El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia entra esta semana en su fase decisiva con los interrogatorios a los tres acusados: el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto conseguidor, una vez hayan declarado los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil responsables de los principales informes de la causa.
De acuerdo con la planificación de la Sala, el lunes comparecerán siete guardias civiles para explicar los distintos atestados sobre la presunta trama de corrupción, el miércoles se reservará para tomar declaración a los tres procesados y el jueves, en principio, se destinará a la presentación de los informes finales por parte de las acusaciones y las defensas.
No obstante, fuentes jurídicas citadas por Europa Press advierten de que los interrogatorios de los acusados podrían alargarse y que un solo día no bastaría para completarlos. En ese escenario, la vista oral se reanudaría la semana siguiente, el 4 de mayo, según las mismas fuentes.
El orden de las declaraciones fijado por el tribunal sitúa en primer lugar a Aldama, seguido de Koldo y, finalmente, Ábalos. Los abogados del exministro y de su exasesor habían pedido intervenir al final, y la Sala acabó acordando que fuera el exministro quien cerrase la ronda, después de que la letrada de Koldo subrayara que su prioridad era “prestar declaración con posterioridad” a Aldama.
Acusación de trama con ánimo de enriquecimiento
La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Ábalos, Koldo y el empresario “convinieron” aprovechar la posición del entonces ministro, que asumió la cartera de Fomento en junio de 2018, posteriormente rebautizada como Transportes.
El fiscal jefe, Alejandro Luzón, afirma que se coordinaron para “favorecer”, “a cambio del correspondiente beneficio económico”, la adjudicación de contratos públicos “en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería” el empresario, todo ello, a su entender, con “ánimo de enriquecimiento”.
En su escrito de acusación, Anticorrupción recalca que los tres “acordaron la futura comisión de delitos conforme las oportunidades de cometerlos se fueran presentando” y subraya que contaban con el apoyo “puntual o continuo tanto por otras autoridades y funcionarios” del Ministerio de Transportes como por personas del entorno empresarial de Aldama y por familiares de Koldo.
El Ministerio Público incide en que la presunta red nació “con innegable vocación de permanencia en el tiempo”, ya que “estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida” de Ábalos y Koldo de Transportes en julio de 2021.
Hasta 30 años de prisión solicitados
Para Luzón, esa “cohesión” entre los tres “no solo se manifestó en la comisión de diferentes delitos, sino también en la facilitación” a Aldama de una “interlocución privilegiada” en sus contactos con Transportes y “otros departamentos ministeriales”, así como con “diferentes administraciones públicas”.
En atención a estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción reclama 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación, además del pago de una multa conjunta de 3,8 millones de euros.
En el caso de Aldama, solicita 7 años de prisión y una sanción económica de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, lo que lleva al fiscal a aplicar la atenuante de confesión.
Las acusaciones populares, encabezadas por el PP, elevan la petición hasta los 30 años de prisión para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario se adhieren a la pena interesada por el Ministerio Público.
“El jefe” y el “alter ego” en la supuesta red
Según la narración del Ministerio Público, cada uno de los acusados “asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz”, y detalla que tanto Koldo como Aldama “consideraban” a Ábalos como “el jefe”.
Luzón explica que el exministro “aportaba la autoridad que le confería su máxima responsabilidad en el Ministerio de Transportes y su directa influencia cuando era precisa”, y que para el resto de tareas se apoyaba en Koldo como “su hombre de confianza”.
A juicio de la Fiscalía, Koldo terminó siendo “más en asistente que en asesor”, ya que “desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas”, antes, durante y después de los tres años de etapa ministerial.
“Koldo García fue el 'alter ego' de José Luis Ábalos durante su mandato al frente del Ministerio hasta el punto de que, tanto en el propio Ministerio como en el seno de otras administraciones públicas, se sobreentendía que Koldo era el fiel transmisor de las decisiones y los deseos de Ábalos, habitualmente parapetado tras su asesor”, describe Luzón.
El fiscal pone el acento en que “Koldo manejó las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando 'de facto' como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama”.
La “interlocución privilegiada de Aldama”
En cuanto a Aldama, Anticorrupción lo define como “un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos”, destacando su “acceso preferente” al exministro.
Esa “interlocución privilegiada” habría permitido a Aldama, en plena crisis sanitaria, conocer de primera mano las necesidades de compra de material sanitario, localizar la empresa adecuada y diseñar la oferta más conveniente para lograr los contratos, primero en Transportes y sus entes dependientes y, posteriormente, en las administraciones canaria y balear.
La Fiscalía sostiene que Aldama “era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo”.
Luzón detalla las supuestas contraprestaciones que habrían recibido de Aldama y sus socios, empezando por “el pago continuado de elevadas cantidades de dinero” --10.000 euros mensuales-- y continuando con el abono de alquileres de viviendas para ellos o sus parejas, algunas de estas últimas igualmente incorporadas a empresas públicas.