El magistrado de Tarragona que instruye el 'caso Montoro' ha decidido no remitir la causa a los juzgados de instrucción de Madrid al entender que conserva la competencia sobre el procedimiento. Al mismo tiempo, ha fijado para las próximas semanas y hasta el mes de mayo las comparecencias de ocho investigados por la presunta red de tratos de favor fiscales a compañías gasísticas desde el Ministerio de Hacienda dirigido por Cristóbal Montoro, también investigado, y en cuya actuación habría mediado el despacho Equipo Económico, cofundado por el exministro.
Así se recoge en un auto y en una providencia a los que ha tenido acceso Europa Press, en los que el juez instructor rechaza la solicitud de varias defensas que reclamaban que el órgano competente fuera un juzgado de Madrid y no el de Tarragona.
“En el presente caso, habiéndose cometido elementos del tipo en Tarragona, los juzgados de Tarragona son competentes para el conocimiento de las presentes actuaciones”, explica el magistrado en el auto.
En la providencia, el juez fija que las declaraciones de Rubén Folgado, director técnico de Messer, y Karl Hauck, director general de la misma compañía, se desarrollarán el 30 de abril. Las de Patrick Emmanuel Marcel y Teresa Rasero, directivos de Air Liquide, quedan señaladas para el 8 de mayo.
Los otros cuatro investigados --Jorge Pedrazuela, Eduardo Gil, Carlos Romero y Jacobina Escamez-- comparecerán el 8 de mayo a las 12.30 horas y el 12 de mayo a las 11.00, 11.45 y 12.30 horas, respectivamente.
PRESUNTOS DELITOS DE COHECHO O FRAUDE A LA ADMINISTRACIÓN
El instructor trata de esclarecer si Montoro habría sacado partido de su posición al frente de Hacienda para impulsar normas que favorecieran a empresas de gases industriales que figuraban entre la clientela del despacho de abogados Equipo Económico, creado por él cuando estaba fuera del Gobierno y del que se apartó al asumir la cartera ministerial.
En la causa figuran investigadas tanto personas físicas como jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.
En un auto anterior, el juez señalaba que Equipo Económico habría podido plantear a distintas sociedades de diversos sectores reformas normativas que favorecieran sus intereses económicos “en menoscabo del sector público”.
Las diligencias practicadas “ponen de manifiesto la intencionalidad para aprobar una modificación 'ad hoc', es decir, que beneficiase exclusivamente a las gasísticas y dejase fuera a otros sectores”, según recoge la resolución.