Las responsables de la auditoría interna encargada por el Ministerio de Transportes sobre la adquisición de mascarillas durante la pandemia han destacado este jueves ante el Tribunal Supremo que la previsión inicial de Puertos del Estado de comprar cuatro millones de unidades pasó a ser de ocho millones en “apenas 13 minutos” y sin otro criterio “ni verbal ni por escrito” que el planteado por la empresa Soluciones de Gestión, considerada el epicentro de la trama, que trasladó que sólo suministraba esa cantidad “o nada”.
Actuando como peritos en la causa contra el exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, las auditoras han explicado que primero se sucedieron los correos internos en los que se hablaba de que se iban a “comprar cuatro millones”, se organizaba la operación y se informaba al presunto conseguidor, a quien el secretario general de Puertos “le remite esa orden”, manteniéndole al corriente de los pasos que se iban dando.
“Desde ese correo, apenas pasan trece minutos para que el secretario general de Puertos se vuelva a dirigir a su gente diciendo que ahora van a ser ocho millones”, han indicado al detallar el contenido de la documentación revisada.
Según han expuesto, tras revisar todos los papeles y mantener numerosas entrevistas en el marco de la auditoría, “nadie” pudo aclararles el motivo del cambio de criterio y no figura “ni verbal ni por escrito” ninguna justificación. “De hecho, me contestaron otra cosa: que se adaptó a lo que la empresa ofrecía porque o se suministraban los ocho millones o no se suministraba nada”, ha señalado una de las peritos.
Soluciones de Gestión conocía el proceso antes del BOE
Las auditoras han remarcado además que la propuesta de Soluciones de Gestión se fechó el 20 de marzo de 2020 y ya preveía el suministro para pocos días más tarde, en un momento en el que aún no se había publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que regulaba este tipo de compras.
Han añadido que, por esa razón, concluyeron que alguien facilitó información anticipada a la compañía: “Que lo conocía sí está documentado. Cómo lo conocía, no lo sabemos”.
Interrogadas por la Fiscalía Anticorrupción, las peritos han ratificado íntegramente el informe elaborado —encargado por el actual titular de Transportes, Óscar Puente— y su conclusión de que Koldo se extralimitó en sus funciones con “su intervención en diversos momentos”, entre ellos al introducir la oferta de Soluciones de Gestión, empresa vinculada a Aldama.
“Llama la atención también que sea un asesor y el hecho de que había un jefe de Gabinete en ese momento por encima de cualquiera de los asesores, no sólo de éste, el cual no aparece mucho en todo el proceso”, han recalcado, subrayando el papel atípico que habría asumido el exasesor.
Críticas por opacidad en la auditoría
En contraste, una perito propuesta por las defensas ha declarado que detectó “falta de transparencia” en la auditoría de Transportes, apuntando a “una serie de documentos y de anexos” mencionados en el informe que “no estén anexados públicamente”.
Asimismo, ha cuestionado que no se le permitiera “verificar las razones por las cuales se han entrevistado a determinadas personas” y no a otras que, a su juicio, resultaban “relevantes o partícipes de primera mano”, además de dudar de si durante esas entrevistas “se han observado sus derechos fundamentales”.
La experta, que ha insistido en que no entra a valorar “si está bien o está mal” la auditoría, ha mantenido que “contiene sesgos, apreciaciones subjetivas, recoge textos que son interpretativos y que eso les aparta de la metodología señalada”.
Frente a estas críticas, las auditoras del Ministerio de Transportes han negado haber incluido “juicios de valor”, argumentando que “cuando se introducen manifestaciones y se cita literalmente, no lo es”, y defendiendo así el rigor técnico del trabajo realizado.