Las defensas de Manuel Reija, el lotero de A Coruña acusado de apropiarse de una primitiva millonaria y de no informar a su supuesto propietario de que el boleto estaba premiado, y de Miguel Reija, su hermano y delegado de Loterías en la provincia, han rechazado que existiese una conducta “delictiva” por parte de ninguno de los dos.
Lo han hecho en la última sesión del juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña, durante la presentación de sus informes finales, después de que el martes fuese el turno de la Fiscalía y de las acusaciones particulares, que reiteraron su petición de seis años de prisión para ambos.
Para el lotero se solicita condena por un delito de estafa o, de forma alternativa, de apropiación indebida, mientras que a su hermano se le atribuye un delito de blanqueo de capitales. Frente a estas peticiones, la defensa de Manuel Reija reclama su absolución y, de manera subsidiaria, que se tenga en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas. El abogado del delegado de Loterías en A Coruña también pide la absolución.
En la lectura de las conclusiones, el letrado de Manuel Reija sostuvo que los planteamientos de la Fiscalía y de las acusaciones particulares se apoyan “en conjeturas sin certeza”. “Hay una ausencia de pruebas suficiente”, añadió, cuestionando la solidez de la acusación.
En la misma línea, el abogado del delegado de Loterías en A Coruña insistió en que el procedimiento no debe convertirse en “un debate moral”. “No está acreditado la comisión de un delito”, había señalado antes el letrado de Manuel Reija, subrayando que no se ha demostrado la responsabilidad penal de su cliente.
Tras repasar la cronología de los hechos desde la perspectiva de la defensa, el representante legal del delegado de Loterías en A Coruña argumentó que no existe “base jurídica real” para dictar una condena. Recalcó, además, que su cliente se limitó a actuar conforme a las funciones propias de un delegado de Loterías.
Por su parte, el abogado del Estado afirmó que “no tenemos la certeza absoluta que exige el reconocimiento de la titularidad” en relación con la pugna de dos familias por el cobro del premio. “No hay a quién pagarle el boleto”, sostuvo, para descartar la responsabilidad civil de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado.
Postura de Fiscalía y acusaciones particulares
Frente a las tesis de las defensas, y según lo expuesto el martes en sus conclusiones, la Fiscalía y las acusaciones consideran que ha existido “14 años de opacidad” por parte de los acusados y una conducta “malévola” movida por la “avaricia” con la finalidad de hacerse con el cobro del premio.
También mantienen que el lotero no se encontraba solo, sino acompañado por el legítimo dueño, cuando verificó que la primitiva estaba agraciada con un premio de 4,7 millones de euros. Aseguran, además, que su hermano colaboró con él y que ambos ocultaron la existencia no solo de este boleto, sino de un conjunto de ellos, dificultando así la localización del verdadero propietario.
Además de la posible responsabilidad penal de los dos acusados, en el juicio se discute quién es el titular legítimo del resguardo, con dos familias personadas como acusación particular: la viuda y la hija del hombre al que la Policía, tras una investigación en 2018, considera el auténtico propietario, y la familia de otra persona —también fallecida— que en su día reclamó el premio, aunque finalmente se descartó que fuese el dueño.
Relato de los hechos según el Ministerio Público
De acuerdo con la versión del Ministerio Público, el hombre ya fallecido, al que se atribuye la titularidad del boleto, acudió en julio de 2012 a la administración de Manuel Reija para comprobar si los resguardos que llevaba estaban premiados.
Sin embargo, sostiene la Fiscalía, el acusado, “conocedor del alto importe del premio, se lo quedó para así, junto con los demás boletos, y no comunicó al apostante dicho extremo ni tampoco le devolvió el resguardo ni el comprobante expedido por el terminal”.
“Con el boleto en su poder y completamente seguro del alto valor que tenía, ese mismo día acudió a la delegación provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña”, en la que estaba al frente su hermano “con la finalidad de acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuese legítimo poseedor”.
“Siendo plenamente consciente de la ilegitimidad de la posesión de este título por parte de su hermano”, el Ministerio Público afirma que este “se dispuso a allanar el camino” mediante actuaciones dirigidas “a disfrazar el verdadero origen del boleto” para que se pudiera “hacer efectivo el premio”. También sostiene que “omitió toda actuación, como delegado provincial, que pudiese servir para verificar el origen real” del resguardo.