La Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa a los profesionales de los asuntos públicos y el lobby para España, ha reclamado a todos los grupos parlamentarios que aceleren la aprobación de una regulación estatal del lobby, con el objetivo de dotar de mayor transparencia a la interlocución entre el sector público y los grupos de interés.
La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por, entre otros delitos, presunto tráfico de influencias en el marco del caso Plus Ultra, ha generado un debate político y mediático sobre la influencia en la toma de decisiones públicas.
Por ello, APRI trata de arrojar luz, a través de un comunicado al que ha tenido acceso Demócrata, sobre la diferencia entre actividades legítimas de representación de intereses y conductas delictivas como el tráfico de influencias o la corrupción.
“El lobby no es corrupción”
En su nota, APRI ha querido subrayar que el lobby constituye una actividad profesional reconocida y habitual en las democracias avanzadas.
Según la asociación, su función consiste en trasladar a la Administración y a los responsables políticos propuestas, datos y argumentos en defensa de intereses legítimos, siempre bajo criterios de transparencia y conducta ética.
En este sentido, la entidad insiste en que el tráfico de influencias y la corrupción pertenecen al ámbito penal, mientras que el lobby forma parte de los mecanismos normales de participación y representación de intereses en una sociedad democrática.
"El lobby no es corrupción, ni tráfico de influencias, ni uso indebido de relaciones personales", reza el comunicado.
Dieciocho años reclamando una regulación
La asociación recuerda que lleva 18 años defendiendo una normativa que aporte “luz y taquígrafos” a la relación entre representantes públicos y actores privados.
A su juicio, España continúa en una situación anómala al carecer de una ley estatal específica, a diferencia de otras democracias europeas y de las propias instituciones de la Unión Europea.
"España no puede seguir instalada en esta anomalía normativa mientras las instituciones europeas y las principales democracias de nuestro entorno cuentan ya con marcos de transparencia para regular la actividad de los grupos de interés", señala el comunicado.
Las claves de la regulación que propone APRI
Entre las medidas planteadas por APRI figuran un registro obligatorio y gratuito de lobistas, la publicación de las agendas de los cargos públicos, herramientas para conocer la huella normativa de las decisiones legislativas y una autoridad independiente de supervisión.
La asociación sostiene que estas medidas permitirían identificar quién influye en las decisiones públicas, en nombre de quién lo hace y bajo qué reglas.
Transparencia para reforzar la confianza institucional
Así, APRI advierte de que cada día sin una ley específica aumenta la opacidad y deteriora la confianza ciudadana en las instituciones.
Por ello, insta al Congreso a retomar el diálogo parlamentario y culminar cuanto antes la tramitación de una normativa que clarifique el papel de los grupos de interés y refuerce la calidad democrática en España.