Um passo mais perto de descarbonizar a economia com hidrogênio verde

Tras la autorización de la Comisión Europea, el Gobierno neerlandés no puede limitarse a “poner en marcha” el régimen de ayudas de forma automática: debe completar una serie de pasos jurídicos y administrativos internos para darle cobertura legal, dotarlo presupuestariamente y organizar su gestión. En términos generales, estos pasos combinan trámites parlamentarios (si hay que modificar leyes o aprobar nuevos créditos) y decisiones del Ejecutivo (reglamentos, órdenes ministeriales, convocatorias). A continuación se describen las fases típicas que, con matices según el tipo de ayuda, suele tener que seguir un Estado miembro como Países Bajos.

1. Verificación interna de la decisión de la Comisión

Una vez recibida la decisión de autorización de la Comisión Europea (decisión de compatibilidad de la ayuda con el mercado interior), la administración neerlandesa realiza primero una revisión jurídica y técnica del contenido:

• Comprobación de condiciones y límites: intensidades máximas de ayuda, beneficiarios elegibles, costes subvencionables, duración del régimen, topes por empresa, etc.
• Ajuste del diseño nacional: si el borrador de régimen que se había preparado en La Haya difiere de lo autorizado por la Comisión, hay que adaptar definiciones, requisitos o importes para garantizar plena coherencia.
• Plan de seguimiento y reporting: identificación de cómo se recabarán los datos necesarios para los informes periódicos a Bruselas y para posibles evaluaciones ex post.

2. Trámites normativos internos

El paso clave es dotar al régimen de una base jurídica válida en el ordenamiento neerlandés. Aquí, la vía concreta depende del instrumento elegido:

• Si la ayuda exige modificar una ley (por ejemplo, fiscal): el Gobierno debe presentar un proyecto de ley ante los Estados Generales. Ello implica:
  • Remisión del proyecto a la Cámara de Representantes (Tweede Kamer), debate en comisión y en pleno, posibilidad de enmiendas y votación.
  • Remisión posterior al Senado (Eerste Kamer) para un segundo examen, centrado en la calidad jurídica y la coherencia del texto.
  • Si ambas cámaras aprueban, sanción real y publicación en el boletín oficial neerlandés.
• Si basta con una norma reglamentaria o un esquema de subvenciones: el ministerio competente suele aprobar un decreto ministerial o un reglamento de ayudas, amparado en una ley marco de subvenciones o presupuestaria ya existente. En estos casos:
  • Se siguen los procedimientos internos de elaboración normativa (borrador, consultas interministeriales, control jurídico).
  • En ocasiones se informa o se somete a control ex ante o ex post de comisiones parlamentarias, aunque no siempre hay votación formal.
  • La norma se publica en el diario oficial neerlandés para su entrada en vigor.

3. Dotación y ajuste presupuestario

Todo régimen de ayudas exige una cobertura en los Presupuestos Generales del Estado o en los presupuestos de los ministerios implicados:

• Inclusión en el presupuesto anual: si el programa fue previsto de antemano, la autorización de la Comisión activa créditos ya aprobados por el Parlamento.
• Modificación presupuestaria: si no estaba previsto o requiere importes mayores, el Gobierno debe tramitar una enmienda presupuestaria o un suplemento de crédito, que normalmente requiere aprobación parlamentaria.

4. Organización administrativa e implementación

En paralelo o después de los trámites normativos y presupuestarios, el Gobierno neerlandés debe organizar la aplicación práctica del régimen:

• Designación del organismo gestor: por ejemplo, una agencia de desarrollo, una entidad de innovación o una unidad especializada del ministerio.
• Elaboración de bases y convocatorias: formularios de solicitud, criterios de evaluación, calendarios, procedimientos de resolución y de recurso.
• Sistemas de control y verificación: mecanismos para prevenir la acumulación indebida de ayudas, el doble financiamiento o el incumplimiento de las condiciones de la decisión de la Comisión.

5. Obligaciones de transparencia y control ante la UE

Una vez en vigor el régimen, el Gobierno neerlandés asume también obligaciones continuadas frente a Bruselas:

• Publicación de información sobre beneficiarios relevantes en los registros de transparencia estatales o europeos, en los casos en que las normas de ayudas de Estado lo exijan.
• Conservación y remisión de datos durante el período fijado por la Comisión (normalmente varios años) para que pueda ejercer funciones de supervisión y auditoría.
• Notificación de modificaciones sustanciales: si Países Bajos desea prorrogar, ampliar o rediseñar de forma significativa el régimen, normalmente debe volver a notificar o, como mínimo, informar a la Comisión para verificar la compatibilidad.

En resumen, la autorización de la Comisión Europea es un hito imprescindible pero no el último: abre la puerta a un itinerario interno que combina la adaptación normativa (con o sin intervención parlamentaria, según el caso), la asignación de recursos y la organización administrativa necesaria para que el régimen de ayudas pueda aplicarse de forma efectiva y conforme al Derecho de la UE.

La Comisión Europea tiene, según los Tratados, un papel central y casi monopólico en el control de las ayudas de Estado: vigila que los Estados miembros no distorsionen la competencia mediante subvenciones u otras ventajas selectivas y decide qué ayudas son compatibles con el mercado interior. Este poder se articula principalmente en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). A partir de ellos se derivan sus competencias de investigación, decisión, control posterior y coordinación con los tribunales nacionales. Todo ello está sometido a límites y garantías, en particular al control jurisdiccional del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Marco jurídico básico: artículos 107 a 109 TFUE

El artículo 107 TFUE define el concepto de ayuda de Estado y establece el principio general de incompatibilidad con el mercado interior, salvo excepciones. A partir de ahí:

• Art. 107.1 TFUE: declara incompatibles, en principio, las ayudas concedidas por los Estados o mediante fondos estatales que falseen o amenacen falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones y afecten a los intercambios entre Estados miembros.
• Art. 107.2 TFUE: enumera ayudas que son automáticamente compatibles (por ejemplo, ayudas de carácter social a consumidores individuales sin discriminación por origen del producto, o las destinadas a reparar daños causados por desastres naturales).
• Art. 107.3 TFUE: establece categorías de ayudas que pueden declararse compatibles por la Comisión (desarrollo regional, proyectos de interés común europeo, cultura, etc.) discrecionalmente.

El artículo 108 TFUE regula el procedimiento y asigna a la Comisión un papel de vigilancia permanente, mientras que el artículo 109 TFUE permite al Consejo adoptar reglamentos para la aplicación de los artículos 107 y 108, base de la normativa procedimental y de exención por categorías.

Papel de la Comisión frente a los Estados miembros

El artículo 108 TFUE configura un sistema de control previo y continuo en el que la Comisión:

• Supervisa las ayudas existentes en los Estados miembros y propone medidas apropiadas para su adaptación o supresión.
• Controla las “nuevas ayudas” mediante el deber de notificación previa de los Estados miembros y la regla de suspensión (standstill): en principio, no pueden aplicar la ayuda hasta la decisión de la Comisión.
• Decide si las ayudas notificadas son compatibles, condiciona su autorización o las declara incompatibles y ordena su supresión o modificación.

Los Estados miembros conservan la facultad de diseñar sus políticas de apoyo económico, pero deben hacerlo dentro del marco y los criterios fijados por la Comisión y respetando la obligación de notificar, salvo en los supuestos exentos (ayudas de minimis o ayudas acogidas a reglamentos de exención por categorías).

Poderes de investigación y decisión

Con base en el artículo 108 TFUE y en los reglamentos de procedimiento, la Comisión dispone de amplios poderes de:

• Requerimiento de información: puede solicitar datos detallados a los Estados miembros y, en ciertos supuestos, a empresas beneficiarias o competidoras.
• Investigación preliminar: analiza la medida notificada o denunciada y puede concluir que:
  • no existe ayuda de Estado,
  • la ayuda es compatible,
  • o que hay dudas que justifican abrir un procedimiento formal de investigación.
• Procedimiento formal de investigación: permite recabar observaciones de terceros interesados (otras empresas, Estados miembros, etc.) y culmina en una decisión motivada.
• Decisión final: la Comisión puede:
  • declarar la ayuda compatible (a veces, con condiciones o compromisos),
  • declararla incompatible y ordenar su recuperación con intereses,
  • o constatar que no constituye ayuda.

Control posterior y papel de los tribunales nacionales

Además del control ex ante, la Comisión realiza un seguimiento ex post: verifica el cumplimiento de sus decisiones, puede abrir investigaciones sobre ayudas aplicadas ilegalmente (sin notificación o incumpliendo condiciones) y exigir a los Estados la recuperación efectiva de las ayudas incompatibles.

Los tribunales nacionales también tienen funciones clave:

• Garantizar el respeto de la regla de suspensión (pueden ordenar la devolución de ayudas concedidas sin autorización previa).
• Aplicar directamente los artículos 107 y 108 TFUE en litigios privados (por ejemplo, competidores que impugnan ayudas ilegales).
• Cooperar con la Comisión, que puede emitir orientaciones y dictámenes amicus curiae.

Límites, garantías y papel del TJUE

Las competencias de la Comisión están sometidas a control jurisdiccional pleno por el Tribunal General y el Tribunal de Justicia de la UE. Estados miembros, empresas beneficiarias o competidoras afectadas pueden recurrir las decisiones de la Comisión mediante recurso de anulación. El TJUE revisa la correcta interpretación de los artículos 107–109 TFUE, la observancia de los derechos de defensa, la adecuada motivación y el respeto al principio de proporcionalidad.

Además, a través de las cuestiones prejudiciales planteadas por los jueces nacionales, el TJUE aclara el concepto de ayuda de Estado, los criterios de compatibilidad y el alcance de las obligaciones procesales, lo que actúa como límite e interpretación auténtica de la actuación de la Comisión.

Por último, el artículo 108 prevé que, en circunstancias excepcionales, el Consejo pueda declarar compatible una ayuda que la Comisión considere incompatible, lo que introduce un contrapeso político extraordinario, aunque de uso muy limitado.

Las empresas que quieran optar a subvenciones para producir hidrógeno renovable en Países Bajos se mueven en un doble marco: por un lado, las normas europeas de renovables y de ayudas de Estado (criterios RFNBO, Directiva de Energías Renovables y Directrices CEEAG); por otro, los requisitos específicos que el Gobierno neerlandés introduce en sus esquemas, como el plan de 998 millones aprobado por la Comisión, basado en licitación competitiva, tamaño mínimo de los electrolizadores y obligación de cumplir la definición europea de hidrógeno renovable. Las fuentes disponibles permiten ver con bastante detalle ese marco europeo y cómo se traduce en los grandes programas holandeses aprobados en Bruselas, pero no dan información fina sobre todos los programas internos (por ejemplo, SDE++).

1. Marco europeo que condiciona las subvenciones neerlandesas

Los tres grandes bloques normativos que marcan los requisitos son:

a) Directiva de Energías Renovables y RFNBO

La Directiva de Energías Renovables de 2018, revisada en 2023, fija criterios estrictos para los «combustibles renovables de origen no biológico» (RFNBO), categoría en la que entra el hidrógeno renovable. En la nota de prensa sobre el plan germano‑neerlandés de 3.000 millones para RFNBO se subraya que:

• Los combustibles deben cumplir los criterios de la UE para RFNBO «tal como se establece en los actos delegados sobre hidrógeno renovable» y
• El producto final debe lograr «al menos el 70 %» de ahorro de emisiones en toda la cadena de valor (plan germano‑neerlandés RFNBO).

Ese mismo estándar de cumplimiento de los actos delegados RFNBO se exige en el gran plan neerlandés para producción doméstica de hidrógeno renovable (plan neerlandés de 998 millones).

b) Normas de ayudas de Estado (CEEAG)

Tanto el plan de 998 millones como la ayuda individual de 80 millones a la planta de Djewels B.V. se evalúan bajo el artículo 107.3.c TFUE y las Directrices de 2022 sobre ayudas estatales en materia de clima, protección del medio ambiente y energía (CEEAG):

• La Comisión verifica que la ayuda está orientada a un objetivo de interés común (despliegue del hidrógeno renovable en línea con el Pacto Verde y la Estrategia del Hidrógeno).
• Debe ser necesaria y proporcionada, evitando sobrecompensaciones; de ahí la exigencia de licitación competitiva y, en el caso de Djewels, un «mecanismo de recuperación» si el proyecto genera ingresos superiores a los previstos (ayuda a Djewels).
• Se exige efecto incentivador (el proyecto no sería viable sin ayuda) y limitación temporal de la subvención (5‑10 años en el esquema neerlandés de 998 millones).

c) Objetivos cuantitativos de hidrógeno renovable

En el mismo comunicado del plan de 998 millones se recuerda que la Directiva fijada para 2030 eleva el objetivo global de renovables y establece metas específicas de hidrógeno renovable en la industria: 42 % en 2030 y 60 % en 2035 (plan neerlandés de 998 millones). Estos objetivos respaldan que las ayudas se destinen solo a proyectos que acrediten la contribución efectiva a esa descarbonización.

2. Cómo se traducen estos requisitos en los planes neerlandeses aprobados por la UE

a) Esquema neerlandés de 998 millones para electrólisis

Según la Comisión, el esquema holandés presenta varias condiciones clave para las empresas solicitantes (plan neerlandés de 998 millones):

• Licitación competitiva: las ayudas se conceden mediante un proceso de licitación abierto, lo que obliga a las empresas a competir en coste y eficiencia.
• Tamaño mínimo: solo son elegibles proyectos con al menos 0,5 MW de capacidad de electrólisis, y el objetivo agregado es apoyar «al menos 200 MW» de nueva capacidad.
• Intensidad de ayuda limitada: combinación de una subvención de inversión «de hasta el 80 % de los costes de inversión» y una prima variable durante 5‑10 años, diseñada para cubrir el gap de costes frente al mercado sin sobrecompensar.
• Obligación RFNBO: los beneficiarios «deberán demostrar el cumplimiento de los criterios de la UE para la producción de RFNBO», es decir, trazabilidad del uso de electricidad renovable, cumplimiento de los requisitos de adicionalidad y el mínimo del 70 % de ahorro de emisiones.

b) Ayuda individual de 80 millones a Djewels B.V.

En el caso de la ayuda directa a Djewels B.V. (ayuda a Djewels):

• La empresa debe demostrar una innovación significativa (electrolizador alcalino de 20 MW con alta densidad de corriente, alta presión y menor huella espacial).
• La subvención cubre el «déficit de financiación» del proyecto, y se establece un mecanismo de devolución si el proyecto genera más ingresos netos de lo previsto, reforzando la proporcionalidad.
• Se exige la difusión de conocimientos técnicos derivados del proyecto, lo que añade un componente de interés general más allá del beneficiario individual.

c) Plan germano‑neerlandés para RFNBO importados

El plan de 3.000 millones compartido con Alemania, centrado en RFNBO (hidrógeno incluido), añade otro tipo de requisito relevante para empresas que produzcan fuera de la UE pero quieran vender en Países Bajos y Alemania (plan germano‑neerlandés RFNBO):

• Proyectos de al menos 5 MW de electrólisis y participación en una doble subasta (productores y compradores), con la ayuda estatal cubriendo la brecha entre precio de venta y precio de compra.
• Obligación de cumplir los criterios RFNBO europeos, pese a producir en terceros países, como condición para poder optar a los contratos.

3. Límites de la información disponible sobre SDE++

Las fuentes oficiales europeas analizadas se centran en los grandes regímenes específicos de hidrógeno renovable notificados por Países Bajos a la Comisión, pero no detallan las reglas internas del programa SDE++ ni otros instrumentos puramente nacionales. Por tanto, solo puede afirmarse con seguridad que:

• Cualquier esquema neerlandés de ayudas a la producción de hidrógeno renovable que constituya ayuda de Estado debe ajustarse a las CEEAG y ser aprobado por la Comisión.
• Los proyectos que quieran computar como hidrógeno renovable (RFNBO) y acceder a estos apoyos tienen que cumplir los criterios técnicos y de sostenibilidad fijados a nivel de la UE.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre los requisitos operativos específicos de SDE++ u otros programas internos neerlandeses.