La Policía Nacional ha cursado un requerimiento formal de información a la empresa Inteligencia Prospectiva después de no poder ejecutar el registro autorizado por la Audiencia Nacional en el marco de la investigación del denominado caso Plus Ultra.
Según fuentes del caso consultadas por Europa Press, agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) acudieron el pasado martes a las oficinas de la mercantil, situadas en el Paseo de la Habana de Madrid, pero no pudieron acceder a documentación ni efectuar diligencias al encontrarse las instalaciones en obras y sin personal en el interior.
Ante esta situación, los investigadores optaron por solicitar formalmente la entrega de información y documentación vinculada a la actividad de la sociedad.
Registros en el entorno de Zapatero
La operación policial formaba parte de las diligencias autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, instructor de la causa en la que está investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Además del intento de registro en Inteligencia Prospectiva, la Policía practicó otras actuaciones, entre ellas una intervención en el despacho profesional del expresidente situado en la calle Ferraz de Madrid.
Los agentes abandonaron las oficinas con varias cajas precintadas tras localizar dispositivos tecnológicos, documentación y agendas vinculadas a Gertrudis Alcázar, secretaria personal de Zapatero, cuyo material deberá ser ahora analizado por los investigadores.
Inteligencia Prospectiva, bajo el foco de la investigación
El auto judicial sitúa a Inteligencia Prospectiva entre las empresas que presuntamente habrían canalizado fondos hacia la sociedad Análisis Relevante, vinculada al empresario Julio Martínez Martínez, considerado por la investigación una figura clave dentro del entramado financiero investigado.
Según el magistrado, Inteligencia Prospectiva presentaría una operativa económica “incompatible” con su actividad declarada y habría funcionado como instrumento para introducir fondos procedentes del extranjero y canalizarlos hacia sociedades relacionadas con la red investigada.
La empresa está administrada por los hermanos venezolanos Domingo Arnaldo Amaro Chacón y Guillermo Alfredo Amaro Chacón, según recoge un informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) incorporado al sumario.