La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “valora positivamente” el anteproyecto de integridad pública orientado a prevenir el fraude y la corrupción en la Administración, y sugiere reforzar la competencia, proteger la información sensible, acotar la subcontratación en encargos a medios propios y articular apoyos específicos para las pymes, según ha señalado este jueves.
En una nota pública, la Comisión indica que “valora positivamente” tanto la propuesta en su conjunto como varios de los avances incorporados a instancias del propio organismo, y apunta posibles “mejoras” adicionales desde “la perspectiva de la competencia y la buena regulación”.
Entre los progresos ya recogidos en el anteproyecto, la CNMC subraya la mejora en la planificación y diseño de las licitaciones, la digitalización y centralización de los datos contractuales, el refuerzo de la motivación de las decisiones que restringen la concurrencia y la mayor profesionalización de la contratación pública.
En su informe, elaborado a petición del Ministerio de Hacienda, también valora el uso de herramientas de análisis de datos, el incremento del acceso a la información por parte de los supervisores y la publicidad de las prohibiciones de contratar por su “efecto disuasorio”.
“La evidencia muestra que la corrupción reduce la competencia y la eficiencia económica, por lo que las medidas para prevenirla contribuyen también al buen funcionamiento de los mercados”, sostiene.
Al mismo tiempo, la CNMC considera conveniente introducir ajustes como la mención explícita a los riesgos de colusión en la contratación pública y el refuerzo de la formación en materia de competencia del personal público, así como limitar y someter a un mayor control la subcontratación en encargos a medios propios y evitar que una transparencia “excesiva” en la información contractual facilite la colusión o exponga datos sensibles.
Asimismo, propone impulsar, “en la medida de lo posible”, la concurrencia en los contratos menores; exigir a los licitadores declaraciones de oferta independiente y ausencia de colusión e informar en los pliegos sobre canales de denuncia anónima, acompañar la contratación electrónica con medidas de apoyo a las pymes para “evitar efectos excluyentes” y reforzar la eficacia de los programas de cumplimiento exigidos en los contratos públicos a grandes empresas.
Por último, la Comisión recuerda que puede intervenir de oficio o a instancia de otros organismos e instituciones, reclama el respeto a su autonomía y plantea, entre otras cuestiones, concretar los entes con acceso a la información a efectos de control e incluir la detección de infracciones de competencia, así como fortalecer la interconexión entre registros públicos -incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de competencia-.
El Anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública persigue “establecer un sistema integral para prevenir, detectar y sancionar el fraude y la corrupción en el sector público, reforzar la confianza institucional y salvaguardar el interés general”, recuerda el organismo.