El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Antonio Piña ha solicitado a la Fiscalía que determine si este órgano judicial tiene competencia para abrir una investigación contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Herzi Halevi, y otros responsables militares de Israel por el asalto a un convoy y la presunta detención ilegal de un sargento español integrado en la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FINUL).
En un auto fechado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, el juez acuerda la incoación de diligencias previas y remite el asunto al Ministerio Fiscal “a fin de que informe sobre competencia” y se pronuncie “sobre las diligencias solicitadas” en la denuncia presentada por la organización Iustitia Europa.
El instructor sostiene que los hechos descritos por Iustitia Europa en su querella presentan “características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
La acción judicial, que se extiende a “otros mandos y militares israelíes aún por identificar”, atribuye a los denunciados la presunta comisión de delitos de crímenes contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, coacciones y detención ilegal.
Los sucesos se sitúan el pasado 7 de abril, cuando Israel interceptó un convoy logístico de la misión de la ONU en Líbano que transportaba alimentos y otros suministros al contingente indonesio, y retuvo a un militar español durante “menos de una hora”.
“UN ACTO ABSOLUTAMENTE HOSTIL CON VIOLENCIA FÍSICA”
Según la querella, “las fuerzas israelíes asaltaron el vehículo de cabeza” y “el sargento del Ejército de Tierra español fue extraído por la fuerza y con extrema violencia de su vehículo”, precisando que fuentes oficiales han calificado lo sucedido como un “acto absolutamente hostil con violencia física”.
El militar fue puesto en libertad después de que España trasladase “su protesta más enérgica” tanto a Naciones Unidas como al Gobierno de Tel Aviv, tal y como hizo público la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El escrito de Iustitia Europa define lo ocurrido como “una detención ilegal en toda regla” y “un trato degradante proscrito por el Derecho Internacional, ejecutado con la clara intención de amedrentar y desmoralizar al contingente de paz”.
Además, la querella subraya que este incidente “no es un episodio aislado dentro del teatro de operaciones, sino parte de un escenario más amplio de riesgo estructural para las fuerzas internacionales de paz”.