La magistrada titular de la Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Laredo ha decidido abrir diligencias por un presunto delito de atentado contra la autoridad tras la denuncia presentada por el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), contra el concejal del PP de Ruesga, David Setién.
Según ha comunicado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la jueza ha recibido el atestado remitido por la Guardia Civil y ha resuelto citar a declarar tanto al denunciante como al denunciado, este último en calidad de investigado, además de a varios testigos de los hechos. Todas estas comparecencias se han fijado para el próximo jueves, 19 de noviembre.
La instructora también ha realizado el correspondiente ofrecimiento de acciones al denunciante, para que pueda personarse si lo estima oportuno, y ha solicitado a la Guardia Civil que lleve a cabo pesquisas sobre la posible existencia de grabaciones o imágenes del momento en que ocurrieron los hechos.
El delegado del Gobierno en Cantabria presentó el 2 de noviembre una denuncia ante la Guardia Civil contra el citado concejal por una presunta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada el domingo 1 de noviembre, cuando Casares se encontraba realizando una visita oficial.
En su denuncia, el también secretario general del PSOE en la comunidad sostuvo que el edil se aproximó a él para reprocharle su postura sobre la protección del lobo y que, en ese momento, le propinó una bofetada, lo que obligó a intervenir al escolta que acompañaba al representante del Gobierno.
El concejal y alcalde pedáneo de Matienzo rechazó posteriormente "de forma absoluta" haber agredido a Casares y denunció una "torticera utilización política" de lo sucedido, unos hechos que, según su versión, no tendrían "cabida alguna en el ámbito jurídico penal".
El 4 de noviembre, el edil prestó declaración ante la Guardia Civil en calidad de detenido y, una vez practicadas las diligencias policiales pertinentes, quedó en libertad.
Tras conocerse lo ocurrido el día 3, cuando Casares lo hizo público, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, señaló que desde la sede de 'Génova' se había puesto en marcha una investigación interna para aclarar lo sucedido y garantizó que habría una respuesta contundente si se confirmaba el uso de la violencia.
Al día siguiente, el PP de Cantabria anunció que aguardaría al desarrollo del procedimiento judicial antes de tomar decisiones, al considerar que la versión ofrecida por el delegado del Gobierno sobre la presunta agresión "no ofrece credibilidad".