Los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han fijado posición ante la propuesta del Gobierno de un pacto frente a la emergencia climática y los riesgos naturales. En un documento conjunto, los firmantes sostienen que la prioridad inmediata debe ser responder a la emergencia, extinguir los incendios y atender a quienes han sufrido daños personales y materiales con todos los medios disponibles, pero rechazan que el planteamiento del Ejecutivo pueda considerarse un verdadero Pacto de Estado.
Los consejeros apoyan el Acuerdo Nacional de Prevención, Coordinación y Respuesta ante Riesgos Naturalesplanteado por el PP y defienden que su posición responde a una voluntad de diálogo y a un compromiso con la acción climática. A su juicio, España necesita un marco estable para afrontar incendios, inundaciones, sequías y fenómenos extremos, pero ese acuerdo debe construirse mediante negociación con las comunidades autónomas, memoria económica, calendario de ejecución y debate en las Cortes Generales.
Una declaración autonómica sin respuesta desde 2025
Los firmantes recuerdan que en octubre de 2025 los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades gobernadas por el PP remitieron al Gobierno una declaración conjunta con una propuesta alternativa que, según defienden, era “rigurosa y constructiva”. Aquella iniciativa se basaba en la adaptación, la prevención, la gestión forestal, la protección civil, la inversión en medios, la planificación hidráulica, la financiación suficiente y una verdadera cogobernanza entre administraciones.
Según los consejeros, esa declaración sigue plenamente vigente y sus propuestas se reiteran ahora íntegramente. También denuncian que el Gobierno no respondió a ese documento, pese a proceder de doce comunidades autónomas que representan, según el texto, al 70% de la población española. “Hace diez meses tendimos la mano al Gobierno con una propuesta concreta. A día de hoy el Gobierno sigue sin contestar”, sostienen.
“No existe un Pacto de Estado”
El documento es especialmente crítico con el método elegido por el Ejecutivo. Los consejeros del PP afirman que “no existe un Pacto de Estado”, sino únicamente un documento elaborado de forma unilateral por el Gobierno al que ahora pretende recabar adhesiones de las comunidades autónomas.
Para los firmantes, un pacto de esta naturaleza no puede nacer de una decisión del Gobierno ni de una simple solicitud de firmas. Debe partir de un diagnóstico compartido, incorporar una memoria económica, abrir una negociación real con las comunidades autónomas, fijar un calendario de ejecución y ser debatido y aprobado en las Cortes Generales. “Nada de eso ha sucedido”, reprochan.
Críticas a ocho años de política rural y forestal
Los consejeros acusan al Gobierno de haber abandonado durante ocho años al mundo rural, olvidar las consecuencias de la despoblación, disminuir medios de extinción, especialmente medios aéreos, paralizar inversiones en infraestructuras hidráulicas y legislar desde criterios ideológicos sin tener en cuenta la necesidad de gestionar el monte para prevenir incendios.
El texto sostiene que la verdadera obligación del Gobierno de España es preparar el país frente a incendios, inundaciones, sequías y demás fenómenos extremos. Los firmantes distinguen entre mitigación y adaptación: la primera, afirman, es un desafío compartido por toda la comunidad internacional; la segunda, entendida como la protección directa de los ciudadanos frente a los riesgos climáticos, es una responsabilidad de las administraciones nacionales.
Cambio climático, emisiones y competitividad
Los consejeros subrayan que España no resolverá por sí sola un problema global. Recuerdan que Europa representa alrededor del 6% de las emisiones globales de CO2 y España aproximadamente el 0,6%, una realidad que, según el texto, no exime de actuar, pero demuestra que ninguna política nacional aislada será eficaz si no se integra en una estrategia internacional coordinada y si los grandes emisores no asumen compromisos equivalentes.
A partir de ese diagnóstico, defienden que la política climática española debe contribuir a reducir emisiones sin expulsar actividad industrial, inversión y empleo hacia países con menores exigencias ambientales. La protección del clima, sostienen, debe ser compatible con la competitividad, la seguridad energética, la autonomía estratégica y el bienestar de las familias.
La mejor política ambiental empieza en el territorio
El documento sitúa el mundo rural en el centro de la prevención. Los consejeros del PP sostienen que la despoblación, el abandono de los montes, la falta de gestión forestal, la paralización de infraestructuras hidráulicas y una legislación alejada del territorio han incrementado la vulnerabilidad frente a incendios e inundaciones.
Frente a ese modelo, defienden que la mejor política ambiental no debe enfrentar la conservación con quienes viven y trabajan en el medio rural, sino convertirlos en aliados. “Pueblos vivos significan montes vivos y montes vivos significan mayor protección frente a las emergencias”, afirman, antes de señalar que las restricciones a actividades tradicionales y el abandono económico de las zonas rurales también agravan el riesgo de incendios forestales.
Las prioridades que reclaman las autonomías del PP
Las comunidades gobernadas por el PP reiteran sus propuestas en diez ámbitos: cogobernanza y cooperación institucional, adaptación y prevención, medios estatales frente a incendios, gestión forestal activa, protección civil, planificación hidráulica, apoyo al mundo rural, financiación suficiente con criterios objetivos de reparto, neutralidad tecnológica y transparencia y evaluación permanente.
Los consejeros sostienen que España necesita menos propaganda y más capacidad de respuesta. Por eso proponen impulsar un acuerdo nacional para el medio rural y forestal que permita recuperar una gestión forestal activa durante todo el año, modificar en profundidad la Ley de Montes, reforzar los medios estatales de prevención y extinción, ejecutar infraestructuras hidráulicas pendientes, estructurar un sistema eficaz de protección ciudadana y diseñar una política completa de recuperación y reconstrucción.
Petición de Conferencia Sectorial y debate en las Cortes
El documento plantea cuatro solicitudes concretas al Gobierno. La primera es una respuesta urgente a las propuestas ya trasladadas por las comunidades autónomas. La segunda, la convocatoria inmediata de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para abrir una negociación real. La tercera, que el Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal presentado en agosto de 2025 y la declaración conjunta autonómica de octubre de 2025 sean la base de trabajo del diálogo.
La cuarta petición es que el texto resultante sea remitido a las Cortes Generales para su debate, negociación y aprobación. Los consejeros defienden que solo así España podrá contar con un verdadero Pacto de Estado, dotado de respaldo parlamentario, financiación suficiente y mecanismos efectivos de seguimiento y evaluación.
“Montes vivos y pueblos seguros”
Los firmantes cierran el documento reiterando su disposición a colaborar con lealtad institucional y voluntad de acuerdo, pero insisten en que el país necesita un diálogo serio que tenga en cuenta todos los factores que afectan a la seguridad del mundo rural: despoblación, gestión del monte, aprovechamiento económico, recursos suficientes, medios de prevención, extinción y recuperación, infraestructuras hídricas y cambio climático.
El mensaje político de los consejeros del PP es claro: no rechazan un acuerdo nacional, pero sí el formato planteado por el Gobierno. Reclaman que cualquier pacto sobre incendios y riesgos naturales se negocie con las comunidades autónomas, se dote de financiación, se apoye en la gestión del territorio y se lleve al Parlamento. “España necesita montes vivos y pueblos seguros”, concluyen.