A pocos días de que el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, -en el que, entre otras cosas, se recoge la prórroga de alquileres de la que podrían beneficiarse más de 2 millones de personas con contratos próximos a vencer- se someta a su convalidación en el Congreso, con amplias posibilidades de decaer a tenor de lo que hasta el momento han declarado los distintos grupos parlamentarios, hay activado un mecanismo para tratar de dar la vuelta a la tortilla con una fórmula que combina movilización social, presión demoscópica a favor de la medida y actividad política.
El ala más a la izquierda del Gobierno ha realizado llamamientos explícitos a la sociedad hacia la "mayor movilización posible" a favor de la causa a través, entre otros, del ministro Pablo Bustinduy, quien esta misma semana dirigía una carta a Alberto Núñez Feijóo pidiéndole que reconsidere la postura de su grupo, contraria a la prórroga, al tiempo que advertía a PP, Junts y Vox que votar en contra del decreto-ley es "ir en contra de miles de familias".
El objetivo, que el próximo martes se vote bajo una presión visible que haga de la convalidación de la medida una causa no solo parlamentaria sino también social.
Presión social: correos y concentración ante la sede del PP
La misma campaña directa que se ha realizado desde el espectro de la izquierda invitando a los inquilinos a pedir la prórroga de sus contratos de alquiler antes de que el decreto-ley se someta al examen de la Cámara Baja abunda en esa presión bajo la que se quiere que la norma se someta a votación. El mensaje político es claro: si miles de inquilinos se acogen a la prórroga de alquileres durante la ventana de cerca de 30 días abierta por el Ejecutivo, será más difícil tumbar la medida.
Los sindicatos de inquilinos y otros colectivos sociales están remando por su parte a favor de que el decreto-ley no decaiga y han decidido echar el resto de aquí al martes. Después de haber facilitado la presentación de peticiones de prórroga por parte de los inquilinos cuyos contratos finalizan en 2026 y 2027, a través de una basta campaña de información, ahora se centran en los diputados que deberán pronunciarse en el Congreso.
Así, este jueves lanzaban una iniciativa por la que invitaban -y posibilitaban- a que cualquier ciudadano envíe directamente una carta a cada uno de los 144 diputados de PP y Junts explicándoles porqué deberían convalidar la prórroga de alquileres, logrando que en menos de 24 horas más de 50.000 misivas se les hubieran remitido.
Al mismo tiempo, para este domingo hay convocada una concentración ante la sede nacional de los 'populares', en la calle Génova de Madrid, como acción de presión en calle.
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La demoscopia como herramienta
Al mismo tiempo, la gran baza política de la izquierda en defensa de la prórroga es alardear de respaldo social y, en este sentido, una encuesta encargada por la eurodiputada de Sumar, Estrella Galán, a Atenea del Dato, dada a conocer al inicio de esta semana, ha hecho su parte arrojando el siguiente dato: el 74% de los españoles respalda la prórroga de los alquileres. Dentro de ese porcentaje, y según la misma encuesta, también habría votantes del PP, un 65% de los cuales querrían que se convalidara el decreto-ley.
El sondeo también indica que uno de cada tres votantes 'populares' reconsideraría su apoyo al partido de Feijóo en caso de que éste votara en contra de la prórroga de alquileres, advirtiendo así a Génova de un posible alto coste electoral de mantener su actual posición.
La estrategia tanto del Gobierno como de Sumar busca vincular el posible voto contrario al decreto-ley el próximo martes a una defensa de los intereses de grandes propietarios y al bloqueo de medidas que beneficiarán a más de dos millones de inquilinos, haciendo ver que su postura tendría consecuencias sociales inmediatas materializadas en subidas de alquiler al finalizar los contratos de alquiler y una pérdida de protección para inquilinos.
Otro estudio, publicado desde el ministerio de Consumo el pasado jueves, venía a calentar más el ambiente desde la demoscopia utilizada como herramienta. En esta ocasión el informe indica que el 61% de las viviendas ofertadas en el mercado del alquiler pertenece a particulares con dos o más pisos arrendados, a personas jurídicas y a administraciones públicas, mientras que el resto sigue en manos de pequeños propietarios con una sola vivienda alquilada.
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La votación del 28 de abril no se está jugando solo en el hemiciclo sino que se está librando en la calle, en las encuestas y en la opinión pública. En ese escenario, el Partido Popular se ha convertido en el voto decisivo bajo máxima presión cruzada.
El Real Decreto-ley 8/2026, en el alambre
En el examen en el Congreso al que se someterá el martes 28 de abril el Real Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, de medidas en materia de alquiler, está más próximo a que éste decaiga a que se convalide
Bloques en el Congreso:
- A favor: PSOE + Sumar + aliados habituales → ~170-175 escaños
- En contra: PP + Vox + Junts → ~175-180 escaños
El decreto-ley decaerá si el segundo bloque votara unido. Junts y PP se han pronunciado en contra de su convalidación, por lo que el escenario más probable es que sea tumbado.