Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, la empresa propietaria de la vivienda de Maricarmen Abascal, la mujer que va a ser desahuciada este miércoles en el barrio madrileño de Retiro, es una sociedad inmobiliaria madrileña fundada en 2005 y dedicada a la intermediación y a la gestión de inversiones inmobiliarias. La compañía, que opera comercialmente bajo el nombre de Urbagesa, está detrás del procedimiento para sacar de su casa a la mujer de 87 años después de más de siete décadas viviendo en ella.
No es un fondo de inversión, pese a que así se ha denominado a la compañía en algunas informaciones y por parte de colectivos que apoyan a Maricarmen. Urbagestión es una sociedad limitada, con domicilio en la calle Zurbano de Madrid. Su actividad está encuadrada en el CNAE 6832, correspondiente a "otras actividades inmobiliarias por cuenta de terceros".
Una pequeña inmobiliaria con dos administradores
La sociedad se constituyó el 21 de octubre de 2005 con un capital social de 3.006 euros. Al frente aparecen Ricardo Alonso Fernández y Fernando Alonso Fuentes, nombrados administradores en 2005. Las bases que recogen la información depositada en el Registro Mercantil mantienen dos miembros en el órgano de administración y sitúan su plantilla en siete trabajadores en 2025.
La propia Urbagestión se presenta como una empresa especializada en asesorar operaciones sobre activos inmobiliarios. Su cartera incluye desde locales, oficinas y hoteles hasta edificios residenciales, y ofrece servicios de análisis de inversiones, compraventa y búsqueda de financiación.
La actividad de la sociedad, sin embargo, no se ha limitado a la vivienda. En 2015 amplió su objeto social para incorporar la intermediación, asesoramiento y compraventa de oficinas de farmacia, laboratorios y ópticas, según publicó el BORME.
Ese negocio también ha dejado rastro en los tribunales. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2014 recoge un litigio iniciado por Urbagestión para reclamar honorarios derivados de la intermediación en la adquisición de una farmacia. La resolución describe expresamente a la compañía como una empresa cuya actividad incluye la intermediación profesional en el mercado inmobiliario.
Otro procedimiento resuelto por la Audiencia Provincial en 2019 volvió a tener como protagonista a la sociedad. Urbagestión reclamaba en aquel caso 25.518 euros más intereses por una operación de intermediación y sostenía que sus honorarios ascendían al 3% del volumen de la operación, con un mínimo de 6.000 euros más IVA.
De Renta Corporación a Urbagestión
La historia de Urbagestión se encuentra con la de Maricarmen después de que el edificio de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el distrito madrileño de Retiro, cambiara de manos. La familia propietaria vendió la finca en 2018 a Renta Corporación, que posteriormente ofreció a Maricarmen la posibilidad de adquirir su vivienda por 247.000 euros. La mujer, cuya pensión no le permitía afrontar la operación, rechazó la compra y el piso acabó en manos de Urbagestión.
El origen del conflicto está en un contrato muy anterior. El padre de Maricarmen alquiló la vivienda en 1956. Tras su fallecimiento, el arrendamiento pasó a su esposa y posteriormente a su hija, que continuó abonando una renta actualizada conforme al IPC y otros gastos asociados a la vivienda.
Urbagestión cuestionó la vigencia de esa segunda subrogación y el conflicto terminó judicializado. Maricarmen obtuvo inicialmente una resolución favorable, pero el procedimiento terminó inclinándose a favor de la propiedad. La mujer tiene reconocida una discapacidad del 50%, insuficiente para acogerse a la excepción prevista para mantener determinados contratos de renta antigua.
De los 500 euros actuales a 2.650
El enfrentamiento tiene también una importante diferencia económica. Maricarmen abona actualmente unos 500 euros mensuales, mientras que Urbagestión reclama 2.650 euros para que continúe en el inmueble. Según la información publicada por El País, la compañía habría planteado durante las negociaciones rebajar esa cantidad hasta 1.650 euros, todavía por encima de los 1.350 euros de pensión de la inquilina.
En las horas previas al lanzamiento ha aparecido una nueva posibilidad para evitarlo. Una escritora que ha pedido permanecer en el anonimato se ha ofrecido a pagar los 2.150 euros de diferencia entre lo que abona Maricarmen y lo que reclama la propiedad, además de asumir la deuda existente. Este miércoles la propuesta ha sido trasladada a Urbagestión, que la ha rechazado.
El Ministerio de Vivienda también ha intentado intervenir. Según fuentes del departamento citadas por El País, el Gobierno ofreció adquirir la vivienda a través de CASA 47, pero Urbagestión rechazó la oferta.
El caso ha terminado dando una notoriedad inesperada a una empresa de dimensiones reducidas y hasta ahora prácticamente desconocida fuera del sector inmobiliario. Urbagestión no es un gran fondo internacional, sino una sociedad limitada madrileña con dos administradores y una actividad centrada en la intermediación y la inversión inmobiliaria, que desde hace años mantiene en los tribunales el conflicto por la continuidad de Maricarmen en la vivienda en la que reside desde 1956.