Varios extrabajadores del grupo funerario El Salvador han comparecido este lunes para dibujar ante la Audiencia de Valladolid la figura de Justo M., ya fallecido, como un empleado que sentía una profunda “inquina” hacia el empresario Ignacio Morchón Alonso, también fallecido, al que, según han relatado, envidiaba por su éxito profesional y su posición económica. El dosier de fotografías y anotaciones elaborado por Justo constituye la principal prueba de cargo en el conocido como 'caso ataúdes'.
En línea con las últimas testificales promovidas por las defensas, todos ellos antiguos trabajadores o empleados aún en plantilla han tratado de desacreditar la credibilidad de Justo M. y cuestionar el valor de su dosier. Los testigos han coincidido en recordarle como una persona “soberbia” y conflictiva, que mantenía una mala relación con el resto de compañeros y que, según han dicho, solía expulsarles de las oficinas “como si él fuera el mismísimo jefe”.
Uno de ellos, Fernando R.P., jubilado desde hace 14 años tras haber trabajado para el grupo desde 1985 como conductor y tramitador, ha relatado conversaciones con Justo en las que este aprovechaba cualquier ocasión para hablar de Ignacio Morchón en términos despectivos. En sus palabras, recogidas por Europa Press, ha asegurado que el empleado siempre se refería al empresario de forma peyorativa.
“Su relación con Morchón era muy mala, siempre le criticaba y llamaba hijo de puta. No sé si era envidia o inquina por que el jefe había prosperado y tenía dinero. Creo que casi llegaron un día a las manos”, ha declarado Fernando R.P., quien ha añadido que, según le explicó el propio empresario, Justo no fue despedido porque le quedaba poco tiempo para llegar a la jubilación.
Fernando también ha afirmado que “en la vida” ha presenciado ni oído que en el seno del grupo funerario se practicara de forma sistemática el supuesto 'cambiazo' de ataúdes para reutilizarlos en otros sepelios. Ha negado haber visto salir del cementerio de Santovenia féretros vacíos tras su presunto “reciclado” para ser devueltos al tanatorio y revenderlos para nuevos servicios funerarios.
Por el contrario, ha indicado que sí fue testigo en diversas ocasiones de la llegada de cajas nuevas a los almacenes de la compañía y que incluso él mismo participó en las labores de descarga de esos féretros recién adquiridos.
El papel de la familia Morchón en la empresa
Fernando, al igual que otros extrabajadores que han declarado a continuación, como Santiago E.C., conductor y peón de albañil entre 2004 y 2014, y Agustina P.R., limpiadora, ha recalcado que el verdadero responsable del grupo funerario era el patriarca, Ignacio Morchón Alonso. Según han señalado, su esposa y sus tres hijos, también procesados, mantenían un perfil muy discreto en la empresa, especialmente la mujer del empresario, Rosario, cuya presencia describen como casi irrelevante.
En relación con los tres hijos, el testigo ha detallado que Ignacio “iba a figurar, se tomaba un café y se leía el periódico”, mientras que de Rosi ha recordado que “tramitaba facturas” y de Laura ha dicho que apenas la veía por las instalaciones, por lo que no ha podido concretar sus funciones.
Fernando ha admitido, a preguntas del fiscal, la estrecha relación personal que le unía a Morchón Alonso, ya que una hermana de este era cuñada suya, y ha reconocido la gran gratitud que sentía hacia el empresario. Ha explicado que Ignacio había dado trabajo a esa cuñada, a su esposa, a un hijo y a un hermano. En la misma línea, Agustina P.R., cuya declaración también respalda la versión de las defensas, ha reconocido que varios de sus familiares cobraban nómina en la empresa de Morchón.
Otro testigo, David F.G., con más de 25 años de antigüedad en la compañía, ha sido igualmente contundente al negar la existencia de la actividad delictiva investigada: “Nunca he visto nada, me parece todo muy extraño. Me enteré cuando saltó en la prensa”.
Este trabajador en activo ha corroborado además la imagen de Justo M. como un hombre “muy poco sociable y amigable”. Ha asegurado haberle escuchado en una ocasión amenazar con “joder un día” al jefe y ha insistido, como otros compañeros, en que el auténtico motor del negocio era Ignacio Morchón, a quien han señalado como alma mater de la actividad empresarial hoy bajo sospecha.
El fiscal ha solicitado que se mostrara a David un escrito remitido en su día por la plantilla a Ignacio Morchón, en el que le advertían de que, si no abonaba los atrasos salariales, harían público lo que, según el documento, venía ocurriendo en la empresa desde hacía años en relación con los hechos ahora investigados. El testigo, sin embargo, ha dicho no recordar ese comunicado.
Su testimonio tampoco ha aportado claridad cuando, a instancias de la acusación pública, se le ha exhibido otro escrito firmado por UGT y CCOO en el que ambas organizaciones denunciaban que la empresa justificaba los impagos alegando dificultades económicas.
Más testigos niegan el 'cambiazo' y limitan el rol de Laura
Entre los comparecientes ha declarado también Diego A.L., marido de Laura Morchón Vaquero y antiguo empleado del grupo como tramitador. Ha rechazado de plano la práctica del 'cambiazo' de ataúdes y ha defendido que, frente a lo manifestado por algunos familiares de fallecidos, “siempre se ofrecía la posibilidad de presenciar las incineraciones, aunque no es habitual que lo quieran ver”.
Diego ha aprovechado su intervención para reforzar la tesis de que su esposa desempeñaba un papel secundario en el negocio familiar, describiéndola como una simple “recadera” de su padre, que era quien le daba instrucciones para realizar distintas tareas y cubrir sustituciones cuando era necesario.
A propuesta de las defensas han declarado igualmente Patricia H. y Mateo S., la primera exempleada de Ocaso y el segundo trabajador en activo de la misma aseguradora. Ambos han asegurado que nunca tuvieron sospechas de irregularidades en la actividad de El Salvador y han afirmado que jamás se les impidió moverse libremente por las instalaciones de la funeraria.
El juicio continuará este martes y miércoles con otras dos sesiones en las que está previsto que comparezca una veintena adicional de testigos, todos ellos propuestos por los abogados defensores de las veintitrés personas que figuran como encausadas en esta causa.