El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la condena impuesta a cuatro integrantes de una red criminal dedicada a trasladar a Málaga a mujeres procedentes de otros países, principalmente de Sudamérica, y a facilitar que ejercieran la prostitución en “penosas condiciones” aprovechando su situación “de necesidad económica”.
De este modo, el alto Tribunal andaluz rechaza los recursos interpuestos por las defensas contra la resolución dictada por la Sección Primera de la Audiencia de Málaga, que impuso a la principal encausada una pena de 32 años de prisión por un delito de integración en grupo criminal, varios delitos vinculados a la prostitución, así como por trata de seres humanos y tráfico de drogas.
Los otros tres procesados fueron condenados por integración en grupo criminal y por delitos relacionados con la prostitución o contra la salud pública, según cada caso, con distintas penas que ahora quedan igualmente confirmadas. Además, la Sala malagueña condenó, tras la conformidad de las partes, a diez mujeres a dos años de cárcel por delitos contra la salud pública.
La sentencia de la Sección Primera, ahora avalada por el TSJA, declara probado que cuatro de los acusados, unidos por lazos familiares, se concertaron desde 2021 para desarrollar “de forma estable, organizada y coordinada” diversas actividades delictivas vinculadas a la prostitución.
Según recoge la resolución, una de las acusadas “gestionó el traslado de dos mujeres desde sus países de origen en Sudamérica, aprovechando su situación económica muy precaria, con cargas familiares, hasta Málaga para que ejercieran en su beneficio la prostitución”.
Una vez en la ciudad, la procesada organizaba tanto la recogida como el alojamiento de las víctimas en los pisos y casas de citas bajo su control. El mismo patrón se repitió con otras mujeres, que declararon como testigos protegidas, “cuyo traslado organizó y financió, no informándoles desde el inicio que trabajarían en la prostitución”.
En algunos casos, tal y como detalla la Sala, la acusada les aseguraba que iban a trabajar en un centro de estética, ofreciéndoles costear el billete a cambio de ir devolviendo el dinero con su empleo y facilitándoles vivienda en inmuebles donde había una encargada.
Esas encargadas, conocidas como 'mamis', seguían las instrucciones de la principal procesada y eran quienes comunicaban a las recién llegadas que debían dedicarse a la prostitución, “por lo que dada su situación de necesidad económica, aceptaron”, si bien los beneficios quedaban en manos de los acusados y las víctimas soportaban “penosas condiciones” laborales, según subraya el Tribunal.
La misma encausada administraba varios pisos y casas de citas “en los que explotaba la prostitución de las referidas mujeres, a las que sometían a condiciones abusivas, todas ellas ciudadanas extranjeras --muchas procedentes de Colombia-- y, en aquél momento, en situación irregular”.
Para ocultar esa situación administrativa “se les obligaba a firmar un simulado contrato de subarriendo de las habitaciones, que debían mostrar a las autoridades en el caso de inspección; a la vez que se las obligaba a rotar por las diferentes casas tras un corto período de tiempo”.
La sentencia incide en que la acusada contaba con la ayuda de las 'mamis' o encargadas y, de forma muy destacada, con la colaboración de otra procesada, que “se encontraba por encima del resto de encargadas y, en nombre de aquélla, impartía directamente instrucciones sobre organización y funcionamiento de las casas de citas”.
Era a esta segunda acusada a quien los clientes realizaban algunos pagos mediante bizum por los servicios de las chicas y, según el Tribunal, era “la principal colaboradora” de la cabecilla en la explotación de la prostitución, desde la recepción de ciertas mujeres hasta la supervisión del cumplimiento de las normas internas.
Otro de los condenados participaba igualmente en la gestión diaria de los inmuebles, acompañando en ocasiones a las mujeres a los servicios que se prestaban fuera de las viviendas y trasladándolas personalmente, además de llevar la contabilidad del negocio.
También se considera acreditado que este acusado se ocupaba de suministrar sustancia estupefaciente, principalmente cocaína, a las distintas casas para los clientes; actividad en la que, en ocasiones, intervenía su entonces pareja, igualmente procesada, que colaboraba en la distribución de la droga en los pisos.
La resolución detalla que las normas impuestas en las casas incluían el reparto al 50% de los ingresos, la disponibilidad de las víctimas durante 24 horas con sólo dos horas de descanso al día y un único día semanal libre, además de la prohibición de rechazar a los clientes. Las mujeres, además, eran vigiladas mediante cámaras.
Asimismo, se les imponían multas y sanciones económicas si se demoraban en regresar tras su descanso, si no limpiaban u ordenaban el piso, si tardaban más de cinco minutos en presentarse ante el cliente o si no abandonaban la habitación una vez concluido el tiempo contratado.
Junto a los cuatro acusados principales actuaban las denominadas 'mamis' o encargadas, “que actuaban también sometidas a condiciones laborales rigurosas y con bajos sueldos, obligadas por sus circunstancias personales, ya que algunas también ejercían de chicas además de aplicar las normas suministraban droga.
De acuerdo con la sentencia, tres de las condenadas desempeñaban funciones de encargadas, principalmente en lo relativo al tráfico de drogas, al igual que otras siete mujeres que también han sido condenadas por la venta de cocaína a los clientes en las distintas casas de citas, todas situadas en Málaga capital y posteriormente registradas.
En los registros policiales se intervino diversa documentación sobre los servicios sexuales prestados, cuadernos con el detalle de los servicios, sus precios, las sustancias entregadas y las normas internas; además de contratos de subarrendamiento de habitaciones, importantes cantidades de dinero en efectivo y distintas partidas de droga.