El Tribunal Supremo ha decidido poner fin a la investigación abierta contra el eurodiputado y líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, por la difusión en su perfil de X de una supuesta prueba de coronavirus atribuida al presidente de Cataluña, Salvador Illa, que resultó ser falsa. El alto tribunal concluye que no existen “indicios suficientes” para solicitar un suplicatorio al Parlamento Europeo en relación con estos hechos.
En un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor, Javier Hernández, explica que no ha encontrado indicios de delito de falsedad “con la mínima consistencia” exigible para pedir el suplicatorio y avanzar hacia la inculpación de 'Alvise'. De forma paralela, el Supremo sí ha reclamado autorización a la Eurocámara por una presunta provocación a desórdenes en el marco de una protesta agraria en 2024, a través de su canal de Telegram.
Respecto a las posibles injurias, Hernández concluye que la conducta atribuida al eurodiputado no alcanzó el umbral de “humillación, grave menosprecio o descrédito” requerido para activar la vía penal, aunque deja abierta la posibilidad de acudir a la jurisdicción civil para defender el derecho que se considere vulnerado.
El instructor remarca, no obstante, que descartar la vía penal “no quiere decir, ni mucho menos, que Salvador Illa no tenga derecho a proteger su honor y a reaccionar frente a conductas que injustamente menoscaban su fama o su propia estimación”.
“Lo que sí afirmo es que en este caso la vía penal no es la adecuada”, añade el magistrado, que precisa además que esta resolución puede ser recurrida tanto ante él mismo como ante la Sala de lo Penal del Supremo.
Una vez archivada esta pieza, el Tribunal Supremo mantiene abiertas cinco causas contra 'Alvise', para las que ya ha solicitado los correspondientes suplicatorios: una por supuesta financiación ilegal de su formación política; otra por presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert; otra por presunto acoso y revelación de secretos respecto a los dos eurodiputados elegidos junto a él en las listas de SALF; otra por presuntas coacciones al exalcalde de Algeciras (Cádiz) José Ignacio Landaluce, y una última por presunto desorden público vinculado a mensajes difundidos durante una protesta agrícola.
Suprema pide suplicatorio por presunta provocación a desórdenes
En relación con esta última causa, la magistrada Carmen Lamela, encargada de la investigación por presunta provocación a desórdenes públicos, ha solicitado un suplicatorio al Parlamento Europeo para poder proseguir el procedimiento penal.
Este proceso se abrió el pasado mes de julio por un presunto delito de desorden público derivado de mensajes difundidos en su canal de Telegram con “llamamientos reiterados a la ocupación, bloqueo y colapso” de distintos puntos durante las protestas agrícolas de febrero de 2024, según expuso Lamela al incoar la causa.
En un nuevo auto, al que ha tenido acceso la misma agencia, la instructora apunta que las publicaciones “permiten apreciar, provisionalmente y a los solos efectos de la solicitud de suplicatorio, que los hechos investigados no se limitan a la expresión de una crítica política, a la adhesión a una protesta social o a la mera convocatoria de una movilización sectorial, sino que incorporan llamamientos concretos al corte de vías públicas”.
Y también “al colapso de ciudades, al bloqueo de accesos y centros logísticos y a la coordinación de actuaciones colectivas con aptitud para afectar gravemente al orden público, recogiendo expresiones relativas a la necesidad de aprovechar la insuficiencia de efectivos policiales, mantener la coordinación y perseverancia y apoyar piquetes y bloqueos”.
La magistrada subraya, además, que los hechos bajo investigación no guardan relación con opiniones o votos emitidos por 'Alvise' “en el ejercicio de sus funciones como diputado del Parlamento Europeo”, ya que los mensajes se habrían difundido entre los días 6 y 10 de febrero de 2024, es decir, antes de que adquiriera formalmente la condición de eurodiputado.