El empresario Víctor de Aldama, investigado en la Audiencia Nacional, ha declarado este jueves que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero utilizaba teléfonos seguros y ha indicado que no le consta el cobro de comisiones en Baleares por los contratos de mascarillas adjudicados a la presunta trama durante la pandemia, a diferencia de lo que habría ocurrido en Canarias, según ha matizado.
Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Aldama ha realizado estas manifestaciones ante el juez Ismael Moreno, ante quien comparecía tras ser citado a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por el Govern balear a la presunta red.
En su comparecencia, ha añadido que los supuestos pagos de 10.000 euros que habría entregado a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, no se limitarían a los contratos de mascarillas, sino que también estarían vinculados a presuntos amaños en adjudicaciones de obra pública.
El considerado presunto conseguidor ha explicado igualmente que fue Koldo García quien actuó como enlace entre él y Francina Armengol, y ha señalado que el exasesor llegó a presumir ante él de la relación que mantenía con la expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso.
Además, ha señalado que Zapatero, recientemente imputado en la causa “Plus Ultra”, empleaba teléfonos seguros similares a los usados por la trama de las mascarillas, si bien ha admitido que desconoce si esos terminales procedían de Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil investigado en el “caso Koldo” y que presuntamente habría facilitado esos dispositivos a Koldo y a Aldama.
Durante su declaración, Aldama ha insistido en que era colaborador de la Guardia Civil y que, con ese fin, prestó apoyo económico a algunas unidades del cuerpo mediante la entrega de material o de “merchandising”.
Relación económica entre Aldama y Koldo
La Fiscalía Anticorrupción solicitó la comparecencia de Koldo y Aldama tras el informe de la UCO sobre Baleares, con el objetivo de profundizar en los vínculos entre los integrantes de la presunta organización criminal en la que figurarían, entre otros, Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.
Ese informe subrayaba que los contratos de material sanitario formalizados durante la pandemia de coronavirus “constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo”, una relación que, según los investigadores, permitía al empresario “tener acceso” al exministro.
El documento detallaba igualmente que esta “relación económica” se prolongó hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que “este patrón” de pagos de Aldama no se limitaría “a actuaciones concretas”, sino que estaría orientado “al aseguramiento de su capacidad de influencia” para lograr “un lucro económico”.
Inicialmente, la citación de Aldama estaba fijada para el 14 de mayo, en la misma fecha que la de Koldo y ambos en calidad de investigados, pero el juez Moreno decidió posponer la declaración de Aldama a esta semana, según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, una vez “verificada la agenda de señalamientos” de la Audiencia Nacional.
Koldo se acoge a su derecho a no declarar
Koldo, por su parte, se acogió a su derecho a no declarar, tal y como comunicó a los medios su abogada, Leticia de la Hoz, quien presentó un recurso ante el magistrado que instruye el “caso Koldo” para solicitar el archivo de la causa respecto a su defendido y la suspensión del interrogatorio, al considerar que los hechos sobre los que iba a ser preguntado ya habrían sido enjuiciados por el Tribunal Supremo.
De la Hoz recordó que Koldo había sido llamado a declarar por las mascarillas de Baleares y Canarias cuando “ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas”. “Además, fue objeto de prueba, porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y, efectivamente, se llevó a cabo” en el juicio, explicó, en referencia a los expresidentes de ambas comunidades autónomas.
El juez Ismael Moreno mantiene abiertas varias líneas de investigación, siendo la principal la relativa a las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, una parte de las cuales ya fue analizada por el Supremo con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados, debido a la condición de diputado aforado que ostentaba el exministro cuando fue procesado.
En esta causa también se investigan presuntos amaños en contratos de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para reembolsar gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.