El Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha solicitado formalmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que abra una investigación sobre una posible colocación ilícita de equipos de escucha y control en dependencias judiciales. La petición llega tras la declaración del comisario Manuel Morocho en el juicio del caso Kitchen, donde relató las sospechas de un magistrado de la Audiencia Nacional acerca de un eventual espionaje en su despacho o en sus comunicaciones.
La asociación judicial ha remarcado que la declaración de Morocho, “ampliamente recogida en medios de comunicación”, constituiría, de confirmarse, “una práctica ilícita extremadamente grave”, ya que afectaría a derechos fundamentales de miembros de la carrera judicial y a la seguridad e integridad que debe garantizar el funcionamiento de los tribunales, evidenciando “una voluntad de interferir y perjudicar” la tarea investigadora.
Ante la relevancia de un testimonio que procede de un mando policial, JJpD entiende que el CGPJ está obligado a esclarecer si desde el Gobierno o desde cuerpos policiales se intentó espiar, obstaculizar o dificultar la labor de los juzgados y tribunales y, en caso de comprobarse la existencia de tales seguimientos o escuchas, trasladarlo de inmediato al Ministerio Fiscal para depurar las responsabilidades penales o disciplinarias que procedan.
La organización ha insistido en que el Estado de Derecho exige un Poder Judicial que desempeñe sus funciones “con independencia y sin injerencias externas, sean gubernamentales, policiales o de cualquier otra clase”, y ha alertado de que, si los hechos relatados se corroboran, se estaría ante “una gravísima actuación ilegal que merecería todo el reproche que disponga nuestro ordenamiento jurídico”.
En consecuencia, JJpD ha urgido al CGPJ a investigar lo sucedido y a acordar, si se verifican las vigilancias denunciadas, todas las medidas necesarias para exigir la responsabilidad que corresponda, recordando que el propio Consejo es el órgano llamado constitucionalmente a garantizar la independencia de jueces y magistrados.