El magistrado del Juzgado de lo Social n.º 6 de Bilbao, Jaime Segalés, ha remarcado que la evaluación de los riesgos psicosociales que afectan a los profesionales sanitarios debe materializarse en actuaciones preventivas concretas, planificadas y comprobables, y no quedarse en un mero trámite formal.
Segalés ha intervenido en un 'webinar' promovido por la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), en el que se ha abordado por qué, tres décadas después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la gestión de este tipo de riesgos continúa siendo una tarea pendiente en numerosos centros sanitarios.
El abogado y secretario general de AEDS, Alfonso Atela, ha puesto el acento en la reforma en curso de dicha ley, en la que, según ha indicado, se “introduce mucha más carga legal en la parte de los riesgos psicosociales”, lo que interpreta como una prueba clara del creciente peso que esta clase de riesgos está adquiriendo en la regulación laboral.
En sintonía con lo apuntado por Segalés, Atela ha reiterado que el gran déficit de las organizaciones sanitarias radica en no culminar el ciclo de prevención tras la evaluación. A su entender, el problema no es la falta de diagnósticos, sino la ausencia reiterada de puesta en marcha de las medidas correctoras que esos diagnósticos reclaman.
Impacto en la salud mental y necesidad de cambios organizativos
La responsable del Servicio de Psiquiatría en ASISA, Sara Mayero, ha explicado que los sanitarios encadenan retrasos en la atención “minuto a minuto”, soportan la frustración de pacientes que acumulan horas de espera y cargan con una burocracia creciente que se suma a la labor asistencial. Además, ha recordado que, a diferencia de otros sectores, este colectivo “trata vidas humanas”, lo que implica una carga emocional especialmente intensa.
Según ha señalado, esta presión sostenida favorece la aparición de trastornos del sueño, dificultades de conciliación, cuadros depresivos e incluso dudas sobre la propia capacidad para ejercer la medicina, así como trastornos de ansiedad anticipatoria antes de iniciar la jornada laboral. Ante este panorama, ha defendido la necesidad de articular una respuesta organizativa sólida y estructurada.
Mayero también ha centrado la atención en las agresiones al personal sanitario, que, ha indicado, suelen estar normalizadas y se denuncian poco por parte de los propios profesionales. A ello se suma el estigma que todavía rodea a la salud mental. Por estas razones, ha recalcado que no se debe esperar a que el daño sea irreversible, sino activar de forma temprana los recursos preventivos disponibles.
Los riesgos psicosociales, un reto estructural del sistema sanitario
En la clausura del encuentro, el presidente del bufete De Lorenzo Abogados, Ricardo de Lorenzo y Montero, ha incidido en que los riesgos psicosociales del personal sanitario no son un asunto menor, ni una moda pasajera en prevención, ni un problema individual que cada profesional deba afrontar en solitario, sino que “son una realidad organizativa, asistencial, clínica y jurídica que exige pasar de la declaración a la práctica y evaluar correctamente, adoptar medidas eficaces, prevenir el daño, documentar las actuaciones y construir entornos sanitarios más seguros”.
Para finalizar, ha enfatizado que “cuidar a quienes cuidan no es solo una exigencia ética”, sino “también una exigencia preventiva, organizativa y jurídica”, subrayando la obligación de las instituciones de proteger la salud mental y el bienestar de los sanitarios.