El Tribunal Supremo (TS) ha admitido a trámite el recurso presentado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel díaz Ayuso, contra el decreto para la regularización de migrantes aprobado por el Gobierno.
Así se recoge en una resolución del Alto Tribunal después de que la Abogacía General de la Comunidad de Madrid formalizara el recurso el pasado viernes, incluyendo además la petición de suspensión cautelar del real decreto. A partir de ahora, la Administración General del Estado dispone de cinco días para pronunciarse sobre las medidas cautelares reclamadas por el Gobierno madrileño.
La medida afecta gravemente "a la prestación de los servicios públicos madrileños"
Desde el Ejecutivo autonómico defendieron la interposición de este recurso al considerar que la medida afecta "gravemente a la prestación de los servicios públicos madrileños sin articular mecanismos financiación y de provisión de medios", además de "contravenir" la normativa de la Unión Europea y "afectar" a la seguridad.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha advertido este miércoles de "deficiencias" en el proceso estatal de regularización estatal de migrantes que va "en contra" de los pactos europeos en esta materia.
Asimismo, ha reiterado que la posición de la Comunidad de Madrid pasa por defender una inmigración "legal, ordenada y vinculada al empleo" frente al "caos" del Gobierno central.
"Les cito simplemente algunas de las deficiencias, algunas de ellas las más conocidas (...) Por ejemplo, que sólo se necesiten cinco meses de estancia en España para acreditar el arraigo. Por ejemplo, que un inmigrante en situación irregular con antecedentes penales pueda regularizarse, eso nos parece gravísimo, también aquellos que se encuentren en prisión provisional", ha denunciado el consejero.