La Delegación del Gobierno en Madrid se ha desvinculado este miércoles del despliegue policial instalado ante la vivienda de Maricarmen, la vecina de 87 años del distrito de Retiro pendiente de ser desahuciada, alegando que la actuación de la Policía Nacional responde al “mandato judicial” de la comisión competente.
Fuentes de la Delegación del Gobierno consultadas por Europa Press han precisado que este organismo no coordina el dispositivo policial en las inmediaciones del número 46 de la calle Alcalde Sainz de Baranda y han reiterado que se posiciona en contra del lanzamiento.
No obstante, las mismas fuentes han separado esta postura de la “obligación” de la Policía de atender el requerimiento judicial y de que la actuación se desarrolle “en condiciones de seguridad”. En consecuencia, la configuración del perímetro y las condiciones de acceso quedan en manos de los mandos policiales bajo “mandato judicial”.
Perímetro de seguridad y acceso restringido a la prensa
En una primera fase, se marcó un perímetro de seguridad alrededor del edificio al que no pudieron entrar los medios de comunicación coincidiendo con la llegada de la comisión judicial encargada de ejecutar el desalojo. Fuentes del Ministerio del Interior han subrayado que la Policía Nacional se ha limitado a “cumplir con el mandato judicial”.
Posteriormente se ha habilitado un espacio específico para que los periodistas puedan desarrollar su labor, aunque continúa acotada la zona en la que trabaja la comisión judicial, que permanece vetada para los informadores. De este modo, la prensa dispone de un área propia, separada del punto exacto donde actúa la comisión.
Desde la Delegación del Gobierno en Madrid han explicado que la imposibilidad de que los medios accedan al interior del cordón obedece “exclusivamente a razones operativas y de seguridad determinadas por la Policía Nacional”, insistiendo en que la institución no ha dado “ninguna instrucción” dirigida a impedir o dificultar la cobertura periodística.
“Al contrario, la Delegación del Gobierno ha pedido a la Policía Nacional que debe velar también por la seguridad de los periodistas, cámaras, fotógrafos y demás profesionales de la información que están cubriendo los acontecimientos y garantizar la libertad de prensa en estos acontecimientos”, han remachado las mismas fuentes.