El magistrado del Juzgado de Instrucción n.º 6 del Tribunal de Instancia de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, ha dictado un auto en el que acuerda seguir como procedimiento abreviado las diligencias previas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía, dentro de una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE). Esta parte del procedimiento se centra en las supuestas irregularidades en las ayudas que la Administración andaluza habría otorgado, por un total de 54.279.986,16 euros, a la empresa Boliden Apirsa S.L. y a su colectivo de extrabajadores.
En la resolución, notificada este miércoles a las partes y difundida por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el juez adopta esta decisión “por si los hechos denunciados pudieran ser constitutivos” de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El instructor ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo común de veinte días, soliciten la apertura de juicio oral con su correspondiente escrito de acusación, interesen el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional, pidan la práctica de diligencias complementarias imprescindibles para poder formular acusación.
De esta manera, el juez mantiene la continuación de las diligencias previas como procedimiento abreviado contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre ellos un exconsejero, Manuel Recio Menéndez, tres exviceconsejeros, dos ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social y un ex director general de la Agencia IDEA, a los que considera posibles responsables penales.
Archivo parcial de la causa respecto a dos exconsejeros
Al mismo tiempo, el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con los exconsejeros de la Junta Antonio Fernández, titular de Empleo entre abril de 2004 y marzo de 2010, y Martín Soler, consejero de Innovación, Ciencia y Empresa desde abril de 2009 hasta marzo de 2010. Entiende que, en su caso, “no se encuentran en la causa indicios sólidos que permitan atribuirles participación --relevante penalmente-- en los hechos por los que se procede en la presente causa”.
En este punto, el juez subraya que “no consta en las actuaciones indicios suficientes” de que ambos, “en su calidad de titulares de las consejerías de la Junta implicadas en la concesión y pago de las subvenciones dirigidas a financiar las “indemnizaciones” derivadas de la frustración de los planes de recolocación de los extrabajadores de Boliden Apirsa, hayan tenido deliberada y directa participación en tales hechos”.
El instructor admite que “es cierto” que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera y una testigo “relatan en sus respectivas declaraciones judiciales que el acuerdo entre los directivos de ambas consejerías en orden a cooperar en la ilícita financiación de esa línea de ayudas habría sido asumido por los sucesivos viceconsejeros” de dichos departamentos, “pero no constan manifestaciones concluyentes de que dicho acuerdo hubiera sido adoptado con el beneplácito de los respectivos consejeros”.
“Por consiguiente, la implicación de los cargos y directivos superiores -los consejeros- en tales hechos delictivos no puede sostenerse en consideración a evidencias solventes, más allá de las sospechas de que, por su posición como responsables máximos de las respectivas consejerías, habrían tenido conocimiento de la irregular disposición de aquéllos fondos y de los acuerdos determinantes de tal ilícita actuación”, concluye el juez en su auto.
Ayudas a Boliden Apirsa y a sus extrabajadores
En esta pieza separada del caso ERE, el magistrado analiza la presunta ilicitud de las ayudas otorgadas por la Junta “de manera injusta y arbitraria” a Boliden Apirsa y a su plantilla despedida, por un importe mínimo de 54.279.986,16 euros. Entre ellas destaca una ayuda de 52.511.754,30 euros destinada a cubrir los compromisos de concesión y abono de “ayudas sociolaborales” a favor de los extrabajadores afectados por el ERE 3/2001 de la compañía, mediante la financiación de una póliza de seguro colectivo de rentas temporales suscrita por los sindicatos CCOO y UGT con Vitalicio Seguros.
El juez también examina en el auto otra ayuda de 1.768.231,86 euros concedida para sufragar un suplemento de la póliza anterior, formalizado para contratar rentas vitalicias adicionales a las rentas temporales ya pactadas.
Junto a estas cantidades, el magistrado pone el foco en otras ayudas aprobadas y abonadas por responsables de las consejerías de Empleo y de Innovación a favor de los extrabajadores de Boliden Apirsa que, “una vez extinguida su relación laboral, se habrían acogido a sucesivos planes de recolocación -más bien, un sólo plan con sucesivas y distintas condiciones o negociaciones- eficazmente intermitentes, no siempre aceptados o cumplidos por los propios extrabajadores; quienes, finalmente, serían indemnizados por no haber sido “recolocados” con supuestas “ayudas sociolaborales excepcionales” en el curso de los años 2008 a 2011”.