El Tribunal Supremo ha pedido este jueves al Parlamento Europeo un quinto suplicatorio contra Alvise Pérez para investigarlo por un presunto delito de provocación a desórdenes públicos durante las protestas de agricultores de febrero de 2024.
La magistrada Carmen Lamela ha solicitado que se levante la inmunidad del eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF) por varios mensajes publicados en su canal de Telegram entre el 6 y el 10 de febrero de 2024, en los que animaba a los manifestantes a cortar carreteras, bloquear centros logísticos y colapsar ciudades.
La instructora considera que existen indicios de delito en esas publicaciones, que también hacían referencia a la falta de efectivos policiales para controlar las movilizaciones. Los mensajes, según la magistrada, no se limitaban a expresar apoyo a las reivindicaciones de los agricultores, sino que alentaban actuaciones que podían alterar gravemente el orden público.
Los hechos ocurrieron antes de que Alvise fuera elegido eurodiputado en las elecciones europeas de junio de 2024. Sin embargo, el Supremo necesita que el Parlamento Europeo autorice la retirada de su inmunidad para continuar el procedimiento.
El Supremo archiva la causa por la falsa prueba de covid de Salvador Illa
El alto tribunal también ha acordado archivar la investigación contra Alvise Pérez por difundir una falsa prueba de covid atribuida a Salvador Illa, actual presidente de la Generalitat de Cataluña.
El magistrado Javier Hernández considera que no hay indicios suficientes para atribuir al eurodiputado la elaboración del documento ni para acreditar que supiera que era falso cuando lo publicó en Twitter.
En cuanto al presunto delito de injurias, el juez entiende que los hechos no tienen la gravedad necesaria para ser perseguidos por la vía penal, aunque Illa podrá acudir a la jurisdicción civil si considera vulnerado su derecho al honor.
Cinco suplicatorios contra Alvise Pérez
Con esta nueva solicitud, el Supremo ha pedido ya cinco suplicatorios contra Alvise Pérez por distintas investigaciones penales.
Entre las causas abiertas figuran la presunta financiación ilegal de Se Acabó la Fiesta, el supuesto acoso a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert, y la investigación por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos contra dos eurodiputados elegidos en las listas de SALF.
El alto tribunal también investiga las presuntas coacciones al exalcalde de Algeciras José Ignacio Landaluce.
La nueva petición deberá ser examinada por el Parlamento Europeo, que tendrá que decidir si autoriza al Supremo a continuar la investigación por los mensajes difundidos durante las protestas agrarias.