate en el Parlamento asturiano, cuya ponencia arranca este viernes. En una comparecencia ante la prensa en Oviedo, ha señalado que el Ejecutivo regional debería ser "aún más valiente" en esta cuestión.
Durante su intervención ante los medios, Tomé ha detallado parte de sus propuestas y ha indicado que algunas de ellas constituyen "líneas rojas", aunque ha evitado precisar cuáles en concreto.
Entre sus planteamientos figura la ampliación del concepto de "gran tenedor" de vivienda en Asturias a los propietarios con cinco o más pisos en un mismo municipio, en lugar del criterio autonómico general, con la intención de reforzar la futura normativa. La parlamentaria ha explicado que su objetivo es impedir que quienes concentran una "gran concentración de viviendas" en una sola localidad queden excluidos de esa categoría.
Otra de las alegaciones se centra en incorporar el "acoso inmobiliario" al articulado de la ley, de forma que se considere una infracción muy grave sancionable con multas de "hasta 900.000 euros". Tomé ha argumentado que, aunque el ámbito penal no corresponda a la comunidad autónoma, su inclusión en la legislación regional permitiría "activar herramientas propias de prevención, de inspección y de sanción administrativa" frente a prácticas de hostigamiento dirigidas a forzar la salida de inquilinos de sus viviendas.
En este paquete de cambios, la diputada reclama igualmente un "plan estratégico de incremento del parque público" que fije metas cuantificadas para llegar al menos al 15% de vivienda pública antes de 2040.
A su juicio, resulta esencial establecer una "planificación obligatoria y una base de seguridad jurídica" que asegure el derecho a la vivienda en el contexto actual de crisis, que, según ha advertido, "está facilitando la gentrificación" y expulsando a residentes de sus barrios.
Tomé propone además introducir el derecho de "adquisición preferente" mediante los mecanismos de tanteo y retracto sobre inmuebles privados en zonas concretas, una herramienta que considera "absolutamente coherente con la función social de la propiedad".
Ha precisado que esta figura no implica una expropiación ni establece un precio de venta, sino que faculta a la Administración a comprar la vivienda "en igualdad de condiciones económicas" con el fin de reforzar el parque residencial disponible.
La representante del Grupo Mixto ha insistido también en la necesidad de intervenir sobre las viviendas vacías. Ha recordado que en Oviedo hay más de 9.000 inmuebles desocupados y ha planteado vetar nuevas licencias de uso turístico en las "zonas tensionadas".
Tomé ha rematado su intervención subrayando que, ante el contexto actual, la norma debe incorporar todas las herramientas posibles para "limitar esa adquisición de viviendas con fines especulativos" y asegurar que el Principado disponga de un marco legal capaz de proteger de forma efectiva a las personas consumidoras y usuarias.