La ministra de Sanidad, Mónica García, ha adelantado este jueves en el Senado que espera que el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias quede aprobado en las “próximas semanas”.
“Necesitamos que la evaluación de la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias en nuestro sistema tenga toda la eficacia, eficiencia y evidencia científica detrás, para poder ofrecer a nuestros pacientes las mejores garantías”, ha subrayado durante su intervención ante la Comisión de Sanidad de la Cámara Alta.
En este marco, la responsable de Sanidad ha reivindicado la actuación del Ministerio para reforzar las políticas farmacéuticas. Ha rememorado que hace poco más de un año se dio luz verde a la Estrategia de la Industria Farmacéutica, cuyo fin es “reforzar el papel del Estado, orientar el desarrollo del sector hacia áreas estratégicas y garantizar que la innovación llegue a quienes la necesitan en condiciones de equidad”.
Además, ha señalado que en las últimas semanas se ha puesto en marcha la Alianza de la Industria Farmacéutica: “Un espacio estable de diálogo y colaboración que reúne a la Administración, a las comunidades autónomas, al sector, a los profesionales sanitarios, a las organizaciones de pacientes y a la sociedad civil”. A juicio de la ministra, esta herramienta impulsa un modelo de gobernanza compartida, “con más transparencia, mejores decisiones y una participación real de todos los actores implicados”.
En coherencia con esta estrategia, ha incidido en que este esfuerzo se completará en las próximas semanas con “dos piezas clave”: el real decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la nueva Ley del Medicamento. “Dos normas que persiguen que las decisiones sobre qué incorporar al sistema se basen en su valor en salud y en el interés de los pacientes, con más transparencia, más coordinación y más previsibilidad”, ha remachado.
Refuerzo de los derechos sexuales y reproductivos
Tras este bloque, García ha puesto en valor que en los últimos días el Ejecutivo ha dado “un paso muy importante” en la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Ha rememorado que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
“Es una decisión relevante, porque eleva este derecho al máximo nivel de protección jurídica y lo sitúa en el marco constitucional, vinculado directamente al derecho a la salud”, ha explicado.
En relación con la aplicación de la ley del aborto, ha señalado que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha “terminado cumpliendo” la normativa y ha puesto en marcha el registro de objetores de conciencia. “Ha habido resistencias, mucho insulto y mucho ruido, pero al final sucede lo que tiene que suceder en un Estado de derecho, las leyes se cumplen”.
Para la ministra, este paso es positivo, ya que Madrid era la única comunidad autónoma que aún no había habilitado este registro, una herramienta que considera “imprescindible” para organizar la prestación y asegurar que el derecho al aborto pueda ejercerse también en la sanidad pública.
“Ahora bien, no nos vamos a quedar ahí. Vamos a estar vigilantes, porque lo importante no es solo crear el registro, sino que el derecho se ejerza de manera real, con garantías y sin obstáculos”, ha concluido.