El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han refrendado este miércoles los principales compromisos alcanzados entre el Govern y ERC de cara a los Presupuestos catalanes de 2026. Entre las medidas validadas figura la puesta en marcha de una sociedad estatal de inversiones con sede en Cataluña y el acuerdo de la financiación necesaria para llegar a una plantilla de 25.000 Mossos d'Esquadra en 2030.
Estos avances se han confirmado en las reuniones de la Comisión Bilateral, la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales, celebradas en la sede del Ministerio de Política Territorial. Los encuentros han estado encabezados por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el conseller de Presidencia de la Generalitat, Albert Dalmau.
En la comparecencia posterior ante los medios, ambos responsables han puesto en valor los acuerdos cerrados este miércoles y han subrayado la “nueva etapa” abierta entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña tras la llegada del socialista Salvador Illa.
En la cita se han tratado tres ejes clave del pacto entre Govern y ERC para las cuentas de 2026: el impulso de la línea orbital ferroviaria, la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado en Cataluña y el cambio en la gobernanza del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), en el que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pasarán a tener mayoría.
La línea orbital ferroviaria, un proyecto ya planteado en la etapa del 'tripartit', pretende conectar las distintas áreas metropolitanas desde Mataró hasta Vilafranca del Penedès sin atravesar Barcelona. El plan prevé una inversión de 5.200 millones, un calendario de ejecución entre 2027 y 2040 y una financiación íntegra por parte del Estado, con apoyo del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Sociedad estatal de inversiones y cambios en la Zona Franca
La ejecución de estos proyectos se articulará mediante una sociedad mercantil de inversiones del Estado, que no requerirá tramitación en el Congreso de los Diputados. Esta fórmula se adopta después de que fracasara en la Cámara baja la creación del Consorci d'Inversions, tumbado por los votos de PP, Vox y Junts.
Asimismo, socialistas y republicanos han cerrado un acuerdo para modificar el reparto de poder en el CZFB, actualmente controlado por la Administración central. El nuevo esquema dejará al Estado con el 40% de representación, mientras que la Generalitat asumirá el 45% y el Ayuntamiento de Barcelona el 15% restante.
En paralelo, se ha pactado el traspaso a la Generalitat de las competencias estatutarias en materia de ordenación y gestión del litoral, de modo que Cataluña asumirá plenamente las funciones y servicios vinculados a este ámbito.
Dentro de este bloque, se ha decidido también ampliar el patrimonio transferido a la Generalitat mediante la cesión de la segunda planta del Edificio Siza, actual sede del Centro Meteorológico de Barcelona.
Objetivo: 25.000 Mossos en 2030
En el terreno financiero, la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales ha servido para cerrar el acuerdo que asegura los recursos necesarios para el despliegue del cuerpo de Mossos d'Esquadra hasta alcanzar los 25.000 agentes en 2030.
Se trataba de un compromiso ya asumido en la anterior Comisión Bilateral, pero en la reunión de este miércoles se ha concretado el modelo de financiación, considerado “imprescindible” para hacer realidad ese incremento de efectivos.
La transferencia anual del Estado se calculará tomando como referencia el número de agentes certificados en 2021. La diferencia entre esa cifra y la plantilla de cada ejercicio se multiplicará por el coste de cada nuevo efectivo, fijado en 70.600 euros, lo que determinará el importe a transferir. El acuerdo contempla que esos 70.600 euros por agente se actualicen cada año conforme al IPC.
Según el calendario pactado, la aportación estatal irá aumentando de forma progresiva a medida que se materialice el despliegue, hasta llegar en 2030 a los 25.000 Mossos previstos.
Dalmau ha detallado que, en la actualidad, la plantilla ronda los 22.000 agentes, por lo que el Estado deberá aportar en torno a 210 millones adicionales para cubrir el crecimiento hasta la cifra fijada para 2030.
Impulso al catalán y cooperación exterior
Ambas administraciones han acordado también explorar nuevas vías de colaboración para extender la formación lingüística en catalán en distintos ámbitos y cuerpos de la Administración General del Estado en Cataluña. Para ello, se constituirá un grupo de trabajo encargado de elevar una propuesta antes del 31 de diciembre de este año.
En la misma línea, se ha pactado que el Estado vaya promoviendo de forma gradual una mayor presencia de la opción en catalán en los recursos de la Administración digital, incluyendo páginas web y procedimientos electrónicos.
En materia de acción exterior, Gobierno central y Generalitat han decidido dar un nuevo empuje a la subcomisión específica en este ámbito, reforzando un órgano que hasta ahora no se había llegado a activar.
IRPF y aeropuertos, pendientes de futuras reuniones
Al margen de los acuerdos cerrados, en esta comisión han quedado fuera otros compromisos entre el Govern y ERC que también requerirán la implicación del Ejecutivo central, pero que se prevé tratar en próximas sesiones del órgano bilateral.
Es el caso de la delegación a Cataluña de las competencias para la recaudación del IRPF, un asunto sobre el que republicanos y Gobierno se han comprometido a trabajar “conjuntamente”, según ha indicado la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, pero que no se ha discutido en la reunión de este miércoles.
También se pospone “en una futura Comisión Bilateral” la creación de un órgano conjunto entre Estado y Generalitat para coordinar la gobernanza del sistema aeroportuario en Cataluña, otro punto literal del acuerdo que incluye igualmente la constitución de la Autoritat Aeroportuària de Catalunya.
Por último, Dalmau ha manifestado su intención de cerrar en breve un entendimiento con los comuns para asegurar su apoyo a los Presupuestos de 2026.