El empresario identificado como R.L., arrestado el pasado mes de julio en El Puerto de Santa María (Cádiz) en el marco de una operación de la Guardia Civil contra el blanqueo de capitales, ha abandonado la prisión después de que el juez del Juzgado de la plaza número 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de El Puerto estimara el recurso presentado el 18 de agosto por su letrado, José María Del Nido.
Tal y como ha explicado a Europa Press, el delito económico del que se le acusa "no tiene nada que ver con el delito de salud pública", por lo que no se vincularía a un delito de blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, que podría implicar unas penas "superiores y elevadas".
El delito de blanqueo, del que sí existen indicios racionales de criminalidad, conlleva una posible condena de entre seis meses y seis años de prisión. Este marco penal ha sido uno de los elementos esgrimidos para solicitar su excarcelación, al sostener la defensa que "no existe motivo para mantener la situación de prisión provisional" y subrayar que no hay riesgo de reiteración delictiva al no constar antecedentes relacionados con los hechos investigados.
En la misma línea, el abogado ha defendido que no hay peligro de fuga ni indicios de que su cliente pueda eludir la acción de la justicia, ni riesgo de ocultación o destrucción de pruebas, dado que "el juzgado tiene intervenidas las empresas de las que se dice que se han podido sacar el dinero que le fue intervenido", así como las cuentas bancarias vinculadas.
R.L. ha quedado en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cada 15 días y con la prohibición de abandonar el territorio nacional, debiendo entregar su pasaporte como medida cautelar.
Del Nido ha señalado que, a partir de ahora, la estrategia de la defensa se centra en demostrar la inocencia del empresario portuense y en acreditar que el dinero intervenido "se produce de una actividad legal" de ocio en El Puerto de Santa María.
La operación desarrollada a principios de julio por la Guardia Civil, que incluyó registros en oficinas y locales de hostelería de El Puerto de Santa María y la solicitud de expedientes en distintas instituciones públicas, se saldó con once detenidos y otra persona más en calidad de investigada.
De los once arrestados, tres quedaron en libertad por decisión de la Guardia Civil, mientras que los otros ocho fueron puestos a disposición judicial. El juez acordó días después el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de dos de ellos, entre los que se encontraba R.L., que ha permanecido en un centro penitenciario de Málaga hasta su excarcelación este pasado martes. Los otros seis quedaron en libertad provisional con la obligación de comparecer en sede judicial cuando sean requeridos.
En esta causa se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, así como cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.