El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a un Real Decreto-ley que ordena la paralización de los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio en los partidos judiciales donde los incendios forestales han impedido el normal funcionamiento de los juzgados y el cumplimiento de los términos legales por parte de la ciudadanía y de los profesionales.
Según ha detallado el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes en un comunicado, la medida se aplica de forma concreta a los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules. La decisión se ha adoptado en coordinación con los operadores jurídicos y en respuesta a las solicitudes formuladas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
El objetivo es permitir que las personas afectadas puedan "centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales". Pese a la suspensión general, se mantienen las excepciones habituales para actuaciones urgentes, como los procedimientos de tutela de derechos fundamentales, la protección de menores y las diligencias inaplazables en el ámbito penal.
Del mismo modo, se otorga a los jueces la facultad de acordar las actuaciones necesarias para evitar "perjuicios irreparables" en los derechos de las personas implicadas en los procedimientos.
Refuerzo de la protección y ampliación de plazos concursales
El Real Decreto-ley incorpora además un refuerzo de la protección de empresas y particulares, al permitir que quienes se hayan visto afectados cuenten con un margen adicional para solicitar la declaración de concurso en caso de insolvencia. Igualmente, se suspenden de forma temporal los plazos para reclamar derechos o iniciar acciones judiciales, con el propósito de impedir que la situación de emergencia limite el ejercicio de estas facultades.
En la nota difundida por el departamento se destaca que con estas decisiones "se refuerza la protección de las personas afectadas, se garantiza la seguridad jurídica y se procura que las consecuencias de los incendios forestales no limiten el ejercicio de sus derechos ni el acceso a la justicia".
La norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y se aplicará a los incendios forestales registrados a partir del 23 de julio. Además, los profesionales con domicilio en las zonas dañadas podrán solicitar de forma excepcional la suspensión de plazos o de vistas cuando proceda.