Los alcaldes de Mula, Calasparra y Los Alcázares han coincidido este lunes en exigir una financiación específica para las entidades locales dentro del Proyecto de Ley que regula los bienes de interés turístico de la Región de Murcia.
Los tres responsables municipales han expuesto sus demandas en la Audiencia Legislativa celebrada en el seno de la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo de la Asamblea Regional.
El primero en tomar la palabra ha sido el alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, que ha reclamado que el nuevo texto legal disponga de una financiación “blindada”, advirtiendo de que, sin recursos económicos garantizados por ley, la norma se convertiría en una “expropiación de facto” de las competencias de gestión de los ayuntamientos.
Moreno ha planteado que la ley modifique su título para incorporar de forma explícita el término “financiación” y ha defendido que cada declaración de bien turístico lleve asociada una partida presupuestaria automática.
“La lealtad institucional debe ser recíproca; si la Región quiere presumir de la riqueza de Mula, tiene que cofinanciar ese patrimonio de forma blindada”, ha subrayado el regidor, que ha puesto sobre la mesa la creación de un Fondo de Garantía Patrimonial que asegure la conservación preventiva de los monumentos.
En su intervención, la alcaldesa de Calasparra, Teresa García, ha celebrado que se debata esta ley “necesaria” y ha lamentado que el municipio no cuenta con el “respaldo institucional que merece”.
García ha reclamado al Gobierno regional un reparto equitativo de “recursos reales” entre los municipios para evitar que la norma “no quede en una herramienta para etiquetas que serán etiquetas vacías”.
La regidora ha denunciado la falta de instrumentos para salvaguardar el cañón de Almadenes, Bien de Interés Turístico Cultural, y ha solicitado a la comisión que la Feria Taurina del Arroz de Calasparra sea declarada Bien de Interés Turístico Regional, una petición que, según ha recordado, el Gobierno regional ha rechazado en varias ocasiones.
Asimismo, García ha mostrado su inquietud al remarcar que, de acuerdo con el proyecto de ley, la declaración, modificación y revocación de estos reconocimientos queda en manos de la Consejería de Turismo, sin que intervenga ningún otro órgano evaluador. “Todos somos conscientes del maltrato de la comunidad autónoma a determinados municipios”, ha lamentado.
Además, ha criticado “la ausencia de proporcionalidad en los criterios de acreditación”, al señalar que un municipio pequeño “no tiene la misma capacidad económica que una gran ciudad para llevar a cabo una buena promoción”.
García ha reclamado para Moratalla la construcción de la autovía del Norte, con el fin de atraer visitantes y favorecer el emprendimiento, así como un refuerzo del servicio de urgencias para atender a la población.
La alcaldesa ha pedido que el texto legal incorpore criterios flexibles que permitan la innovación y la mejora de la oferta turística; categorías adaptadas “porque no pueden competir igual los recursos de un pueblo pequeño que los de una ciudad” y un modelo efectivo de colaboración público-privada, en el que empresas y profesionales tengan voz y apoyo.
Por último, García ha señalado que el proyecto de ley constituye una base, “pero está coja”, y ha reclamado que se avance “del reconocimiento a la inversión” sin que ello suponga discriminaciones entre municipios.
El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha defendido que el proyecto de ley de Bienes de Interés Turístico de la Región de Murcia es una herramienta “útil” para reforzar la identidad local, aunque ha advertido de que resultará insuficiente si la Comunidad no asume compromisos claros en materia de financiación, conectividad y sostenibilidad.
Pérez Cervera ha incidido en que el modelo tradicional de “sol y playa” ya no basta y que la competitividad del destino depende ahora de la capacidad de generar valor añadido. Ha criticado también la ausencia de una memoria económica detallada en el texto, apuntando que la normativa concreta con precisión las obligaciones de los municipios pero no los recursos que la Comunidad destinará para respaldarlos.
“No se puede hablar de patrimonio ni de promoción sin inversión”, ha remarcado, tras presentar enmiendas al articulado para reforzar el papel de la Administración regional y evitar que la ley termine siendo un instrumento “discrecional” basado en menciones o premios sin criterios técnicos definidos.
Reacciones de los grupos parlamentarios
En cuanto a los grupos de la oposición, el diputado regional del PSOE, Manuel Sevilla, ha coincidido en que la ley presenta “lagunas importantes” en materia de financiación y accesibilidad, mientras que Ignacio Arcas, de Vox, ha puesto en duda la utilidad de aprobar normas en el boletín oficial si no van acompañadas de campañas de difusión ni de dotación presupuestaria.
Por su parte, el parlamentario del Grupo Mixto, José Luis Álvarez-Castellanos, se ha mostrado “escéptico” ante una ley que considera cargada de “conceptos ambiguos” y que, según ha precisado, podría implicar más cargas que beneficios para las finanzas municipales.
En cambio, María Ángeles Román, del Grupo Parlamentario Popular, ha valorado la ley como un avance necesario para “ordenar y proyectar” una oferta turística diversa que trascienda las fiestas patronales. La diputada ‘popular’ ha defendido que la norma contribuye a consolidar una identidad propia para la Región de Murcia en un contexto de cifras “históricas” de pernoctaciones y de gasto por visitante.