El Comité de Huelga médico ha reclamado este jueves la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García, o, en su defecto, su destitución inmediata, al entender que desde su departamento se mantiene una constante “manipulación del relato” y una “falta de rigor” en las negociaciones, lo que, a su juicio, impide avanzar hacia una salida al conflicto abierto por la reforma del Estatuto Marco.
En un comunicado conjunto, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA) han reiterado su postura crítica con la gestión del Ministerio.
Sanidad ha trasladado a las comunidades autónomas la cancelación de la reunión prevista para este jueves entre el Ministerio, las autonomías y el Comité de Huelga, en la que se iba a tratar la puesta en marcha de mesas de negociación específicas para el personal médico y facultativo. La suspensión se produce después de que el Comité anunciara el martes su rechazo a las propuestas del Ministerio y confirmara que mantiene la convocatoria de huelga para la próxima semana.
“Por ello, consideramos que no resulta útil ni necesario mantener la reunión (...), dado que no apreciamos voluntad de desescalar el conflicto, a pesar de la buena fe del Ministerio y de los numerosos puntos de acuerdo alcanzados hasta el momento”, señala Sanidad en una carta remitida a las consejerías autonómicas, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Las organizaciones sindicales replican que esta versión “no se ajusta a la realidad y omite elementos esenciales del desarrollo de las negociaciones, trasladando la responsabilidad del conflicto al Comité de Huelga y a las comunidades autónomas”.
Según explican, en la reunión celebrada el viernes 17 de abril con responsables de Sanidad, el Ministerio planteó como posible salida al conflicto la creación de mesas de negociación específicas en el ámbito autonómico. A cambio, se comprometía a elevar la propuesta a las comunidades e impulsar un acuerdo a tres bandas que asegurara su puesta en marcha.
Una propuesta “inviable” jurídicamente
Los sindicatos indicaron entonces que estaban dispuestos a valorar esa vía y que “solo” en caso de considerarla adecuada se reunirían posteriormente con las comunidades autónomas. Tras su análisis, concluyeron que la propuesta resultaba “inviable” desde el punto de vista jurídico.
“El marco normativo vigente impide la creación de mesas de negociación propias para el colectivo médico y facultativo sin una modificación previa de la legislación básica estatal. Los fundamentos jurídicos que sustentan esta conclusión son tan claros y contundentes que cuesta creer que los servicios jurídicos del ministerio los desconocieran”, ha manifestado el Comité, que asegura haber comunicado esta decisión al Ministerio, lo que, en su opinión, hacía innecesaria la cita con las autonomías.
“El propio ministerio es conocedor de que cualquier solución efectiva al conflicto requiere necesariamente una reforma de la legislación básica del Estado que permita la creación de una mesa de negociación propia, así como el establecimiento de un estatuto específico para médicos y facultativos”, insisten las organizaciones, que consideran que se trata de “los primeros pasos impresdindibles” para poder abordar el resto de reivindicaciones, entre ellas la clasificación profesional, la jornada y la jubilación.
En este contexto, el Comité acusa al Ministerio de eludir sus obligaciones y de sostener un relato “que desplaza el origen y la persistencia del conflicto hacia otras partes, en lugar de abordar el problema desde el rigor jurídico y la coherencia normativa que la situación exige”.
A su entender, la “sistemática manipulación y tergiversación del contenido de las negociaciones” por parte de Sanidad obedece a la intención de construir un “relato engañoso e interesado”, razón por la que el Comité solicitó que las reuniones quedaran registradas en grabaciones.
“El mantenimiento de esta falta de rigor dificulta seriamente la posibilidad de avanzar hacia una solución a un conflicto que exige respuestas estructurales y no meras propuestas inviables en el marco legal actual”, concluye el Comité de Huelga en su comunicado.